La presentación, de carácter de declaración jurada, será voluntaria desde el mes próximo y obligatoria a partir de enero de 2027
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Un fuerte rechazo generó en la Sociedad Rural Argentina (SRA) una resolución del gobierno bonaerense de Axel Kicillof que obligará, desde enero de 2027, a presentar mensualmente información laboral del personal mediante el sistema Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O). Será una responsabilidad de los empleadores para todas las actividades.
Para el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que conduce Walter Correa, este sistema, implementado con la resolución 260/2026 y su anexo, es “una herramienta moderna, ágil, eficaz, que permita sostener y fortalecer los mecanismos y recursos de control y fiscalización laboral”. Entre otras cosas, con una declaración jurada se deberán consignar distintos ítems de la información salarial y de la jornada laboral.
En cambio, para la SRA, cuyo presidente es Nicolás Pino, representa “un retroceso en materia de simplificación administrativa y un avance hacia esquemas de controles excesivos que imponen nuevas obligaciones, aumentan los costos laborales y generan mayores cargas administrativas para los empleadores”.
La normativa no es exclusiva para el sector agropecuario. En rigor, en al artículo 2 del anexo se indica que “será exigible a todos los empleadores que posean domicilio legal o fiscal, sean titulares y/o exploten establecimientos dentro de la provincia de Buenos Aires y/o ocupen personas trabajadoras bajo su dependencia dentro de ese ámbito territorial”.
Para la presentación del F.U.T.U.R.O., que será voluntario desde diciembre próximo y obligatorio desde enero de 2027, entre otros puntos se deberá incluir período de liquidación; monto total de los salarios abonados, con detalle de los conceptos remunerativos, no remunerativos y neto, correspondientes al personal que preste tareas en forma habitual, y método de control de jornada de trabajo utilizado.
“La presentación del formulario deberá efectuarse de manera mensual y a mes vencido, teniendo plazo hasta el último día hábil del mes siguiente al mensual liquidado. El sistema utilizado deberá identificar de forma automática las presentaciones fuera de término y en esas condiciones serán igualmente admitidas, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder en los términos de lo dispuesto en la Ley Provincial N°10.149, el Decreto Nº 6.409/84 y el Pacto Federal del Trabajo ratificado por la Ley Provincial N °12.415”, señala el anexo.
Según la normativa, los empleadores deberán conservar la documentación por un plazo mínimo de dos años y la falta de presentación del F.U.T.U.R.O. o falsedad en algún dato abrirá la puerta a sanciones.
“El F.U.T.U.R.O. tendrá carácter de declaración jurada. Dicho formulario se presentará ante la autoridad de aplicación, de manera electrónica y periódica, a través del Portal de Trabajo habilitado por la Resolución MT N° 147/24, normas modificatorias, complementarias y de aplicación, y deberá encontrarse firmado digitalmente por el sujeto obligado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley N° 25.506, la Ley N° 13.666, el Decreto N° 305/2012 y demás normativa concordante y aplicable”, señala el anexo.

En este contexto, la SRA reaccionó con un rechazo y pidió la revisión de la resolución. “Resulta fuera de lugar que, en un contexto en el que se necesita promover la producción, la inversión y la generación de empleo, se incorporen nuevos requerimientos de información y documentación que demandan tiempo, recursos y mayores costos a las empresas, especialmente a las pymes”, señaló.
La entidad destacó que se deben cumplir las normas laborales, pero objetó: “Esto no puede significar multiplicar trámites, generar controles innecesarios ni trasladar permanentemente nuevas obligaciones al sector privado”. Por ello insistió en que se revea la medida y se avance “hacia mecanismos de fiscalización que prioricen la simplificación”.
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En los considerandos de la resolución de Trabajo se indica que el gobierno bonaerense “lleva a cabo un proceso de modernización del sector público provincial” y se menciona que “resulta imprescindible establecer un estándar obligatorio de intercambio digital de información que los empleadores deban poner a disposición del Ministerio en forma periódica y previa a la inspección en el lugar de trabajo”. También se remarca que, para evitar “cargas económicas adicionales” se hará mediante un formulario único y gratuito a través de la plataforma digital del Portal de Trabajo. Ese formulario es F.U.T.U.R.O.
Postura de varias entidades
Hace unos días, antes que la Rural, se refirieron a la resolución provincial la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires.
“La resolución establece la obligación de informar mensualmente el detalle de los salarios, los conceptos remunerativos y no remunerativos y los mecanismos de control de jornada, además de acompañar copias de los recibos de sueldo, comprobantes de depósitos bancarios y documentación relativa a acuerdos de horarios especiales o bancos de horas”, dijeron.
“El cumplimiento de estos requerimientos supone una nueva carga administrativa recurrente que demandará tiempo, personal y recursos económicos para su procesamiento, recopilación y presentación. Esta exigencia no resulta indiferente para las empresas, especialmente para las pymes, que deberán destinar recursos que hoy se encuentran afectados a su actividad productiva y comercial”, agregaron.
Explicaron que “buena parte de la información requerida ya se encuentra en poder del Estado, a través de los regímenes de información y registración vigentes, entre ellos el Libro de Sueldos Digital y las declaraciones juradas del Sistema Único de la Seguridad Social (Formulario 931)”.
Las entidades pidieron una mesa de trabajo sobre el tema y “la evaluación de mecanismos de interoperabilidad con los registros y sistemas de información existentes”.
“Creemos que la política de fiscalización laboral debe orientarse a mejorar el cumplimiento de las obligaciones legales sin introducir cargas administrativas y económicas innecesarias que terminen afectando la competitividad de las empresas y, consecuentemente, sus posibilidades de inversión y generación de empleo”, concluyeron.



