El campo impugnó un bono extra para empleados del sector

La Mesa de Enlace presentó hoy en conjunto con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) un recurso administrativo en contra de una resolución que le otorgó un bono de $26.000 a los trabajadores rurales del gremio de la Uatre. Ese bono es extra a los $24.000 fijados por el Gobierno.

Hace unas semanas, la Uatre y el Gobierno avanzaron con ese bono en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. La medida generó malestar en las entidades de la producción, que anunciaron que iban a accionar administrativamente en contra del bono.

Finalmente, las entidades lo hicieron hoy y en la presentación solicitaron suspender sus efectos. En los últimos días se insistió desde la actividad sobre el impacto de la sequía y los mayores costos como factores que dificultaban el cumplimiento del bono, además de no haber sido consensuado.

La Rural informó así a sus socios sobre la presentación: “En el día de hoy, la Sociedad Rural Argentina en conjunto con las entidades de la Comisión de Enlace y la CAME, presentó un recurso administrativo ante el Ministerio de Trabajo impugnando la resolución 230 de la CNTA que dispuso un bono de fin de año acordado entre la Uatre y el gobierno nacional”.

“Creemos que las condiciones que atraviesan los productores de distintas regiones del país es crítica, luego de un 2022 que comenzó con incendios y un 2023 que arrastra una sequía que pone en riesgo la rentabilidad, en un contexto económico complejo”, agregó. Señaló: “Es así que esperamos que las autoridades competentes hagan lugar al reclamo”.

La semana pasada, la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) rechazó la medida y alertó que sus socios podrían “oponerse administrativa y judicialmente”.

Alertó: ”En los últimos 4 años, se han generalizado quebrantos económicos en el sector, presentando particularmente en el año 2022 situaciones graves que resultaron en, más allá de dificultades de rentabilidad, el desperdicio de más de 300.000 toneladas de fruta, lo cual dejó al margen de la cadena a productores de extensa trayectoria en la región. Situación que se vio ampliamente agravada por la erradicación forzosa a fines del 2022 de más de 6500 hectáreas de limón (12% sobre la superficie total) por su baja productividad y la imposibilidad de afrontar los costos de explotación para el 2023 de otro sinnúmero de hectáreas, con la pérdida de numerosos puestos de trabajos”.

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