Dejar pasar el tren, pegarse un tiro en pie, tropezar otra vez con la misma piedra. Cualquier figura que se elija para describir la prohibición de exportar carne vacuna que dispuso el Gobierno esta semana encajaría a la perfección para entenderla.
En un contexto en el que el país necesita dólares genuinos para sacar de la crisis a la economía, Alberto Fernández decide cerrarle la puerta a una actividad que el año pasado generó US$2700 millones en divisas por exportaciones. Si es que leyeron la noticia, cualquiera de los gobernantes europeos que visitó el Presidente en estos días debe estar preguntándose si se trata de la misma persona que les pidió ayuda para renegociar el pago de US$2400 millones que el país adeuda con el Club de París y por un monto mayor con el FMI. “Perdimos el tiempo”, estarán diciendo en Lisboa, Madrid o París.
Pero no hace falta ir a Europa para descubrir los dislates del presidente Fernández. En las declaraciones radiales que hizo para defender la medida, presentó datos falsos, engañosos y erróneos. La lista es muy larga. El mayor fue cuando dijo que en el país había tres millones de cabezas. En un comunicado, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) lo expresó con claridad: “Resulta francamente increíble, que quien decidió cerrar las exportaciones de carne, no tenga no solo la información sobre lo que habla, ni tan siquiera la perspectiva lógica de lo que está diciendo; sin embargo, se permite la catedrática función de explicar con cifras irreales, es decir sin tener conocimiento de lo que relata”. Así, “es posible esperar que sus decisiones sean siempre equivocadas por no contar con un diagnóstico certero”, expresó la entidad ruralista.
Esa endeblez presidencial acaso radique en los mitos sobre los que se asienta el pensamiento mayoritario del kirchnerismo: que lo que se exporta es porque se quitó algo al mercado interno.
La evidencia demuestra que la exportación provoca un círculo virtuoso porque incentiva al aumento de la producción local. En el caso de la carne, además, los consumos de los cortes pueden diferenciarse sin inconvenientes.
Aunque la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial que ordena el cierre de exportaciones de carne excluye a las cuotas que tiene el país como la Hilton, la de Estados Unidos y de Colombia, el mensaje que le envió el Gobierno al mundo es que la Argentina ya no es un proveedor confiable. En cualquier momento puede incumplir los contratos porque la arbitrariedad es generalizada.
Las consecuencias de volver a utilizar esas herramientas ya son conocidas, como se encargaron de expresar no solo todas las entidades de la actividad, sino también hasta los gobiernos provinciales aliados como los de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. La excepción estuvo en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kiciloff, al apoyar la medida, parece ignorar que en el territorio que administra está asentado el 40% del stock bovino del país, con más de 58.000 establecimientos ganaderos y un centenar de plantas de faena. Las consecuencias de restringir las exportaciones no harán otra cosa que reducir esos números.
Pero el cepo a la carne anticipa la profundización de nuevos límites a la producción a medida que el Gobierno siga errándole a la forma de solucionar el problema de la inflación. Ya se empezó con el trigo. con una “autoregulación” no escrita y defendida por exportadores, acopiadores y comercializadores, pero no discutida ni debatida con la producción. El congelamiento propio de las DJVE le puso un freno a los precios. En el maíz, ya hubo un intento con el cierre de exportaciones a comienzos de este año y habrá que estar atentos a lo que ocurra cuando se alcance el límite de las declaraciones de exportación. Para ambos cereales, además, pesa la amenaza de aumentar en tres puntos porcentuales los derechos de exportación.
En ese escenario, amplificado por el año electoral, las bondades del diálogo y de la presentación de propuestas razonables por parte de la cadena agroindustrial se están chocando con la radicalización del Gobierno. De poco sirvió a la industria frigorífica haberle presentado el año pasado al Presidente un plan de inversiones por US$183 millones de dólares para aumentar la capacidad de producción u ofrecerle aumentar el volumen de oferta de cortes a precios bajos. El mazazo vino igual.
Estas decisiones destempladas, además, reavivan la desconfianza y la puja por obtener beneficios dentro de la cadena. Los consignatarios acusaban en estos días a los exportadores de estar detrás de la decisión del Gobierno, porque esa medida permitiría bajar el valor de la vaca. En las próximas semanas se dirimirá esa disputa.
Es un contexto en el que el eslabón de la producción es el que tiene mayores chances de perder.
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