Fueron a la Justicia quienes invirtieron $100 millones y no pueden producir porque no les dan luz

Hace unas semanas Juan Ignacio de Hagen (38), Francisco Paoltroni (41) y Roberto Schulz (28) contaron que habían invertido $100 millones en una planta extrusora de soja, pero por una decisión de Refsa, la compañía de electricidad de Formosa que administra el gobierno de Gildo Insfrán, el proyecto todavía no se había concretado. Ahora, los socios aseguran que las trabas se multiplicaron y recurrieron a la Justicia para presentar un recurso de amparo. El emprendimiento está en la localidad de Ibarreta.

“La realidad es que hoy seguimos igual. La empresa se comunicó con nosotros pidiéndonos las habilitaciones, que las tienen ellos, porque está todo aprobado por ellos mismos. Se presentó todo otra vez con fotocopias certificadas de la empresa, de todo lo que nos aprobaron previamente y todavía seguimos sin respuesta. Lo que hicimos ayer fue presentar un recurso de amparo, cuando terminó la feria judicial”, narró De Hagen a LA NACION. De esta manera, la firma busca una resolución favorable en la Justicia.

Dijo que hubo una suerte de “operativo” de las autoridades provinciales para querer desmentir la habilitación. “Les fuimos contestando con todas las pruebas que teníamos. Primero, teníamos todo el trámite aprobado desde Refsa, con todas las notas y los pedidos y el proyecto propiamente dicho”, afirmó. Para los empresarios, la paralización del inicio de sus actividades posee un tinte político.

Después de presentar toda la documentación legal de la constitución de la compañía, aportaron un acta de una inspección del Ministerio de Trabajo del 1 de diciembre de 2021. Expresó que sirvió a modo de prueba de que “no habían encontrado nada” irregular.

“Toda la gente está en regla con los papeles, y a partir de ahí, hicieron como mediático el desconocimiento, porque salió una nota periodística del director de Industria, Hidrocarburos y Minería [Darío Martín Vergara] desconociendo todo el trabajo, diciendo que no teníamos ningún trámite presentado con ellos”, explicó.

De Hagen sostuvo que cuando comenzaron a informarse para desarrollar la planta extrusora de soja les dijeron que tenían que tener primero la aprobación del Senasa para posteriormente hacer el trámite en Industria. “Cuando hicimos las averiguaciones en Senasa nos dijeron: ‘Tienen que tener en funcionamiento la planta para poder ir y hacer una inspección y ahí probarla’. Estábamos en lo correcto con lo que habíamos averiguado, pero igual ellos salieron a desconocer la planta y a decir como que no tenían ni idea, desde la parte gubernamental, que no teníamos ningún proyecto aprobado ni presentado”, dijo.

El socio de Agroindustria de Formosa, la compañía que fundó con sus dos amigos y que está en la zona rural de la localidad de Ibarreta, explicó que se enteraron de toda esta ofensiva del gobierno provincial a través de Agenfor, la agencia de noticias oficialista de Formosa y que en ningún momento tuvieron comunicación directa con ellos.

La empresa de los tres amigos intenta convertirse en la primera planta en toda la provincia para el procesado del poroto de soja de la región. Después de fundarla, los planos y el proyecto para llevar electricidad a la planta se realizaron tal y como estaban planteados y asesorados, según ellos dijeron, por un alto funcionario de Refsa. La fecha estipulada para hacer la conexión estaba prevista para el 30 de junio, pero cuando se hizo el llamado a la central para que hagan el corte para proveer de luz la compañía se les negó de manera verbal la instalación, aduciendo una “orden de arriba”.

“Pensaron que era una aceitera que iba a ser para consumo humano. Salieron a querer pedirnos reglamentaciones de bromatología, como que no teníamos nada presentado, que dista mucho de eso el proyecto, ya que es solo meramente una prensa de soja para sacar el aceite con destino exportación o como materia prima para la industria y el expeller de soja, que es el sobrante que va para alimentación animal”, describió.

Así fue como desde el gobierno provincial comenzaron a hacerles reclamos y a instigarlos de que “no estaban los trámites realizados”, que no tenían nada que ver con el proyecto en sí. “Los pedidos distan mucho de lo que es en realidad el proyecto. Dejan obviamente a las claras el total desconocimiento de todo”, señaló.

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