La iniciativa del senador kirchnerista para modificar el mecanismo de la liquidación de los derechos de exportación fue considerada como negativa por la dirigencia del sector
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En el campo consideraron una “provocación” el proyecto de ley del senador kirchnerista Oscar Parrilli para modificar cómo se hace la liquidación del pago de las retenciones.
En su iniciativa, Parrilli promueve reemplazar el artículo 6 de la ley de granos 21.453 para que para la liquidación se apliquen “los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, o a la fecha de efectivo embarque de la citada exportación, el que resulte mayor”. En el sector exportador sostienen que eso implicaría tomar un valor FOB más alto mientras se abre un escenario de incertidumbre para las operaciones.
Hoy, según la ley, para la liquidación de los derechos de exportación se aplican los regímenes tributarios, de alícuotas, aranceles y base imponible “vigentes a la fecha de cierre de cada venta”.
“Es una provocación, lo siento como una provocación”, señaló Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), al referirse al proyecto del senador kirchnerista. “Me parece que siguen desconociendo cómo comercializa el campo. Lo único que les interesa es recaudar”, señaló.
Chemes alertó que “sería nefasto” el impacto del proyecto de ley, si se aprueba, sobre la actividad. “Se destruiría el mercado de futuros”, afirmó.
También se expresó en duros términos Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, que esta semana en el Congreso, en el marco de una reunión para discutir un proyecto oficial de fomento a la agroindustria, solicitó “la baja paulatina y constante hasta la eliminación total de las retenciones”. Allí propuso algún régimen vinculado con Ganancias.
“Lo de Parrilli es más de lo mismo, no nos sorprende. El kirchnerismo no dobla”, señaló el dirigente. Agregó que “con su ideología” está “en contra de la Argentina de la producción y el empleo”.
Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, dijo que el proyecto es “una intervención más en el mercado”.
“Insistir en repetir experiencias anteriores que tampoco resultaron parece más una provocación al sector para perturbar el clima que vivimos que una búsqueda de soluciones reales. El senador por Neuquén piensa más en la situación de los granos que en temas petroleros cuando importar gasoil y gas requiere de US$12.000 millones, tanto como lo que se retiene por retenciones a lo granos y que son divisas que se van en beneficio de los países petroleros”, señaló.
Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dio una respuesta irónica que se vincula con la presentación judicial que hizo la entidad en la Justicia de Córdoba para que se declare nulo el actual cobro de los derechos de exportación. Vale recordar que el año pasado, al no votarse el presupuesto 2022 en el Congreso, el Gobierno perdió las facultades delegadas en materia de derechos de exportación.
Más críticas
“Estamos halagados de que el senador entienda que los tributos se discuten en el Parlamento y que no lo pueden hacer más por decreto”, dijo. Consideró que esto “es un gran avance” y que tal vez tenga que ver con la presentación judicial que hizo la Rural en conjunto con la Sociedad Rural de Jesús María.
“No están vigentes y no deberían cobrarse, así que celebramos que entiendan que es dentro del ámbito de el Parlamento donde hay que discutir los tributos”, dijo Costamagna.
Sobre el proyecto indicó que la idea que tiene el kirchnerismo “es déficit fiscal y más inflación para todos los argentinos y lo que busca es recaudar más sin entender cómo funcionan los mercados, cómo se liquidan las exportaciones y sin entender que los mercados de futuros son una herramienta importante”. Para Costamagna, el proyecto busca “una recaudación mayor”.
Por su parte, Alejandro Ferrero, director de la SRA en Córdoba y candidato a presidente de la Rural por la lista Unidad y Acción, opinó: “Esto en vez de incentivar al sector privado, generando más confianza, lo que hace es agregar más incertidumbre para los que trabajamos todos los días y queremos sacar el país adelante. Son proyectos trasnochados que generan más ruido en momentos que necesitamos un mínimo de horizonte para poder planificar y continuar con las actividades”. También agregó que el proyecto va en línea de “seguir destruyendo los mercados”.
“La Argentina está en una crisis profunda y necesitamos responsabilidad, no estos proyectos trasnochados y fracasados varias veces. Aspiro a la responsabilidad de los políticos”, remarcó Ferrero.
Por su parte, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), señaló que “toda intervención que modifique las cuestiones comerciales termina siempre perjudicando al productor, que es el primer eslabón donde recae todo”.
“Este es un proyecto que tiene esa característica, puede eliminar lo que es la venta futura y quita liquidez, genera inestabilidad porque no hay un margen de precio donde se pueda generar el mercado”, apuntó.
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