Aplicación de agroquímicos: 90 entidades elaboraron un proyecto de ley nacional
LA NACIONMariana Reinke
En busca de dar respuestas a la sociedad en torno de las aplicaciones de fitosanitarios, la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) presentó un proyecto que ordena, regula y controla esta actividad en todo el territorio nacional "de manera integral y amplia".
El proyecto define dos zonas para las aplicaciones: la zona sensible, en la cual se prohíbe la aplicación de fitosanitarios e incluye áreas urbanas y viviendas de trabajadores rurales, entre otras (no se pueden hacer pulverizaciones a menos de 10 metros para aplicaciones terrestres y 45 metros para aplicaciones aéreas); y la zona de amortiguamiento, en la cual se requieren pautas específicas para las aplicaciones.
"La última es la que será determinada por cada municipio con participación de una mesa de diálogo local, convocada para tal fin", dijo en diálogo con LA NACION Juan Brihet, coordinador técnico de la Red BPA.
En este sentido, explicó que hace dos años se viene trabajando en conjunto con más de 90 instituciones públicas y privadas de la Argentina en una ley de presupuestos mínimos con "una mirada federal que incluya todas las producciones agropecuarias del país".
"Este trabajo mancomunado sirvió para ponerle letra al proyecto. No existe hoy en día una legislación nacional y los intendentes se encuentran entre la espada y la pared porque sus ciudadanos exigen protección y seguridad y, por otro, están los productores que si no trabajan, eso impacta de lleno en la actividad económica de ese lugar. Son presupuestos mínimos que nivela a todo el país ", señaló.
Para Brihet, lo importante es ordenar la heterogeneidad normativa que existe en el territorio nacional, donde el productor esté tranquilo porque sabe cómo manejarse en el marco de la ley, el municipio tenga una normativa en donde sustentarse y también la sociedad se sienta respaldada y protegida.
Según contó, la legislación propuesta "está actualizada" y propone herramientas como, por ejemplo, tener un ordenamiento territorial, en donde los municipios tengan marcada su jurisdicción en donde termina el egido urbano y donde empieza el rural.
"La figura central es el municipio quien tiene a su cargo la fiscalización y las provincias serán las autoridades de aplicación que articularán con los municipios. Cuando no hay paraguas normativo, empiezan a jugar distintas razones individuales ante cualquier conflicto que aparece", apuntó.
Otro considerando destacado es la profesionalización de la actividad, por ejemplo, con la solicitud de registros y habilitaciones para aplicadores, maquinarias y empresas.
Por último, esta semana, la Red de BPA se reunirá con el ministro de Agricultura Luis Basterra para presentarle el proyecto. También pidió reuniones con diferentes legisladores de los tres espacios políticos. "Es algo absolutamente realista, viable y superador porque abarca todas las producciones", concluyó.
Por Mariana Reinke
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