En un comunicado, seis organizaciones se refirieron a los últimos hechos e hicieron un llamado al diálogo
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Un grupo de entidades ligadas a la producción se refirió al conflicto que vive la provincia de Jujuy por estas horas generado en el marco de la nueva Constitución.
En rigor, en un comunicado, la Federación Productiva de Jujuy, la Sociedad Rural Jujeña, la Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta, Cámara del Tabaco, la Asociación de Productores Agropecuarios y la Unión Industrial de Jujuy, expresaron su “profunda preocupación por los recientes hechos de violencia y la creciente conflictividad” en esa provincia.
“La violencia nunca es el camino para resolver nuestras diferencias y alcanzar soluciones justas y equitativas”, señalaron y añadieron: “En este momento crucial, en el que nos enfrentamos a desafíos y problemas comunes, es fundamental recordar la importancia del diálogo constructivo y respetuoso como vía para encontrar soluciones que beneficien a todos. Reconocemos y valoramos el derecho a la protesta pacífica como un instrumento legítimo de expresión ciudadana”.
En este marco, apuntaron que “también es imperativo recordar que ese derecho no debe entorpecer el derecho de otros a circular y a llevar a cabo sus actividades diarias”.
“Debemos ser conscientes de que obstaculizar el desarrollo económico de nuestra región afecta no solo a las personas directamente involucradas, sino a toda la comunidad en general, generando divisiones entre los jujeños”, indicaron.
El Distrito 10 Salta y Jujuy de la Sociedad Rural Argentina (SRA) adhirió al mencionado comunicado, remarcó “la preocupación de las entidades productivas norteñas” y precisó que la situación del país “no permite más este tipo de hechos de violencia”.
“Hoy, en el Día de la Bandera, símbolo de unidad nacional, pedimos diálogo como el único camino que puede zanjar diferencias, respetando las posiciones de todos”, afirmó.
Por su parte, la agrupación Campo + Ciudad indicó: “Dañar propiedad pública o privada no es protesta, es vandalismo. Impedir la circulación de las personas no es protesta, es extorsión. Apedrear a la Policía no es protesta, es violencia”.
Además, remarcó: “El Estado no sólo tiene el derecho a reprimir tales hechos, tiene la obligación de hacerlo. Para ello tiene el monopolio de la fuerza. De lo contrario, está incumpliendo su deber fundamental, que es preservar la salud, la libertad y la propiedad de los ciudadanos”.
“Hoy hablamos de Jujuy, pero aplica a gobiernos de cualquier lugar y color político: siempre estaremos a favor de usar la fuerza pública para enfrentar el delito, aunque ese delito se disfrace de protesta. Hacer o no hacer cumplir la ley no es una cuestión de ideología. El funcionario que reprime un delito está cumpliendo su deber. El que se niega a hacerlo es cómplice”, agregó Campo + Ciudad.
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