Falta de decisiones políticas a la altura de las circunstancias

Con lluvias que todavía no llevaron un mínimo de alivio a una campaña agrícola que será recordada por muchos años, hay quienes advierten por las consecuencias que tendrá sobre la producción agropecuaria y el país la escasez de precipitaciones.

Y también hay preocupación por las medidas que se podrían adoptar para aliviar la situación a quienes padecen la sequía y no se están tomando.

Sobre este último punto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, cree que faltan medidas globales que ataquen los problemas de fondo. “Hay pequeñas soluciones que en realidad no cambian nada”, según opina, en referencia a los recientes anuncios del Gobierno por compensaciones para la producción lechera, la ganadería porcina y la avicultura por los daños colaterales del dólar soja II.

El ministro de Economía, Sergio Massa, le suele pedir datos sobre cómo vienen las lluvias, y tiene diálogo con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo. Sin embargo, Pino sostiene que falta una estrategia integral. “Se necesitan decisiones concretas que peguen en el bolsillo del productor; por ejemplo, un alivio en el pago del anticipo de Ganancias”, destaca. “Los balances de 2022 vienen bien, pero se paga por una ganancia que este año no va a estar”, señala. Sobre ese punto, Economía clava el visto.

El presidente de la SRA también pidió la eliminación de los derechos de exportación a la carne y a la leche como gesto para aliviar el contexto crítico de la sequía. No hubo respuesta.

Así, se configura la idea de que el Estado solo se acuerda del campo cuando tiene las reservas del Banco Central en rojo, por lo que resuelve otorgar un tipo de cambio diferencial a la soja, pero en el momento de las pérdidas, como el actual, es un socio distraído.

Pino, además, hace hincapié en que la sequía destruye el capital de trabajo de los productores. Esto se torna más crítico, por ejemplo, en las zonas donde la escasez de lluvias y agua es acuciante como el norte de Santa Fe y el Chaco. La realidad de los productores que dejan la actividad, cansados de perder dinero y salud, es una dimensión que solo toman en cuenta quienes padecen el problema.

“Hay concejos deliberantes que siguen votando aumentos en la tasa vial como si nada pasara con el clima”, señala Pino.

Y en este contexto, también, salen a la luz medidas absurdas que persisten en las provincias. Chaco, por ejemplo, cobra una tasa de $300 por cada cabeza de ganado que entra o sale de la provincia. La Mesa de Enlace provincial se reunió esta semana con el gobernador Jorge Capitanich para solicitarle la eliminación de ese tributo y otras medidas para recomponer el capital de trabajo. Por supuesto que los gobiernos provinciales pueden acelerar las declaraciones de desastre y emergencia agropecuarios, pero, como se sabe, eso es apenas la postergación de un pago que tiene que realizarse.

“En abril y mayo se van a sentir las consecuencias por el menor ingreso de divisas”, advierte Pino sobre el riesgo de que la sequía no se revierta y el impacto que va a tener sobre la situación macroeconómica

Las proyecciones de las bolsas de comercio y cereales sobre la cosecha son de espanto. Y algunos productores, a nivel individual, creen que los números podrían ser peores. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó en 37 millones de toneladas la cosecha de soja. De confirmarse ese pronóstico, sería la misma cifra de la campaña 2017/18. En otras palabras, Alberto Fernández tendrá tan poca soja como la que tuvo entonces Mauricio Macri, aunque con precios en niveles nominales mayores. A su vez, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó un volumen para la oleaginosa de 41 millones de toneladas, con una pérdida de área de 600.000 hectáreas para la oleaginosa y 500.000 hectáreas para el maíz.

En cuanto al impacto económico, la entidad calculó que la merma de ingresos respecto del año pasado podría superar los US$14.000 millones, en el escenario pesimista en el que las lluvias finalmente no lleguen. A nivel nacional, representaría una pérdida de 1,8% en el PBI. En términos concretos, eso es menor actividad económica en todos los pueblos que viven de la cadena de producción agropecuaria: menos viajes, menos combustible, menos comercio y menos servicios. Cada vez más, hasta los economistas más encerrados en sus números se dan cuenta que un mal año del campo tiene consecuencias graves en el resto de los sectores. Falta que las decisiones políticas estén a la altura.

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