“Ensucian a todo el mundo”. Adorni cuestionó la transparencia de un fondo ovino y los productores lo cruzaron

Tras la decisión del Poder Ejecutivo de cerrar un fondo ovino, productores agropecuarios lamentaron que se haya revocado el Contrato de Fideicomiso que venía desde 2002. Apuntaron también contra el vocero presidencial y dijeron que Manuel Adorni “mezcla todo”.

César Guatti, productor y representante de la Federación de Instituciones Agropecuarias de la provincia de Santa Cruz, contó que, si bien ya sabían que se había caído este fondo, se formalizó ahora con la publicación en el Boletín Oficial. En una presentación que hicieron en el Senado en mayo pasado, argumentaron que este fondo había surgido ante la necesidad de financiamiento y atención de los productores patagónicos. El fondo estuvo activo hasta 2023.

“Desde el Ejecutivo y, a través de la Ley Bases, se entendía que los fideicomisos se habían convertido en una herramienta poco transparente y, lamentablemente, le tocó también a la Ley Ovina. Estaba bien explícito en la Ley Bases, es algo que veníamos sabiendo”, precisó. Legalmente la herramienta fue denominada Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). El fondo fue suscripto el 19 de julio de 2002 entre la exSecretaría de Agricultura y el Banco Nación.

“Era un mecanismo muy transparente, con mucho control social. No era precisamente el caso [de que era poco transparente]. Las asignaciones venían a las provincias, a través de lo que se llamaban las Unidades Ejecutoras Provinciales [UEP], que estaban integrados por el gobierno provincial, organismos técnicos nacionales como el Senasa y el INTA, con los mismos productores”, dijo.

La medida fue formalizada en el Boletín Oficial a través de la resolución 650 del Ministerio de Economía de Luis Caputo. “Se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Este fondo manejaba 3000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia. Desde su creación (hace ya más de 20 años) tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector”, escribió Adorni en X.

Sobre la transparencia a la que hizo alusión el Gobierno, Guatti explicó que, en su caso, estuvo desde el nacimiento del proyecto. “Siempre buscamos que sea lo más transparente posible, que tenga control social y que todos los actores vinculados a la actividad pudieran auditar el funcionamiento, y que no haya desvíos de fondos. Incluso a través de las UEPs nos ha tocado iniciar acciones judiciales a pares nuestros, demostrando que nos interesaba mantenerlo en funcionamiento y con toda la claridad posible, cumpliendo con las normativas legales vigentes. Era transparente: en Santa Cruz se auditó y no hubo casos de denuncias penales vinculadas a desvío o malversación de fondos”, expresó.

Daniel Lavayen es integrante de la Comisión Directiva de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y agregó que los fondos de esta ley, en realidad, eran de $850 millones. “Estamos molestos con las declaraciones que hizo el vocero presidencial [Manuel Adorni] porque mezcla todo. No son 3000 millones de pesos, son 850 millones de pesos actualmente. Cuando nace la ley, hace más de 20 años, eran 20 millones de dólares, que eran 20 millones de pesos. ¡Es preocupante lo que dice!”, sostuvo.

Lavayen representa a la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro y reiteró que la ley nació por un planteo que surgió en la Patagonia. Cada provincia tiene una unidad ejecutora integrada que aprueba los créditos que se hacen a través de profesionales, normados y controlados. “Los fondos son devueltos y están auditados por Nación, si es así, que demuestren dónde fueron los problemas, sino ensucian a todo el mundo. Esto nos dolió y es preocupante. Está bien que hagan desaparecer los fondos, pero esto es una ley aprobada por el Congreso: la ley aún existe”, precisó Lavayen.

Para los productores, la Ley Ovina es una herramienta muy valiosa que permitió mantener la actividad en pie, sobre todo en la Patagonia. Para acceder al fondo se hacían concursos de proyectos que tenían una calificación, por tanto, se aprobaban los que tenían más que ver con las pautas fijadas en las diversas provincias.

“Aunque es una ley nacional, permitió que durante todo este tiempo muchos establecimientos se mantuvieran en pie y no se cerraran”, afirmó Guatti. Los productos siguen en conversaciones con las autoridades nacionales a través de la Secretaría de Agricultura. “Seguimos tratando de buscar diversos mecanismos de financiamiento. La Ley tiene sus estructuras armadas en todas las provincias y sería muy importante poder mantenerla en pie; sin su financiamiento en realidad pierde gran parte de su sentido”, resumió Guatti.

El Ministerio de Economía puntualizó que las auditorías realizadas registraron importantes fallas en la gestión del fondo y un incumplimiento de los objetivos perseguidos, en desmedro de la protección de los recursos públicos asignados a este régimen. “La auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) encontró importantes fallas, tales como la falta de fiabilidad en el manejo de la información del universo de beneficios aprobados; la incierta cantidad de acreencias del fondo; la debilidad en el recupero de los aportes reintegrables; la inexistencia de sanciones a beneficiarios incumplidores; fallas en el control y ejecución de los proyectos; debilidades en las compras y contrataciones; ausencia de documentación de respaldo, falta de control en las rendiciones de cuentas; entre otras irregularidades”, dijeron en la oficina de Caputo.

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