De pronto, el Estado argentino descubre que la ganadería está estancada. Para salvarla tiene una idea brillante: restringir las exportaciones de carne vacuna y prometerles a los productores, al mismo tiempo, que tiene un plan para recuperarla. Esto no es ciencia ficción. Lo dijeron el martes pasado dos ministros del Gobierno, Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo, y Luis Basterra, de Agricultura. En la transmisión por Youtube de la conferencia de prensa no se vio que se hayan puesto colorados.
Como bien explica el consultor ganadero Víctor Tonelli, la ganadería argentina logró ser productiva en los últimos 30 años, pese a que perdió unas 23 millones de hectáreas por la expansión agrícola. Como se sabe, la ganadería dejó paso a la agricultura en aquellas tierras más aptas para cultivo que para criar animales. Si se considera ese proceso, la producción ganadera lejos de retraerse, que hubiera sido lo lógico, se expandió.
Desde el engorde a corral, que transformó proteínas vegetales en animales y permitió estabilizar la oferta de carne en el mercado interno durante todo el año, hasta las innovaciones en sanidad o en genética, entre otros cambios de manejo y tecnología la ganadería logró mantenerse en pie y expectante.
Es cierto que podrían mejorarse los índices reproductivos y que hay una brecha entre lo real y el potencial, así como entre diferentes estratos de productores ganaderos y regiones. ¿Pero para eso se necesita un plan ganadero o se requieren reglas estables de mediano y largo plazo?
En las asombrosas expresiones de los ministros Kulfas y Basterra, realizadas tras reunirse con referentes del Consejo Agroindustrial Argentino y de la Mesa de Enlace, no se escuchó ninguna referencia a las medidas que tomó el Estado argentino para que la producción ganadera y de carnes tenga los índices que tiene. Como por arte de magia, desaparecieron los ROE, los derechos de exportación, la fijación de pesos mínimos de faena, la convivencia y aceptación del comercio en negro, los precios máximos, la veda para consumir carne, la corrupción con las compensaciones y el ocultamiento de la fiebre aftosa (esto con la complicidad del sector privado), entre otros temas, que caracterizaron al contexto del negocio de las carnes y el ganado en las últimas décadas. Y menos aún se mencionó la inestabilidad constante de la economía argentina.
Las consecuencias del nuevo cepo a las exportaciones, si no se revierte en el corto plazo, se irán viendo de a poco. “En distintos momentos van a perder todos”, señala Diego Ponti, consultor ganadero de Az-Group.
En tanto, Miguel Schiaritti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de la República Argentina (Ciccra), prevé que se perderán entre 5000 y 7000 puestos de trabajo en la industria como consecuencia de la caída en la faena de los establecimientos frigoríficos. También estima que caerá el valor de la vaca manufactura.
En términos económicos, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino (FADA) calculó que, anualizada, la merma de las exportaciones podría llegar a US$1200 millones. En un momento en el que la economía argentina necesita generar divisas por exportaciones, el Gobierno se da el lujo de despreciar a un sector que en 2020 había logrado ingresar al país unos US$2700 millones. Más curioso aún fue que luego del anuncio del nuevo cepo, los voceros oficiales se interesaban por transmitir que el presidente Alberto Fernández estaba dispuesto a retrotraer la medida si los precios al consumo se estabilizaban. “No quiere que sea permanente la prohibición”, decían también sin ponerse colorados.
Es evidente que el cepo a las exportaciones de carne debe leerse en clave de campaña electoral, de cara a los comicios legislativos de este año. El consultor Diego Ponti recuerda que estas restricciones en años de votaciones fueron una constante de los gobiernos kirchneristas, pero advierte que una vez que pasan los comicios el precio de la carne al público vuelve a aumentar.
Frente a ese escenario, tras el cese de comercialización por 14 días que promovió la Mesa de Enlace, se organiza para el 9 de julio próximo en San Nicolás, por parte de productores autoconvocados, una protesta para convocar no solo al campo sino a todos los otros sectores para expresar que medidas como el cepo no solo afectan a los ganaderos o a la industria frigorífica. Se verá si es el principio de una expresión más amplia o quedará como un hecho testimonial.
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