Esta semana conocimos desde la producción el proyecto presentado por dos diputadas del Frente de Todos para modificar el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y desplazar de su Consejo Directivo a los representantes de los productores y de las universidades.
Si bien este no es el primer embate que sufre el INTA en sus más de 60 años de historia, y en reiteradas oportunidades se lo intentó cooptar como bastión político o incluso como fuente de recursos económicos, no deja de sorprender.
El INTA es un ejemplo de trabajo conjunto entre el sector público y el privado desde su fundación, cuando se crea con el objetivo de “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de esas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y la vida rural”.
De esta forma, se impulsan tres pilares innovadores para esa fecha: el primero, que la investigación y la extensión se realicen bajo la misma estructura; que el instituto sea autónomo y autárquico; y que los productores tengan participación activa en su conducción. Es por eso que su organización depende del Consejo Directivo, que está integrado por representantes del sector público, de la Universidad y de los productores. Son estos tres sectores de la sociedad los que definen las políticas del INTA y aseguran que esos lineamientos sean fruto del diálogo social y del consenso.
El hecho de pretender desplazar no sólo a las entidades rurales del Consejo Directivo sino también a las académicas le quitaría al Instituto la imprescindible conexión directa con la producción y con la universidad que hoy tiene y lo transformaría en un ámbito totalmente político. Nos preguntamos qué es lo que hay detrás de semejante proyecto en un Instituto que es reconocido por la calidad de sus científicos e investigaciones y que cumple un rol destacado en el desarrollo del interior, en las producciones regionales y que es una fuente de consulta para pequeños y medianos productores que no pueden, por su estructura, solventar asesores particulares. Un Instituto gracias al que se desarrollaron reconocidas variedades trigueras y de arroz, así como razas ovinas, para nombrar sólo algunos de los destacados desarrollos.
Por eso queremos defender el actual funcionamiento del INTA tal como viene trabajando hasta hoy desde su fundación, en el ejercicio del diálogo entre diferentes ámbitos de la sociedad, en la pluralidad de opiniones y como ámbito para el desarrollo, la innovación tecnológica y el impulso de la producción. Defendamos así, en la Argentina de la grieta, uno de los pocos ejemplos que nos queda de construcción de consensos y discusión académica, con el objetivo de impulsar el desarrollo hasta en los rincones más recónditos de nuestro país.
El autor es consejero de INTA
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