Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria. Esos ministerios presentaron ayer un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios en forma "sostenible y sustentable", pero sin imponer distancias mínimas tal como, en cambio, ya dispusieron decenas de municipios en el interior con normas restrictivas.
En un encuentro en el Ministerio de Agroindustria, los ministros de esas áreas dieron a conocer los resultados del trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
En el centro de la conferencia de prensa estaban Luis Miguel Etchevehere , ministro de Agroindustria, y Sergio Bergman , ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A su lado, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao , y el de Salud, Adolfo Rubinstein . Los cuatro presentaron las conclusiones del grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y aplicaciones fitosanitarias. "Esperamos que esto sea un insumo para que podamos tener una ley nacional sobre aplicaciones", dijo Etchevehere.
El informe final (que ya está online en la web del Ministerio de Agroindustria) propone 12 principios con el fin de ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento cercanas a centros poblados. "Estos principios ofrecen una guía para que las políticas públicas atiendan debidamente el cuidado de la salud, el ambiente y la producción agrícola ", explicaron en Agroindustria.
El director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, explicó que el documento no establece distancias mínimas. "Haciendo buenas prácticas de aplicaciones la distancia deja de ser relevante. Si se hacen buenas aplicaciones, tanto las provincias como los municipios pueden legislar de acuerdo con su conveniencia. Con buenas prácticas no haría falta hacer mención alguna sobre el tema de distancias", indicó.
El documento recomienda a los ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable "impulsar en el Congreso de la Nación una ley sobre aplicación de fitosanitarios, complementaria de la regulación sobre registro de productos y de la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios".
Bergman destacó que fueron meses intensos de trabajo. "Necesitamos interacción y participación de manera plural y democrática para que no haya debates ideológicos cuando lo que necesitamos es solidez y contundencia. Queremos producir más para salir de la pobreza, pero sin descuidar el ambiente y la salud de la sociedad", expresó.
Los funcionarios explicaron que, a partir de ahora, habrá una etapa en que, a través de una plataforma online, se abrirá una instancia de participación al público durante 30 días. "El equipo tomará los aportes de ese debate y elaborará un documento final que se presentará tanto en el Congreso de la Nación como en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA)", según explicó un funcionario.
En el informe, el grupo de trabajo destacó la importancia de realizar indicadores para el monitoreo de la adopción de las BPA, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control de aquellas en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales.
Vigilancia
Además, se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica de la exposición a fitosanitarios. Al respecto, promueve establecer un marco regulatorio que permita a diferentes grupos asociativos de la actividad agropecuaria asumir las responsabilidades correspondientes en implementación, control entre privados y difusión de las buenas prácticas de manera complementaria a las competencias de las autoridades públicas.
En materia de salud recomienda "fortalecer la vigilancia epidemiológica de los eventos relacionados con la exposición a fitosanitarios".
El grupo de profesionales que realizó el informe estuvo conformado por representantes de los cuatro ministerios y también por miembros del Cofema, del CFA, del INTA y el Senasa. Su trabajo comenzó luego de que a fines de febrero de este año Etchevehere y Bergman firmaran una resolución conjunta para establecer un marco regulatorio para la aplicación de fitosanitarios.
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