“El robo del siglo”: lo que el Estado se queda de la renta del campo

En estos días se cumple un nuevo aniversario de aquel 13 de enero de 2006, en el que ocurrió el robo de una sucursal bancaria y que, por el monto robado (19 millones de dólares) se denominó “El robo del siglo”.

Usando ese monto en aquel evento, no podemos catalogar ni adjetivar de mejor manera lo que viene ocurriendo durante estos años con los dineros que se le vienen quitando al productor agropecuario en materia impositiva. Y naturalmente hay que poner a las (mal llamadas) retenciones en primer lugar. Una verdadera aberración que toda la política y la sociedad en general toma por algo natural, claro, porque le sacan al otro.

Pero pocos han reparado en un daño colateral que producen las retenciones a la exportación ya que las mismas, como su nombre lo indica, deberían afectar a las toneladas de producto que se exporta. Pero, sorpresa: no es así. También se descuentan del precio de las toneladas que no se exportan y que se consumen en el país. De todos los productos del agro. Por tomar ejemplos, trigo y maíz.

Es decir, el precio se forma sobre la base del cálculo de la exportación, del cual se deducen las retenciones y ese mismo precio es el que rige para el mercado interno, con lo que los productores transfieren parte de su ingreso a las industrias que los transforman localmente.

Muchos centenares de millones de dólares que son genuinamente del productor agropecuario y que podrían ser reinvertidos en el sector se “cuelan” por este concepto y van a parar a las respectivas industrias. Para decirlo clarito: el campo subsidia en montos nada despreciables a las industrias avícola, del cerdo y molinera de trigo. Además, este subsidio ya funciona como un “desacople” del mercado internacional de nada menos que el 12% del precio. ¿Qué más desacople quieren?

Todo esto con el aval del Estado, que publica diariamente los precios de referencia para cada producto (denominado “FAS teórico”) sobre la base de un mercado de exportación, cuando en verdad debería publicar un precio para exportar y otro para el mercado interno.

En rigor de verdad, no haría falta que el Estado publique nada si no fuera por el festival de tipos de cambio (según la época que tomemos) que habilitan las maniobras de sobre/subfacturación de los exportadores/importadores. De todas formas, esos precios que se publican tampoco se cumplen necesariamente ya que es habitual que se pague algo menos a los productores según el capricho de los exportadores o industriales. A esto se agrega el desfase que produce la brecha cambiaria que hace que nuestros productores reciban bastante menos de la mitad de los dólares (verdaderos) que reciben nuestros competidores.

Entonces tenemos: la brecha cambiaria, más las retenciones -inconstitucionales- más el resto de los impuestos que, en el caso de la agricultura, un reciente estudio de la Fundación FADA estima que el Estado se queda con el 63% de la renta del campo, a lo que se debería agregar el subsidio encubierto a las industrias arriba mencionado.

Estamos hablando de más del 70%. Algo a todas luces inequitativo. Ahora bien, no contentos con esto, desde el Poder Ejecutivo impulsan un fideicomiso para ayudar a las industrias supuestamente a vender más barato a la “mesa de los argentinos” ¡Otra vez sopa: todavía menos ingreso para el productor!

¿Quién dice que si las industrias se unieran al campo defendiendo sus reclamos y exigiendo políticas de Estado a favor de la producción y la inversión, en lugar de aceptar fórmulas fracasadas del Gobierno, el precio final de los productos no sería menor que el actual?

Por otra parte, hay que tener claro que el campo no es el responsable de la caída vertical del poder adquisitivo del salario en nuestro país. No hay ya más nada que decir. Esto es absolutamente confiscatorio y, por lo tanto, inconstitucional. Hay un solo camino por delante y es recurrir a la Justicia. Aquí y ahora. El derecho nos asiste.

El autor es productor agropecuario

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