“Es un robo”: en Pehuajó, los productores están dispuestos a ir a la Justicia para frenar una tasa para fitosanitarios que quiere cobrar un intendente kirchnerista
El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, impulsa una ordenanza para cobrar el equivalente a dos litros de gasoil por hectárea para el uso de agroquímicos; también quiere ampliar la zona de exclusión a pulverizadoras y colocar un GPS en las máquinas
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LA NACION Belkis Martínez
A los problemas propios de la sequía, ahora, los productores del partido bonaerense de Pehuajó, le sumaron otra mala noticia: el intendente local, Pablo Zurro, decidió impulsar un proyecto de ordenanza con el que busca cobrar una nueva tasa fitosanitaria en la zona. El nuevo canon consiste en el pago de dos litros de gasoil por hectárea por aplicaciones, la ampliación del ejido urbano para estas aplicaciones en otros 300 metros a los existentes, más la instalación de un GPS a la maquinaria agrícola que hagan estas tareas dentro de los campos. El proyecto tiene que ser aprobado por el Concejo Deliberante, cuya mayoría es de Unión por la Patria. Para los productores esta iniciativa se trata de “un robo” y tiene tintes políticos.
Según mencionan los productores, que están aunando posiciones para impedir que avance la iniciativa, la nueva tasa y la resolución que amplía la zona de exclusión para aplicar fitosanitarios dejarán afuera miles de héctareas del sistema productivo. “Esta gente no sabe de qué se trata el campo, que una máquina factura el valor de 5 litros de gasoil y le están añadiendo dos más. Con esto, van a dejar más lotes fuera de producción”, advirtió José Perkins.
La nueva ordenanza especifica que si a los 300 metros hay otra casa, se tiene que volver a hacer el recuento. Además, a través de este proyecto buscan aplicar una tasa de dos litros de combustible premium por hectárea aplicada.
Julio Molteni, otro productor del partido de Pehuajó, agregó que están “muy indignados” luego de que se conociera esta iniciativa. “Es un robo. En el partido de Pehuajó se pulveriza casi 1 millón de hectáreas por año. Son casi 2 millones de litros de combustible y van a recaudar entre 1800 y 2000 millones de pesos por año”, agregó sobre el impacto económico.
Los productores tratarán de impedir que se apruebe esta nueva ordenanza a través de los concejales. Según explicó Perkins, si no tienen éxito, se van a organizar para llevar adelante las acciones legales correspondientes. “Nosotros producimos alimentos, riquezas, divisas, cosas que hacen falta para que el país salga adelante. Sacar todos estos lotes de producción son menos ventas de camiones, repuestos, combustible, zapatillas o cortes de pelo. En la economía de nuestros sectores, emplazada en medio de la pampa húmeda, la riqueza la pone el campo. Somos agricultores, no es justo lo que están haciendo”, señala en un video que circuló en las redes sociales.
Pablo Zurro tiene mayoría en el concejo deliberante, por lo que temen que este proyecto de ordenanza para regular el uso de fitosanitarios avance. “No tienen idea de lo que están haciendo, pero tienen una bajada de línea política”, dijo Perkins. Más allá de los temas locales, Zurro impulsa una iniciativa de declarar “persona non grata” a los legisladores que voten en favor de la ley ómnibus que está en el Congreso.
Perkins mencionó que la labor hoy se paga cinco litros de gasoil, por lo que no se puede añadir dos litros más de tasa. “Cada hectárea agrícola tiene cuatro aplicaciones en el año, con el barbecho. Esta iniciativa no tiene fundamento técnico. Nosotros, que trabajamos todo el año en esto, no nos enfermamos más que el resto. Las sustancias que se manejan en las casas para los bichos o incluso, el repelente para la piel son más tóxicos que esto. El tema acá es ideológico, porque va por la tasa. Lo que les interesa es la recaudación”, extendió.
“El daño económico no se lo causan al productor agropecuario”, dijo Perkins y añadió: “esto, de alguna manera termina de repercutir en esa sociedad y a la larga el país, en materia recaudatoria”.
La otra iniciativa que contiene el proyecto es la obligatoriedad de utilizar un GPS en maquinaria que esté aplicando fitosanitarios en una propiedad privada. Esto sería con el fin de poder tener un registro de cobro de la tasa en el municipio. “Los vehículos oficiales no tienen un GPS para controlarlos nosotros. Las herramientas del municipio no tienen seguimiento y ellos sí son empleados nuestros. Esto tiene vacíos legales por todos lados, está basado solamente en la recaudación, quieren cobrar”, extendió.
“Esto es un embate ideológico. Esto es político; quieren recaudar, pero quieren maltratar al campo para que sea tratado como siempre pasó: la oligarquía o el rico. No le temen a la Justicia ni al Concejo Deliberante porque es de él, temen quedarse sin fondos, sin recursos”, extendió. A raíz de esto, comenzaron a unir fuerzas para intentar hablar y doblegar cualquier intento por avanzar con esa iniciativa. Si no lo logran, van a reunir a todos los afectados para llevar adelante acciones legales y presentar una demanda colectiva.
LA NACION intentó contactarse con el intendente Zurro, pero no obtuvo respuesta.
Por Belkis Martínez
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