Según el organismo, entre 2011 y 2021 las ventas agroalimentarias al exterior cayeron un 1,3% anual y la participación en los mercados internacionales disminuyó del 2,7% al 2,2% en el mismo período
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Entre los países líderes en exportaciones agropecuarias, la Argentina fue el único que decreció. Según el informe “Hacia un sector agroalimentario más competitivo, inclusivo y resiliente”, presentado en el país por el Banco Mundial (BM), entre 2011 y 2021, las ventas agroalimentarias al exterior cayeron un 1,3% anual, mientras su participación en los mercados internacionales disminuyó del 2,7% al 2,2%. También el apoyo que se brindó a los productores argentinos fue menor en comparación con el de otras naciones competidoras. Desde el organismo alertaron que las políticas económicas y comerciales, tanto generales como específicas, han impactado negativamente en la inversión, producción y exportación del sector.
En el período 2011-2021, mientras la Argentina presentó una disminución del 1,3% en sus exportaciones, Brasil, Indonesia y Países Bajos tuvieron incrementos del 1,6%, 1,8% y 1,3%, respectivamente. Nueva Zelanda creció un 4,9%. En tanto, Canadá, Estados Unidos, Australia, Alemania y Tailandia tuvieron crecimientos más modestos en sus exportaciones, con tasas que oscilaron entre el 0,1% y el 2,1%.
“Las limitaciones relacionadas con el marco de políticas públicas, los patrones de desarrollo y las prácticas de producción insostenibles están creando desigualdades y limitando el crecimiento del sector”, indicó el Banco Mundial. Entre las políticas que afectaron al sector destacaron las restricciones a las exportaciones, los tipos de cambio oficiales diferenciales y los impuestos a las exportaciones caracterizados como “elevados y volátiles”. Asimismo los impuestos sobre el volumen bruto de los negocios, los controles de precios internos y las restricciones a las importaciones. Además la aplicación de aranceles sobre insumos clave y la falta de una inversión adecuada en bienes públicos.
“El sector muestra un bajo nivel de inversión en bienes y servicios públicos, como la investigación, el fortalecimiento de las capacidades, la gestión de los recursos naturales y la infraestructura rural”, señaló.
Todo esto ha tenido un impacto significativo en la economía nacional, ya que el sector agroalimentario representa el 15,7% del Producto Bruto Interno (PBI), contribuye con el 10,6% de los ingresos fiscales y lidera las exportaciones con un 61% del total. Además, en términos de empleo, absorbe entre el 17% y el 24% de la fuerza laboral del sector privado.
En diálogo con LA NACION, Diego Arias, gerente de la Práctica de Agricultura y Alimentos del Banco Mundial, sostuvo que una de las variables más influyentes para que la Argentina cayera en las exportaciones fue el esquema de incentivos o no que un país destina al sector agrícola. “Mientras que en la mayoría de los países un productor recibe entre un 2% (como en el caso de Brasil) y un 25% de sus ingresos provenientes de apoyos de políticas públicas, en la Argentina se le impone un impuesto de casi el 20%”, alertó y agregó: “Esto reduce el incentivo para invertir e innovar, y eso se ve inmediatamente reflejado en los mercados internacionales, disminuyendo la posición competitiva del país en estos mercados”.
Este panorama no solo se debió a las restricciones o impuestos a las exportaciones, sino también a la forma en que el sector público “apoya” al sector agrícola, lo que “crea muchas distorsiones”, según afirmó Arias.
El informe alertó que las políticas “distorsivas” han dañado especialmente a los pequeños productores de zonas más remotas, con márgenes más bajos de rentabilidad y un menor acceso a servicios. Detalló que, por ejemplo, los gravámenes al sector ganadero de la Argentina se ubican entre el 49% y el 57%, lo que afecta duramente las ganancias de los productores de carne vacuna, principalmente de pequeña escala. Esto redujo su capacidad de inversión y los incentivos para mejorar las prácticas de producción. El informe alertó que “la pobreza rural es alta, las necesidades básicas insatisfechas afectan aproximadamente a un tercio de la población rural”.
En el BM dijeron que, si no se implementan medidas de adaptación, los daños causados por las inundaciones podrían reducir el PBI en un 0,5% a 2060 y las sequías persistentes podrían provocar una disminución del PBI de un 4% anual para 2050.
A pesar de estos desafíos, se resaltaron algunos datos positivos, como que la productividad total en este sector ha aumentado un 3,7% anual desde 1973, superando el crecimiento general del PBI gracias a la adopción de nuevas tecnologías. Además, las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producción han disminuido, principalmente debido a la adopción de prácticas de siembra directa en la producción de cereales.
Sin embargo, Arias expresó: “En términos absolutos puede haber indicadores positivos; la productividad del sector agrícola sigue siendo mayor que la productividad de otros sectores en la Argentina. No se ve que el sector agrícola necesariamente esté mal, pero al compararlo con el crecimiento de los sectores de otros países mediante benchmarking está perdiendo competitividad”.
“Lo que se ve hoy en cuanto a inversión, productividad y producción es un piso, y el techo es mucho más alto para la Argentina”, agregó.
En este escenario, para fortalecer el sector agroindustrial, el Banco Mundial consideró fundamental abordar tres esferas prioritarias: competitividad agroalimentaria y rendimientos económicos e inclusión socioeconómica: resiliencia y sostenibilidad ambientales.
Según el trabajo, el avance en estos tres frentes implica “la adopción de reformas que aborden los apoyos distorsivos y negativos al sector; ofrezcan redes de seguridad para los consumidores nacionales de alimentos y los productores agropecuarios más vulnerables; mejoren el acceso al financiamiento para inversiones de mediano y largo plazo, y reduzcan la exposición a los riesgos climáticos y económicos que afectan al sector, con énfasis en los bienes públicos y en el impulso a la inversión privada”.
Arias resaltó que han tenido una “muy buena receptividad” de las autoridades a las recomendaciones y los mensajes que dieron en base a estos estudios. “Hay varias recomendaciones que hemos dado en diciembre y enero, que ya se han tomado, pero todavía las que quedan pendientes tenemos la señal y la esperanza de que se implementen”, dijo. “Hay temas más de macroeconomía y de ajuste fiscal que nos superan, pero el mensaje que tenemos es que es una cuestión de tiempo y no necesariamente de que no estén de acuerdo”, agregó.
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