Fuerte reclamo contra las usurpaciones de campos en la Patagonia
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) pidió al Gobierno actuar ante hechos “perpetrados bajo el supuesto amparo de una reivindicación mapuche”
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Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) criticó la falta de “respuestas adecuadas” tanto de la Justicia como del gobierno nacional debido a las usurpaciones y otros hechos delictivos en la Patagonia “perpetrados bajo el supuesto amparo de una reivindicación mapuche”.
En un comunicado, la entidad que presidente Jorge Chemes alertó sobre un crecimiento de los hechos vandálicos que van desde cortes de ruta, usurpaciones, incendios a delitos contra la propiedad.
“En el presente, los hechos vandálicos se han multiplicado y agravado, por su violencia e irracionalidad, poniendo en peligro, la paz social, la vida y el trabajo de la población honesta y laboriosa de la Patagonia”, dijo.
Según la organización, “salvo pocas excepciones” la Justicia “no ha dado respuestas adecuadas, rápidas y certeras, permitiendo con su pasividad que los casos puestos a su arbitrio, resulten morosamente tratados, sin respuestas ágiles y prolongando, cuando no aumentando, la conflictividad”.
“Tampoco la política ha puesto su atención sobre el tema y solo se observan tímidas manifestaciones de algunos políticos, que dudan entre el estricto cumplimiento de la ley con las especulaciones electorales”, añadió.
En otro tramo del comunicado, la entidad fustigó al gobierno nacional, de quien dijo que por “acción u omisión” termina apoyando los hechos.
“El gobierno nacional, ausente de su rol institucional, ha prestado, por acción u omisión, apoyo logístico, económico e ideológico, estableciendo en algunos casos, mesas de diálogo, que solo logran estirar hasta el infinito las usurpaciones, consolidando la ejecución de hecho de intrusiones en los campos, dilatando su resolución y eludiendo la definición categórica, de donde está el derecho y qué límites son infranqueables frente a la propiedad privada”, señaló.
Ley criticada
En esta línea, CRA se refirió a la ley 26.160 que, entre otros puntos, estableció hacer censos provinciales.
“La ley 26.160 ha contribuido a crear una atmósfera de consolidación de usurpaciones, al disponer la suspensión de los desalojos, durante su vigencia, esto, en la práctica significa que a nuevas usurpaciones se las protege, con la prohibición de desalojos, que la aludida norma dispone”, señaló.
“La Patagonia y el país en su conjunto, reclama del gobierno nacional una posición clara, fundada en derecho y en respeto a las normas constitucionales, sobre los auténticos reclamos de las comunidades originarias y rechazando en forma inclaudicable, la violencia, el delito, la fuerza bruta, el daño, los incendios, el amedrentamiento, como forma de reclamo de quienes se sienten con derechos”, pidió la entidad.
LA NACION
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