El Gobierno busca recuperar la potestad para manejar las retenciones

El Gobierno buscará retomar con el presupuesto 2023 enviado al Congreso las facultades delegadas para manejar las retenciones.

Según advirtió la Fundación Barbechando, que sigue los temas de la agenda legislativa, el Gobierno tiene ese objetivo con el artículo 96 del presupuesto. El texto señala: “Sustitúyese el noveno párrafo del artículo 52 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, por el siguiente: “El Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2023″.

El artículo 52, de la citada ley de diciembre de 2019, había dado al Gobierno la potestad en materia de retenciones hasta diciembre del año pasado. Fijaba allí un tope de 33%, aplicable al caso del grano de soja, y de 15% para productos como trigo y maíz, que hoy tienen un derecho del 12%.

El año pasado, al no aprobarse el presupuesto 2022, el Gobierno perdió las facultades delegadas y la Sociedad Rural Argentina (SRA), junto a la Rural de Jesús María, cuestionaron en la Justicia la legalidad de la continuidad de las retenciones. En rigor, hay un frente judicial abierto derivado de ese reclamo. En tanto, en Junín el juez federal Héctor Plou hizo lugar en primera instancia a un reclamo por inconstitucionalidad presentado por productores. Según las fuentes, son entre 140.000 y 180.000 millones de dólares lo recaudado por el Estado desde que en 2022 se reinstauraron los derechos de exportación.

“Queremos alertar a los legisladores nacionales que el proyecto de ley de Presupuesto 2023 propone que el Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer las facultades de fijar Derechos de Exportación hasta el 31 de diciembre de 2023, retomando las facultades que tenía en la Ley N° 27.541/19 (Ley De Solidaridad Social y Reactivación Productiva), que permitió al gobierno fijarlos hasta el 31 de diciembre de 2021″, señaló Barbechando.

“Creemos firmemente que el camino para el desarrollo de nuestro país son las políticas públicas que generen previsibilidad, estabilidad, con una mirada de largo plazo, que genere dinamismo en las actividades productivas. Los Derechos de Exportación son un gravamen que afecta la generación de empleo, el desarrollo federal y, en definitiva, la capacidad de nuestro país para producir alimentos de calidad para los argentinos y el mundo”, apuntó.

“Seguimos trabajando constructivamente para generar las propuestas que permitan estabilidad fiscal y un desarrollo sostenible”, indicó Barbechando.

El año pasado, con el presupuesto 2022 el exministro de Economía, Martín Guzmán, buscaba asegurarse el manejo de las retenciones hasta diciembre de 2024 inclusive. Como se dijo, el presupuesto no fue aprobado.

Este año, en medio de la invasión de Rusia a Ucrania que en un primer momento tuvo un impacto alcista sobre commodities como el trigo, debido a que esos países representan casi 30% del comercio global de ese cereal, el Gobierno, desde el presidente Alberto Fernández a la cabeza, insistió en varias veces con que necesitaba subir las retenciones para desacoplar los precios internos de los externos.

En rigor, con la excusa de crear un fondo por US$400 millones para subsidiar la harina que llega a las panaderías, en marzo pasado incrementó de 31 a 33% las alícuotas para la harina y el aceite de soja, a la par del grano de la oleaginosa.

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