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SALTA.- Los productores salteños necesitan recursos presupuestarios oficiales para la realización de obras de hidráulica que optimicen el agua para riego.
La administración y distribución de los caudales de agua en la provincia compete a los consorcios de usuarios, que desde este año reciben los importes del canon de riego para su tarea, en un sistema que permite que los productores de cada zona controlen el reparto del vital elemento.
Los consorcios son personas jurídicas de derecho público no estatales, con autarquía. En la provincia hay 52 en funcionamiento, constituidos por 4800 usuarios, que abarcan 157.000 hectáreas de cultivos.
Como algunos tienen ingresos insuficientes del monto total del canon firmaron un convenio el presidente de la Asociación de Consorcios de Usuarios de Agua Pública (no sólo regantes), Miguel Sastre y el director de la Agencia de Recursos Hídricos, Luis Gambino.
Los consorcios con canales primarios y secundarios revestidos no llegan actualmente al 10 por ciento; unos pocos tienen canales revestidos, pero casi el 80 por ciento deben arman sus sistemas de distribución anualmente en acequias de tierra.
Algunos limpian el sistema de conducción íntegramente y otros deben construir las tomas con ramas, plásticos, piedras, palos y bolsas con arena; los canales y las acequias deben ser trazados todos los años, después del período de lluvias.
Urgencia
Por este motivo, la asociación considera necesario "contar con recursos presupuestarios oficiales por la necesidad de obras, en la mayoría de los casos de menor cuantía que son urgentes y de fundamental importancia para aprovechar eficientemente el recurso", para lo cual hace falta impermeabilizar canales y habilitar embalses y tomas.
La asociación destacó que, a pesar de la escasez de recursos y de infraestructura, "es indudable que la forma más eficiente y equitativa de distribución del agua es la que realizan los propios productores".
Con la agencia, y en cuatro años de gestión, se logró "una pacífica y equitativa distribución" y reducción de los conflictos.
Está pendiente la creación de un tribunal de aguas y dar autarquía y autonomía a la agencia para que no esté sujeta a renovaciones políticas. Debe contar, además, con recursos técnicos y capacidad operativa que le permitan prever situaciones de emergencia.
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