El Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo compró, según formalizó hoy en el Boletín Oficial, un millón de paquetes de yerba mate de un kilo cada uno por casi $184 millones. Según pudo saber LA NACION, dos de los proveedores elegidos tuvieron inspecciones durante el año donde se detectó mercadería presuntamente adulterada. La contratación se hizo para atender a la población vulnerable en el marco de la pandemia.
Según las contrataciones dispuestas en la resolución 1123 de esa cartera, Hugo Holowaty, con su producto Yerutí, venderá al Estado 750.000 paquetes de yerba mate elaborada con palo, libre de gluten en envases de un kilo por un valor de $187,97 por unidad, con un monto total de casi $140.977.500. Por otra parte, Ignacio Kleñuk, comercializará 150.000 paquetes a $161 cada uno, con su marca Yo La Vi, por total de $24.150.000.
Asimismo, el Grupo Colonia SA le venderá al Estado unos 100.000 paquetes de yerba mate elaborada con palo, libre de gluten, de un kilogramo cada uno, también de la marca Yerutí a $187,50, unos centavos más barato que la comercializada por Holowaty, por $18.750.000.
En el último año, la policía de Misiones y el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) realizaron operativos, según contó una fuente al tanto de esto, por palitos de yerba mate, un material de descarte que no se debe incorporar al producto pero que se habría comercializado para sumarlo al producto. Los operativos en general fueron por mercadería por $147 millones.
Según pudo saber LA NACION, entre los distintos operativos dos fueron sobre a quienes les comprará el Ministerio de Desarrollo Social: Hugo Holowaty y Ignacio Kleñuk. En rigor, según informó una fuente del caso, se detectó la presunta presencia de palos de yerba mate y, en algunos casos, la molienda y mezcla de esos palos en la yerba mate canchada, superando ampliamente el 30% establecido en el Código Alimentario Argentino.
El negocio de los palitos
Vale aclarar que el INYM considera a los palitos de yerba mate de un tamaño mayor al establecido como un material de descarte del proceso de zarandeo de la materia prima, "por lo cual debe ser inutilizado y no puede ser transportado; menos aún molido y mezclado con la canchada", explicaron a este medio.
Un informe del organismo señala que si los palitos que se comercializan ilegalmente llegan a ser incorporados a las bolsas de yerba canchada valen alrededor de 110 pesos por kilo.
"La yerba canchada tiene una estimación de $130 que a salida de molino queda entre $160 y $170. A eso hay que sumarle el flete, IVA y demás impuestos provinciales. Es poco probable y llama la atención que se pueda comercializar a esos valores por debajo de los costos", dijo la fuente consultada.
Ante una consulta por las empresas vinculadas con los operativos, en el Ministerio de Desarrollo Social señalaron que "cuando las empresas interesadas presentan su oferta también presentan todos sus certificados que son evaluados por un área técnica" de la cartera.
"Cuando finalmente se adjudica y el alimento entra a los depósitos del Ministerio, queda en un "estado de laboratorio", indicaron.
"Luego se manda una muestra al Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Una vez que el INAL dictamina que es apto, recién ahí se puede distribuir. Estas empresas cumplían con lo requerido en los pliegos y se presentaron como todas a través de la plataforma CamprAR", aclararon en la cartera que conduce Arroyo.
En uno de los considerandos de la resolución se destaca que la Dirección de Políticas de Seguridad Alimentaria y la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, en su carácter de áreas técnicas y la Subsecretaria de Asistencia Crítica, evaluaron las propuestas y la documentación técnica presentada por los oferentes, llegando a la conclusión que cumplían con lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.
LA NACION intentó, sin éxito, comunicarse con las empresas que tuvieron los operativos para conocer su versión.
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