Giro en una causa: la Justicia dio marcha atrás con una reincorporación obligatoria de empleados despedidos por una pyme

El juez José Ignacio Ramonet dio marcha atrás con la medida cautelar que había dictado contra Lácteos Vidal por el despido de 26 trabajadores de la planta de Moctezuma, provincia de Buenos Aires. La decisión se da casi dos años después de la aplicación de la resolución preventiva por la que fijó tiempo después una sanción económica contra la empresa por no reincorporar a los trabajadores afiliados al gremio Atilra. Días atrás se conoció el aumento de esa multa, conocida como “astreintes”, que iba de los $10.000 a los $50.000, pero con esta actualización no será aplicada.

En septiembre de 2022, en medio de una fuerte tensión con Atilra, la empresa envió telegramas de despidos contra 26 de los 46 trabajadores tras un conflicto y bloqueo que se dio por un reclamo de recategorización. En ese entonces, la Justicia dio lugar a una medida cautelar solicitada por el gremio lácteo, con el argumento del “derecho a huelga”. En ella le prohibían a Lácteos Vidal despedir a los trabajadores que se habían adherido a la medida de fuerza. Con el paso del tiempo, los dueños de la pyme negociaron de manera particular con 17 trabajadores; además, hubo una persona que se jubiló. Hay ocho que todavía quedan en conflicto.

La nueva resolución del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 69 señala que “frente al puntual planteo efectuado y teniendo en consideración las particulares circunstancias de la causa, por el momento, se suspende la ejecución de la medida cautelar de reincorporación que se viene llevando a cabo en este incidente, con la consecuente suspensión de las astreintes oportunamente previstas, sin prejuicio de las ya devengadas”.

La disposición también especifica que respecto al cuestionamiento efectuado respecto del aumento del importe de las astreintes (multas) y el “pedido de morigeración, toda vez que se ha dejado sin efecto la ejecución de la medida cautelar y que las astreintes devengadas deben calcularse teniendo como base de cálculo el importe referido de $10.000, deviene abstracto me expida a su respecto”.

Días atrás Ramonet resolvió que el dinero que hay en la cuenta bancaria por el embargo a la pyme, sea repartido en partes iguales entre los trabajadores Javier Rodríguez Haroldo, David Quiroga Fabio, José Andres Pellejero, Juan Manuel Damico, Walter Miguel Corvalán, Juan Carlos Chinesnuck, Walter Alejandro Cerri, Claudio Andrés Anidos. Cristian Galván, que figura en la resolución, llegó a un acuerdo.

En los argumentos esgrimidos por Ramonet cita el Convenio de la OIT 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Además del artículo 14 de la Constitución nacional.

“La resolución es muy favorable y tiene que ver con que el juez entendió que se han aportado elementos suficientes para cambiar su decisión, atento a que hemos acreditado violencias, intimidación, imputaciones y, de alguna manera, estamos acercándole al juez todos los elementos que él necesitaba para considerar que esto no fue una huelga, amparada por el derecho constitucional, sino que fue un bloqueo. Fue una medida ilegal e ilegítima que la usaron enmascarando con el rótulo de huelga, la comisión de delitos o la violación de derechos fundamentales como de trabajar, comerciar libremente. Esta resolución cita y se apoya en normas internacionales que velan porque el ambiente laboral sea sano. Además, reprocha y prohíbe la violencia”, dijo Mariana Heim, una de las abogadas de la firma.

La letrada añadió que están muy cerca de probar la ilegalidad de la medida. “No es casual que esta resolución viene después de la imputación de seis personas: tres de ellos representantes sindicales de Carlos Casares, y tres representantes sindicales de Trenque Lauquen. Nosotros pedimos en una apelación al fiscal general de cámaras que impute a esta gente por las violencias, algunas sutiles, que se habrían cometido y que podrían haber pasado desapercibidas”, relató.

Heim destacó el argumento de Ramonet quien citó una norma internacional sobre los comportamientos y prácticas inaceptables o amenazas que incluyen violencia o acoso que no deben ser permitidas en los ambientes laborales. “Una huelga es una retención del crédito laboral con el objetivo de mejorar las condiciones de los trabajadores. No estamos en contra del derecho constitucional de huelga, jamás lo estaríamos, y somos conscientes que los derechos laborales se ganan en la calle. Se han ganado en la calle y somos defensores de los derechos de los trabajadores. Acá, si bien en un principio pareciera que se romantizó la medida, esto no fue una huelga, fue un bloqueo salvaje. No dejamos de leer los testimoniales de los trabajadores que sí quisieron ir a trabajar y fueron de mil maneras obligadas y les fue torcida su voluntad de trabajar. Todo eso está agregado en la causa penal”, amplió.

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