Fuerte rechazo en el agro a que el Estado tome el control de la hidrovía
En el sector consideran que no tiene los recursos para el manejo y temen que se usen fondos para otros fines
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LA NACIONFernando Bertello
En la agroindustria rechazan que el Gobierno ceda por decreto por un año a la Administración General de Puertos (AGP) el control y administración de la hidrovía Paraná-Paraguay, como informó LA NACION, lo que implicaría un manejo estatal.
El 29 de abril pasado, el Gobierno prorrogó por 90 días la concesión de la Hidrovía SA, a cargo del grupo belga Jan de Nul y el argentino Emepa, responsables de la operación y dragado en los últimos 25 años. Según trascendió, el Gobierno tiene listo el decreto para dar por terminada la concesión y pasar el control a la AGP. La hidrovía es la puerta por la cual sale el 85% del comercio agrícola de la Argentina.
“Opera volúmenes por encima de los 100 millones de toneladas, constituyendo un cauce de salida de aproximadamente el 85% de las cargas agroindustriales argentinas, el 90% de las paraguayas y el 50% de las bolivianas. Cuenta con 90% de los flujos de containers de Argentina y Paraguay y una porción importante de los flujos de Bolivia. Tiene un tráfico de barcazas de 20 millones de toneladas. Se transporta el 60% de las importaciones de gas licuado y casi la totalidad de combustibles de Paraguay”, detalló recientemente la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), que precisó que “4500 buques entran cada año al sistema”.
“Que el Estado opere la hidrovía por un año es un grave error. No tiene los recursos económicos ni tecnológicos para hacerlo, menos aún frente a una bajante histórica del Paraná (la peor en los últimos 50 años)”, dijo a LA NACION Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). “El Estado debe llamar a licitación de forma urgente manteniendo el cobro directo de la tarifa en el concesionario”, agregó.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresó el temor de la entidad a que se afecta la “competitividad” del agro. Además, señaló que el sector no fue tenido en cuenta para la discusión del tema.
“Nos preocupa que una mala decisión del Gobierno pueda afectar la competitividad de toda la agroindustria exportadora, la hidrovía es la puerta de salida de nuestra producción al mundo. Desde la SRA creemos que contar con un sistema eficiente de hidrovía es fundamental para el desarrollo del país”, señaló a este medio.
Pino dijo que “el sector agropecuario quiere ser parte del nuevo armado de la hidrovía. Hoy no somos tenidos en cuenta en su reconfiguración, estamos afuera de las discusiones y debemos ser incluidos”.
“Hasta el momento no hubo observación en la actual concesión que venció, es decir, no hubo críticas ni a las tarifas, ni al servicio de dragado y balización al actual sistema”, precisó Pino.
Para el sector privado ligado al agro, la hidrovía ha sido clave para su despegue y tuvo un impacto que la trascendió. En este contexto, entre 1993 y 2020 la producción para exportación desde todos los puertos trepó de 22,8 millones de toneladas a 89,7 millones de toneladas de granos y subproductos. Hubo más de US$15.000 millones de inversión privada en puertos, plantas aceiteras, infraestructura que acompañó todo ese proceso.
Por la caja
Para Ignacio Mántaras, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), con la administración por parte del Estado el riesgo es que haya fondos que se usen para otras actividades, sobre todo en un año electoral.
“Si bien estaría dentro de las facultades del Gobierno disponer el mecanismo de cobro de peaje a través de un fideicomiso, entendemos que se arriesgan las virtudes del sistema innecesariamente. Pone en riesgo lo que ha sido virtuoso del sistema, que el concesionario percibe directamente de los usuarios el canon (por el uso)”, apuntó Mántaras.
“No nos parece adecuado y la sensación es que el Gobierno va por la caja, no tiene otro sentido porque tranquilamente puede auditar el cobro y la aplicación de los recursos”, añadió.
Según Mántaras, en el marco de la bajante del Paraná se va a tener que hacer “actividades extraordinarias” para garantizar la navegabilidad. “Es un año muy complejo donde el usuario va a tener que aplicar toda la maquinaria y tecnología para garantizar la navegabilidad”, explicó. “El riesgo (del control del Gobierno) es el destino de los fondos para otras actividades”, remarcó.
También Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), se sumó a las críticas.
“El Estado actual, la manera que se maneja el Estado en la Argentina tiene una incapacidad total para manejar un tema como la hidrovía que, más allá de consideramos que tiene un alto costo y se podría manejar de otra manera, hay que tener la experiencia de trabajo y la infraestructura necesaria. El Estado actual no posee eso para hacerlo. Consideramos que debe acelerarse el proceso licitatorio claramente para que se arme ese proceso y surja la empresa que pueda tener la característica tecnológica para llevar adelante esto. En las condiciones actuales el Estado no puede hacerse cargo ni por un año de la hidrovía”, alertó.
Jan De Nul no hizo comentarios ante una consulta de LA NACION sobre el decreto que publicaría el Gobierno. En tanto, desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales Luis Zubizarreta, su presidente, indicó: “Nosotros consideramos que el Estado debe definir los pliegos y controlar, pero no está en condiciones de hacer la obra”. Agregó que “es importante acelerar la licitación definitiva”.
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