Tras un petitorio al juez José Ignacio Ramonet que embargó la empresa por no reincorporar empleados despedidos, Alejandra Bada Vázquez, la dueña de Lácteos Vidal, destacó que la Justicia dejó sin resolución definitiva un fallo y que convocó a una audiencia
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El juez José Ignacio Ramonet dio lugar a un pedido de la dueña de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez, de apelar la sustitución del embargo por más de $5 millones de la cuenta bancaria de la pyme de Moctezuma, provincia de Buenos Aires, por no reincorporar a los empleados despedidos tras un bloqueo realizado en la planta hace un año. La decisión deja sin resolución definitiva el fallo y daría lugar a la apelación de las sanciones que dispuso la Justicia. El próximo viernes habrá una audiencia entre las partes, es decir la empresa con su expersonal.
La resolución, que salió del Juzgado Nacional de 1° Instancia del Trabajo Número 69, determina poner en una cuenta en el Banco Ciudad los fondos que ingresen en ella y que no van a estar disponibles para 26 trabajadores despedidos, sino en un plazo fijo en dólares “a fin de evitar la desvalorización”. Estos fondos no van a estar disponibles por el momento para ser transferidos a los actores. “Es un oxígeno para Lácteos Vidal”, dijo la empresaria a LA NACION.
“Tengo a la vista la causa a fin de resolver el recurso de revocatoria y apelación en subsidio requeridos por la parte demandada en la presentación que efectuara el día 28/06/2023 a las 6:20 hs, de la que se diera traslado a la parte actora ese mismo día y que responde con el PDF referido en el párrafo que antecede. Considero, más allá del extenso relato que efectúa la accionada bajo el título “antecedentes de la causa” que, lo que se pretende en definitiva es la revocatoria de la providencia de fecha 22/06/2023″, se desprende del documento que se conoció pocas horas después de que organizaciones empresariales y asociaciones de productores agropecuarios se acercaron al Juzgado de Trabajo N° 69 de la Capital Federal para manifestar su apoyo a la empresa y entregar un petitorio para que el magistrado revea el fallo.
En la resolución, en la que primero se desestima el pedido de sustitución de embargo solicitado por la accionada y se hizo lugar parcialmente a la impugnación de la liquidación de astreintes, la Justicia dice: “Con respecto de la primera de las cuestiones, no encuentro mérito para apartarme de lo resuelto en cuanto a la desestimación de la sustitución el embargo pretendido, por lo que la revocatoria en dicho aspecto será desestimada. Pero, por tratarse de materia de medidas cautelares, se concederá la apelación subsidiaria en los términos el art. 198 CPCCN”.
En esa línea, indica que en lo que respecta a “la impugnación de la liquidación, si bien se excedería lo previsto en el art. 498 CPCCN en cuanto a las resoluciones posibles de apelación en los procesos sumarísimos, no menos cierto es que, la atacada, se trata de una resolución íntimamente vinculada al cumplimiento de una medida cautelar, en Poder Judicial de la Nación…”. El juez menciona “sin dejar de destacar que los argumentos esgrimidos no logran conmover lo decidido oportunamente y que en virtud de ello será desestimada la revocatoria intentada en tal aspecto, se concederá la apelación subsidiaria interpuesta por su íntima vinculación a la cautelar referida. Pero más allá de todo lo expuesto, en función de lo dispuesto en el art. 198 CPCCN, las apelaciones se concederán con efecto devolutivo, por lo que, su cumplimiento deberá llevarse a cabo hasta que exista, en su caso, algún pronunciamiento del Superior en sentido contrario”.
El viernes pasado hubo un encuentro entre referentes de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), la Unión de Emprendedores de la República Argentina, la Red de Mujeres Productivas (RMP), la Asociación Mujeres Americanas (AMA), la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha) y el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB) y el juez, quien los recibió en su oficina luego de que le acercaran un petitorio por la situación de la compañía. Trascendió que habría habido un compromiso de su parte por arbitrar los medios para establecer un canal de acercamiento que permita llegar a un acuerdo entre las partes, es decir, entre la pyme con los empleados. “Nosotros estamos dispuestos a ir”, respondió Bada Vázquez. Este lunes se conoció que el 7 de julio próximo habrá una audiencia presencial entre las dos partes.
“Ahora lo que esperamos es que se abra una puerta de negociación, que permita llegar a una solución, un arreglo con los exempleados que garantice la continuidad de las fuentes de trabajo”, agregó.
En tanto, en la pyme esperan poder seguir operando las cuentas bancarias que fueron embargadas por la Justicia, ya que argumentan que tienen compromisos con proveedores, empleados y responsabilidades fiscales. “Las necesitamos para seguir operando el negocio o al menos que me acepte la sustitución del embargo. Necesito disponer de los fondos de mi cuenta corriente de la empresa para poder pagar sueldos, cargas sociales, impuestos, servicios y proveedores”, enumeró.
Destacó, además, de que “no es posible la reincorporación de los empleados despedidos [son 26 y 3 delegados de Atilra]. No les tenemos más confianza y no quieren volver a convivir para no seguir siendo acosados. Además, tengo 25 nuevos empleados y por eso espero que puedan comprender todo eso. La cautelar es nula porque llegó tarde y afecta mis derechos de propiedad privada de organización y dirección de la empresa”, acotó.
El próximo sábado, a las 15, se llevará adelante un abrazo solidario frente a la planta de Moctezuma. Allí asistirán productores, industriales, vecinos y familias de la cadena láctea para abrazar simbólicamente a la empresa en apoyo.
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