“Financiar el despilfarro”: temen que se ponga fin a una exención para el campo en Bienes Personales

Luego de que el Gobierno enviara al Congreso el presupuesto 2024, en el campo hay alerta por la inclusión de una suerte de recomendación para que los legisladores debatan sobre la quita de exenciones, entre ellas la que mantiene a los inmuebles rurales al margen del impuesto a los Bienes Personales.

Ayer, en un informe donde dio detalles sobre el impacto del presupuesto para el agro, la Fundación Barbechando, que sigue en el Congreso los temas del agro, alertó que el Ministerio de Economía incluyó el consejo de “promover el análisis y discusión parlamentaria de los gastos tributarios y de otros beneficios impositivos con impacto presupuestario en pos de dar sostenibilidad al sendero fiscal de la República”. En concreto, según la Fundación Barbechando, se menciona entre los rubros a analizar para que sean rebajados “las exenciones al pago del impuesto a las Ganancias para los jueces, el régimen especial de la provincia de Tierra del Fuego y la exención de inmuebles rurales en el impuesto sobre los Bienes Personales que representa un 0,48% del PIB”.

De acuerdo a lo precisado por la organización, “la justificación de esto es porque dichas exenciones generan pérdidas de recaudación de un poco más del 5% del PBI y, tras el telón de la ley, porque se necesita compensar la pérdida de recaudación que originarán las recientes medidas de compensación a determinados sectores de trabajadores, jubilados y monotributistas”.

Efectivamente, se menciona en el presupuesto con impacto significativo “la exención de inmuebles rurales en el Impuesto sobre los Bienes Personales que representa un 0,48% del PIB”. Y luego se aconseja: “En este sentido, cabría someter a evaluación legislativa la razonabilidad de mantener la vigencia de esta exención a la luz de la capacidad contributiva, su rentabilidad y acceso a otros beneficios bajo la forma de subsidios, promociones, etc. Solo con relación a inmuebles rurales localizados en el exterior, la titularidad se concentra en 450 personas residentes en el país. Por otro lado, y con relación al mismo gravamen, podría revisarse el nivel de imposición del responsable sustituto”.

Desde hace años, ante otros intentos de avanzar sobre la exención, desde el campo se vino insistiendo que sería un error aplicar el gravamen a la producción, en especial cuando ya hay otras imposiciones como la tasa vial que cobran los municipios o el impuesto inmobiliario rural que queda para las provincias.

Opiniones

“Es importante recordar que los inmuebles rurales están alcanzados por el impuesto inmobiliario provincial y que también tributan por la red vial. Los inmuebles rurales se encuentran incorporados dentro de un proceso económico, por lo que quedan fuera del alcance del espíritu recaudatorio del impuesto a los bienes personales. Nuevamente avalar una triple imposición es un ataque directo al desarrollo federal de nuestro país”, dijo Barbechando.

Expertos consultados por LA NACION rechazaron una eventual carga sobre la tierra. Ezequiel de Freijo, economista de la Sociedad Rural Argentina (SRA), indicó: “De avanzar con esta iniciativa se terminará gravando una misma manifestación de capacidad contributiva con tres impuestos similares, sumando un punto más a la amplia lista de avasallamientos de los derechos de propiedad de los productores”.

Según recordó, originalmente el impuesto a los Bienes Personales se instrumentó “a los fines de lograr una mejor fiscalización del impuesto a las Ganancias, por tanto el espíritu del legislador que lo llevó a establecer esta exención se fundamentó en entender que para los productores agropecuarios el inmueble rural es el activo sobre el cual llevan adelante su actividad productiva”.

“Gravar los inmuebles rurales con este impuesto implica afectar la fuente del sustento económico que lo genera. El avance de esta iniciativa puede generar un alto impacto en los 210.000 productores que trabajan bajo el tipo jurídico de persona humana en 84 millones de hectáreas a lo largo de todo el país”, alertó.

En un comunicado, se sumó al rechazo a cualquier cambio impositivo la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). “Vemos con mucha preocupación la sugerencia de revisión de determinados esquemas impositivos en los inmuebles rurales cuando la capacidad contributiva del productor agropecuario está agotada. La enorme presión tributaria que ha generado el Gobierno, sumado a la fuerte sequía, ha llevado a un fuerte deterioro del sistema productivo y de la economía en general. La persistencia de los derechos de exportación- mal llamadas retenciones-, las cuales hay que eliminar a la brevedad, no ha hecho más que debilitar a un sector que debería ser el real motor del país”, remarcó.

En este contexto, Ernesto Ambrosetti, consultor en agronegocios, afirmó: “Sería un nuevo atropello al campo, la tierra es un bien que se transfiere a las nuevas generaciones, requiere sustentabilidad para evitar su erosión, aumentar la presión fiscal resta recursos para mejorar la sostenibilidad del recurso”.

Para Ambrosetti, avanzar en el sentido de lo recomendado por Economía “es otro dislate de las medidas cortoplacistas y electoralistas desesperadas que atentan en contra de la producción, el empleo y el ingreso de divisas”.

Añadió: “Se volvería a la triple imposición sobre la tierra, sobre ella recae el impuesto inmobiliario y la tasa vial, ahogando la capacidad de producir en forma sustentable”.

Héctor Tristán, contador y especialista en temas tributarios del agro, destacó que con el mensaje incorporado para el presupuesto se está pensando echar mano mediante la derogación total o parcial de ciertos beneficios fiscales vigentes, entre ellos la exención en Bienes Personales de los predios rurales cualquiera sea su destino.

“La estimación es que estos beneficios alcanzarían al 0,48% del PBI y servirían para financiar el actual despilfarro que está haciendo el candidato oficial, sin financiamiento genuino. El mismo axioma: recaudar en el zoológico, de reducción de la presión fiscal ni hablar”, opinó Tristán.

Por su parte, Juan Bartolomé, especialista en impuestos de la consultora AZ-Group, aclaró que, partir del ejercicio fiscal 2019, por intermedio de la ley 27.480, los legisladores han establecido, en la modificación de la exención para el impuesto a los Bienes Personales que los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera sea su destino o afectación, se encuentran exentos del impuesto.

“Se entiende que, desde la modificación de la ley, ya no existen dudas acerca de su interpretación. Anteriormente existían controversias generadas por la redacción previa del artículo que exime a los inmuebles rurales, por el tratamiento que otorgaba el derogado impuesto a la ganancia mínima presunta y por el destino que tenía el inmueble rural. Estas diferencias de interpretación fueron motivo de mucha jurisprudencia y discusiones entre el fisco y los contribuyentes, situaciones que quedaron fuera de debate a partir del ejercicio 2019″, dijo Bartolomé.

“Eliminar esta exención generaría un impuesto adicional al capital que solo aumentaría la presión fiscal al sector y agregaría un tributo a un capital inmovilizado que es utilizado como un factor de producción”, destacó.

“Venimos de un impuesto a la riqueza y de un anticipo extraordinario del impuesto a las ganancias para determinadas empresas que solo han sido mecanismos para financiar el gasto público. Por lo tanto, la eliminación de esta exención no sería un recurso de utilización similar, debido a que incorporaría una presión fiscal adicional sobre el sector, que luego perdurará en el tiempo y que modifica la intención que han tenido los legisladores con la ley 27.480″, agregó.

“Las modificaciones a esta ley le habían dado seguridad jurídica al sector agropecuario, en el sentido de que no estaría alcanzado por el impuesto y dejaban en claro que siempre gozaría de la exención, cualquiera fuera el destino de los inmuebles rurales”, remarcó el tributarista.

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