“Es difícil discutir con funcionarios”: pymes de biodiésel pidieron a la Secretaría de Energía actualizar los precios y dejaron una advertencia sobre su futuro

Las pymes elaboradoras de biodiésel, que abastecen con su producto al mercado interno, enviaron una carta a la secretaria de Energía, María Tettamanti, para exponer la crítica situación que atraviesa la industria: allí aseguraron que los precios regulados por el Estado están desactualizados frente a los costos reales de producción. En el sector sostienen que esto ha generado serias dificultades financieras para las plantas productoras que se han visto en la obligación de parar su producción. Alertaron que, de seguir así, podría haber suspensiones de personal y desabastecimiento en los surtidores.

Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) señalaron que el costo para producir una tonelada de biodiésel hoy está en $1.144.015,44 la tonelada, mientras que el precio que fija el Estado asciende a $1.023.649 la tonelada. Hay un atraso de $154.686,90, es decir, un 15,11% por debajo. La pérdida real que tienen las pymes que elaboran el biodiésel asciende a $120.366,44. La última actualización que hizo la Secretaría de Energía fue a principios de este año.

“Más allá del atraso respecto del precio que arroja la fórmula, asistimos a una situación en la cual el precio publicado está un 11% por debajo de los costos de producción. La pérdida naturalmente imposibilita la reposición de la materia prima y la continuidad de las operaciones”, mencionaron en la carta. Los empresarios están parando las plantas y otorgan licencias a los trabajadores. Los empresarios que pueden hacerlo consiguen lotes baratos de aceite que pueden aparecer de extrusoras pequeñas para poder mantenerse operativos por semanas.

Federico Martelli, director ejecutivo de Cepreb, dijo a LA NACION que con los precios que hoy están pidiendo las aceiteras [proveen el aceite de soja] no se puede comprar la materia prima. Estos rondan entre US$820 y US$840 la tonelada. “No estamos hablando de ganar plata. Lo único que le pedimos al Gobierno es que nos permitan trabajar no con ganancia, pero que el precio sea ajustado a la realidad. Sobre todo un gobierno que se la pasa diciendo que no se pueden pisar los precios, que no se puede evadir la realidad del mercado y no se puede producir por debajo del costo de producción”, precisó. Esta situación se la han planteado a varios funcionarios del gobierno de Javier Milei.

La respuesta que han tenido desde la Secretaría es que, si bien entienden su realidad, les aclararon que no habrá cambios en el precio. La decisión está en manos del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González. “Tienen una mirada propetrolera, y un gran desinterés por la producción de biocombustibles y sus alternabilidades positivas. Cuando se expone la situación del empleo nos dicen que no se fijan, que eso es un problema del mercado, no de decisión política”, agregó. Lo mismo sucede cuando exponen el desarrollo regional, y la respuesta es que esto es producto de las condiciones de mercado: “Es muy difícil discutir con funcionarios que toman decisiones obviando esos criterios. No les importa el empleo, el medioambiente ni el desarrollo regional”.

El argumento con el que se encuentran las pymes es que les dicen que, si se sube el precio del biodiésel, aumenta el precio en el surtidor. No obstante, Martelli, aseveró que el diésel subió muy por encima de los precios que reciben. A lo largo del año, el gasoil grado 2 aumentó 261% y el gasoil grado 3 subió un 230%. En la carta a la secretaria dijeron que este dato “no puede pasar desapercibido, ya que expone un tratamiento diferencial por parte de las autoridades regulatorias, respecto de dos industrias elaboradoras de combustibles, en claro prejuicio de los biocombustibles”.

Los empresarios sostienen que hay una resolución legal [963/2023] que obliga al Estado a fijar este precio a través de una fórmula que les permite tener previsibilidad. “Tampoco les importa cumplir con los requisitos legales”, apuntó Martelli.

“Ya no tengo herramientas para discutir; se hace muy difícil discutir con gente que contesta que no le importa la ley vigente”, consideró. Dicen que la decisión de cierre de plantas siempre es difícil y mucho más por una corrección de precios. “Todos aspiran a que el precio se corrija en enero. El empresario que construyó una planta le resulta difícil tomar una decisión definitiva”, completó.

El aumento del aceite de soja comenzó a generar este “descalce”, porque este es el insumo que explica el 75% de los costos que no controlan. “Si repentinamente suben el precio del aceite de soja, suben los costos. La fórmula lo que plantea es la manera de corregir esto. Cuando baja el aceite de soja debería bajar el precio del biodiésel”, precisó.

Antes de finalizar, observó que el gasoil en la Argentina se está vendiendo más caro, sobre paridad de importación. “A ellos les importa el impacto en el bolsillo, pero el diésel aumentó un 260% y se vende más caro de lo que saldría importarlo. Está liberado el aceite de soja [empresas elaboradoras] y el diésel en las estaciones de servicio. La rentabilidad de las petroleras es extraordinaria”, remató.

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