En su discurso, el presidente de la Rural, Nicolás Pino, marcó críticas al Gobierno por su política agropecuaria
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Tras la peor sequía que se recuerde y frente a la perspectiva de un año Niño que traiga lluvias, el campo quiere pasar rápido de página. De igual forma lo quiere hacer con el gobierno de Alberto Fernández.
Por esa razón, no fue extraño que el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, fuera más enfático en transmitir un mensaje para toda la dirigencia política que en hacer un acopio de críticas a una administración que le quedan apenas cuatro meses para dejar la Casa Rosada. Y no es que faltaran cosas para recordar. La primera fue la promesa del propio Fernández, luego de las PASO de 2019, que le dijo a la Mesa de Enlace que no iba a tomar decisiones sin tenerla en cuenta.
Hizo lo contrario. En su primer año de gobierno intentó expropiar y estatizar la cerealera Vicentin, que se había declarado en cesación de pagos. Eso fue interpretado como un ataque directo a la propiedad privada. Meses después cerró temporalmente las exportaciones de maíz y luego las de carne. Además, el aumento de los precios internacionales de los granos por la invasión de Rusia a Ucrania lo vivió como una pesadilla en vez de una oportunidad para revalorizar a nivel mundial el peso de la Argentina y el Mercosur en el sostenimiento de la seguridad alimentaria global.
Pese al destrato de la Casa Rosada, que seguía la tradición del kirchnerismo, desde los tiempos de la resolución 125 de 2008, el campo terminó siendo un sostén clave del gobierno de Fernández. En 2022, liquidó divisas por más de US$40.000 millones, un récord absoluto, y fue el sector de la economía que más dólares ingresó al país por exportaciones de bienes.
Sin embargo, esa cifra no se pudo repetir este año por la catástrofe climática. Por la peor sequía que se tenga memoria se perdieron 50 millones de toneladas de maíz, soja y trigo, aproximadamente el 40% de toda la cosecha que se proyectaba cuando comenzó la siembra. En divisas, esto significó una merma de poco más de US$20.000 millones. Y para la economía diaria de los pueblos del interior, se tradujo en menos trabajo para transportistas, comerciantes y contratistas de maquinaria agrícola, entre otros, que forman parte de la vasta red productiva que se genera desde el campo.
Política
La respuesta del Gobierno al impacto del fenómeno climático sobre los productores fue más declamativa que práctica. Apenas hubo aprobaciones de declaraciones de emergencia que tienen poco impacto en las cuentas de las empresas agropecuarias. Como política de fondo, mantiene la brecha cambiaria, las restricciones a las importaciones de insumos, las retenciones y los cupos para exportar granos y trabas a la carne. A eso se suman las diferentes versiones de tipo de cambio diferencial, dólar soja y dólar agro, que el ministro Massa viene llevando adelante desde septiembre del año pasado con el objetivo de aliviar el rojo de reservas más que con el de mejorar la competitividad del campo.
Esas políticas de parches contrastan con lo que sucede en los países de la región que tienen condiciones de suelo y clima similares, y en algunos casos mucho peores, que las del territorio nacional. Sin retenciones ni prohibiciones al comercio exterior, el crecimiento de las exportaciones de carnes, lácteos, granos y productos forestales es más elevado en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil que la Argentina, tal como remarcó Pino en su discurso.
En un mundo con creciente inseguridad alimentaria por la pandemia, el clima y la guerra, que tiene a 735 millones de personas con hambre a nivel mundial, 122 millones más que hace cuatro años, según datos de las Naciones Unidas, el Mercosur todavía tiene un papel clave a nivel global como productor de alimentos. Y la Argentina de los cepos y la presión impositiva exorbitante no parece estar a la altura de ese desafío.
Pese a ese contexto de políticas que no le dan certezas, el campo quiere ir para adelante. Lo reconoció un reciente informe oficial, de la Subsecretaría de Agricultura, que estimó una inversión en capital de trabajo para la campaña agrícola 2023/24, que ya comenzó con la siembra de trigo, por más de US$24.000 millones. Si se suman los gastos de cosecha, comercialización y estructura, se llega a unos US$40.000 millones. No hay muchos otros sectores de la economía que año a año tengan semejante volumen de gasto e inversión, y menos que lo hagan con medidas que cambian las reglas de juego a mitad de camino.
No es casual que en la Exposición Rural se piense en pasar rápido de página y que el año que viene sea mejor que este.
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