El registro para la carne controlará a quienes no cumplan acuerdos o subfacturen

El nuevo registro para exportar carne en el cual trabaja el Gobierno, y que se conocería hoy, funcionará como un mecanismo de control para las empresas que evaden, subfacturan o incumplen acuerdos de abastecimiento y precios. Contempla sanciones menores en un primer momento y, como un último recurso, la exclusión de operar.

Estos son los detalles de la resolución conjunta en la cual trabajan el Ministerio de Agricultura de la Nación, que conduce Luis Basterra, y el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas.

Ayer, tras una reunión del gabinete económico, entre otras medidas, la jefatura de Gabinete dio a conocer el nuevo registro. “Se crea un nuevo registro de exportaciones de carnes, con intervención de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, a los fines de mejorar el monitoreo de las exportaciones cárnicas y el abastecimiento del mercado interno”, dijo en un comunicado la Jefatura de Gabinete.

Según pudo saber LA NACION, el registro funcionará como una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) como hoy existe en el caso del mercado de granos, donde los exportadores van ingresando lo que tienen para exportar.

“La idea es que haya una DJVE como hay en granos y, si alguna empresa exportadora de carne evade, subfactura o incumple acuerdos se sancione a ella sola y no todo a un sector”, indicó una fuente al tanto del desarrollo del sistema.

En este contexto, trascendió que se formó una mesa de seguimiento entre ambas carteras para esta resolución. “Las sanciones son varias y una es no dar la declaración”, apuntó esa fuente. Añadió que contempla el cumplimiento de acuerdos de abastecimiento y precios.

“Puede haber sanciones menores, la exportación (el no dejar exportar) es la última bala”, explicó la fuente.

Por el momento, este registro es solo para la carne vacuna. El año pasado, las ventas al exterior de carne vacuna superaron las 900.000 toneladas por un valor superior a los US$2800 millones.

El anuncio del registro generó rechazo en la Mesa de Enlace, que teme el regreso de un mecanismo que con Cristina Kirchner como presidenta era para controlar los volúmenes exportados. Ahora, según trascendió, el registro será para las empresas que evaden, subfacturan o incumplen acuerdos de abastecimientos y precios.

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