El destino del INTA: tras el anuncio de Adorni, el Gobierno acelera la motosierra con menos “militancia” y un análisis sobre miles de hectáreas

Luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara un plan para el INTA que incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas, trascendió que el Gobierno buscará “depurar” y “modernizar” el organismo con un proyecto de “recuperación de espacios” y sin “militancia” política.

En rigor, son varios los puntos que están en la mira, según pudo saber LA NACION, como el uso político del organismo, el potenciamiento del capital humano y los proyectos de inversión para aumentar la participación privada. La gran expectativa está puesta en mañana, a las 14, donde a la misma hora de la reunión del Consejo Directivo del INTA, donde confluyen el sector público y el privado con las entidades del agro, dos gremios, Apinta y ATE, van a llevar adelante un paro y manifestación.

El Gobierno, junto con el Consejo Directivo, analizarán el destino de 71.000 hectáreas de tierras. Tras la conferencia de prensa del vocero presidencial, se conoció que el INTA tiene 116.000 hectáreas de tierras y de estas solo se usan 45.000 para experimentaciones con fines comerciales y productivos. Por tanto, hay 71.000 hectáreas que quedarán bajo la lupa, aunque todavía no hay nada definido. Hasta ahora, las decisiones sobre la puesta en venta de tierras no están tomadas y en caso de hacerse lo harán con la aprobación del Consejo.

El Consejo Directivo del INTA está integrado, más allá del sector público, por entidades del sector agropecuario como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. Al ser un órgano colegiado, también está conformado por un representante de la Facultad de Agronomía, uno de la Facultad de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales, así como tres de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre ellos está un veterinario (Carlos Alberto Vera), su presidente [Nicolás Bronzovich] y la vicepresidenta [María Beatriz “Pilu” Giraudo].

Respecto de la situación de las tierras, lo mismo sucede con el conflicto por un terreno del INTA en la provincia de Salta que tiene que tener el aval del Consejo. Se trata de 41 hectáreas cedidas a esa provincia para la construcción de viviendas. La idea es encontrar un esquema ideal donde “prime la razón y desaparezca la militancia política”. En cuanto al edificio que se venderá del INTA en la calle Cerviño, en el barrio porteño de Palermo, que tendrá un precio base de US$6.378.968, los fondos se utilizarían en inversiones de proyectos de investigación. Dentro del edificio, que será subastado el 23 de diciembre, trabajan 140 personas, que serán reubicadas a otras oficinas. Los empleados se trasladarían a oficinas de la Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Economía.

Mañana, desde las 8, se reunirá el Consejo Directivo y hay expectativas por el resultado. No obstante, según pudo saber LA NACION, hasta el cierre de esta edición dentro de la orden del día no estaba en la lista de temas el caso de la venta de tierras, el edificio de Cerviño o Salta. De agregarse, sería propuesto por la máxima autoridad, Bronzovich.

Según trascendió, un punto que hace ruido en el Gobierno es que el 90% de los US$250 millones que se asignan todos los años por ley a través del presupuesto nacional se usan para pagar sueldos. Menos del 10% del presupuesto es cubierto por las prestaciones que el organismo hace con los privados, como servicios o análisis de laboratorio. El organismo trabaja con convenios de regalías para desarrollar genética y con un privado se comercializa de manera conjunta, pero esto solo ocupa menos del 10% del presupuesto. La idea del gobierno es que la participación privada, que hoy es del 10%, pase a ser de un 30% para 2027, que se estimaría en US$75 millones más. Esto sería a través de investigaciones tecnológicas. En el Gobierno espera que todas las entidades agropecuarias den el consenso de que el camino es incrementar la participación público-privada.

Entre 2013 y 2015, con Cristina Kirchner el INTA pasó de 3400 a 7500 empleados; la planta aumentó más de un 100%. Hoy tiene 6852. Esto, en los interiores del Gobierno lo ven como un uso político que habría alejado a la entidad del sentido de existencia y su creación. Adorni en su conferencia de prensa señaló que el INTA “es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron desvirtuados por la gestión anterior” con temas como “las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”.

Fue por eso que, a partir del relevamiento de estos números, comenzaron un proceso de “retiro voluntario”. Si bien saben que “los recursos humanos son su principal capital”, el número de empleados es muy elevado, por lo que intentarán focalizarlo en investigaciones y proyectos productivos con impacto. En el Gobierno todavía no han podido realizar un relevamiento que permita estimar la cantidad de empleados que debería tener actualmente el INTA.

Sin embargo, como parte de este “plan de modernización” darán de baja 227 ingresos que se hicieron el año pasado y que debieron haberse suspendido en enero. Vale recordar que el presidente, Javier Milei, emitió un decreto el año pasado donde indicaba que las personas que ingresaron al Estado en 2023 no iban a tener continuidad. Los contratos fueron rescindidos en otros organismos, menos en el INTA.

En el Gobierno consideran que en la gestión social o “asistencialismo” que se realizaba a través del INTA se tiene que realizar desde el área de Desarrollo Social en vez de un organismo enfocado en investigaciones tecnológicas del agro. Al margen del recorte presupuestario, en el organismo desactivaron cinco programas que estaban vinculados con la Fundación ArgenINTA, del INTA. Ahora apuntan a generar una “agenda productiva” donde todos los productores tengan acceso a las mejores tecnologías y mercados.

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