El inicio de la cosecha volvió a poner sobre la mesa una problemática recurrente en las economías regionales: la falta de mano de obra. Es que, año tras año, las tareas estacionales del sector requieren más de 600.000 trabajadores, que se trasladan por diversas regiones del país. Mientras los productores plantean la necesidad de fomentar políticas que estimulen el empleo registrado, los representantes gremiales exigen que se garanticen condiciones laborales dignas y mejores salarios.
"Este es un tema de larga data. Ya en la anterior administración kirchnerista, cuando aparecieron las asignaciones familiares, los cosecheros no querían entablar un trabajo en blanco porque decían que se les daba de baja el plan", comentó, en diálogo con LA NACION, Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
"Hay muchos productores que están buscando mano de obra y no encuentran. Nos pasó al principio con el arándano, con la cereza en Mendoza, y ahora se vienen las grandes demandas en el Alto Valle, como son peras y manzanas", apuntó Vernengo. Desde CAME le reclaman al Gobierno que garantice que aquellos beneficiarios de programas sociales, al ser contratados, no pierdan la ayuda social.
"El problema de no conseguir mano de obra es que la productividad baja, los costos se elevan y la rentabilidad de los productores cae. Para solucionarlo, se tienen que involucrar los cuatro ministerios: Agricultura, Producción, Economía y Trabajo. Pero son muy pocos a los que de verdad les interesa lo que pasa en el campo", agregó.
En 2020, el 55% de los argentinos estuvo alcanzado por algún programa o plan social. A la Asignación Universal por Hijo (AUH), que cubre a 4 millones de madres, se le sumaron los 1,5 millones de la Tarjeta Alimentar. Además, en ese hogar podría haber un cobro por el Plan Potenciar Trabajo, que en el Presupuesto 2021 tiene una meta de 870.000 beneficiarios. La emergencia de la pandemia, en tanto, obligó a crear el IFE, que llegó a unos 8,9 millones.
Hay un mecanismo de mala información por el cual el trabajador, ante el miedo de que se le caigan los beneficios, no quiere formalizarse
¿Pero cuál es el vínculo real entre la asistencia social y la escasez de trabajo registrado? Para el director regional de Adecco Argentina, Federico Azeglio, el problema es sobre todo el desconocimiento: "Hay un mecanismo de mala información por el cual el trabajador, ante el miedo de que se le caigan los beneficios, no quiere formalizarse. Lo que sucede es que, una vez que se ingresa al mercado laboral, esas asignaciones se posponen. Eso puede llevar a que la gente piense que las pierde definitivamente, cuando en realidad no es así".
En ese sentido, el abogado José Luis Fuentes, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), coincide en que hay ciertas distorsiones que deberían atenderse. "Uno de los problemas que se señalan en el sector yerbatero es la incompatibilidad de la AUH con el trabajo formal. Una vez que al tarefero se lo registra, automáticamente se le cae ese beneficio y el de la Tarjeta Alimentar. Es así que trabaja cuatro meses, como mucho, y cuando termina la relación de dependencia, no se le repone el programa de manera inmediata y pierde dos o tres meses de cobro. Eso a muchos compañeros no les cierra", dijo a LA NACION.
Salarios
¿Cómo en un país donde el desempleo roza el 12%, las economías regionales ven peligrar sus cosechas por falta de trabajadores? Para responder a ese interrogante se deben tener en cuenta algunos otros datos macroeconómicos de los últimos años. Y, de ellos, sobre todo uno: la estrepitosa caída que sufrieron los salarios, con una canasta básica alimentaria que aumentó un 45,5% en 2020, casi diez puntos por encima de la inflación
"El salario mínimo de bolsillo para un trabajador golondrina está hoy en 35 mil pesos. Hay actividades en las que inclusive es mucho más alto: en peras y manzanas ronda los 70 mil", remarcó Vernengo. En cambio, Raúl Karaben, expresidente de la cooperativa yerbatera Piporé, matizó esa apreciación al referirse a su sector: "Con 22 días de trabajo, lo que gana un tarefero dudo que llegue a los 30 mil pesos al mes. Como se paga por jornada, el valor diario neto apenas alcanza los 1300 pesos. Realmente es un salario muy bajo, creo que uno de los más bajos del país".
Si un tarefero pudiese hoy, cosechando 300 o 500 kilos por día, acceder aunque sea al valor de la canasta básica, el problema de la falta de mano de obra estaría resuelto
En esa línea, del lado de los trabajadores se pone el acento en la "necesidad impostergable" de que mejoren los ingresos. "Habría que preguntarse por qué alguien prefiere sobrevivir con un plan social de 9000 pesos, que apenas le alcanza para comer, en lugar de ganar 14.000 en blanco. Quizás ya no le dé lo mismo ir y ser explotado en un yerbal a cambio de migajas", señaló Rubén Ortiz, referente del sector tarefero y exsecretario general de la CTA Autónoma de Misiones.
"Es inconcebible que alguien que trabaja más de ocho horas gane menos del salario mínimo que le corresponde. Si un tarefero pudiese hoy, cosechando 300 o 500 kilos por día, acceder aunque sea al valor de la canasta básica, el problema de la falta de mano de obra estaría resuelto. La gente estaría haciendo fila. Pero en estas condiciones eso no puede suceder", alertó Ortiz.
Sin embargo, la situación no es la misma en todas las regiones. Para Eduardo Rodríguez, productor tabacalero de Salta, la cuestión no pasaría por los bajos salarios que perciben los trabajadores, sino por la falta de rentabilidad: "El precio del tabaco se ha ido perdiendo a lo largo de los años. Antes la rentabilidad era bastante importante, ya que sacando 1000 kilos por hectárea alcanzaba. Hoy se necesitan más de 2300 kilos. Y para llegar a esa producción, la inversión que conlleva es importantísima, y todo con insumos dolarizados".
"Hoy un sueldo en el sector está entre 1500 y 1700 pesos por día y no me parece un mal número. Hay que tener en cuenta que para cosechar una hectárea de tabaco se necesitan 120 personas. Es mucha gente. Y nuestro sector es uno de los más prolijos en ese sentido, ya que tenemos convenios de corresponsabilidad laboral y en contra del trabajo infantil", agregó.
Por su parte, Sergio Delapierre, director de Secaderos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), afirmó ante LA NACION que si no se realizan algunos cambios en las leyes laborales, el problema de la falta de mano de obra continuará en forma cada vez más aguda: "Hace poco más de un año presenté un proyecto de ley para la provincia de Misiones, a modo de plan piloto, de una aplicación que permitiría contratar mano de obra en forma inmediata, utilizando las listas de beneficiarios de la Anses. Hasta el momento no tuve demasiado eco".
"Hay que hacerle llegar a las autoridades que existe una necesidad tremenda de buscar soluciones que sean buenas para todos. Que haya más gente con posibilidades de trabajar formalmente le hace bien al país y ayuda a fortalecer el mercado interno. Tenemos que poder salir de este pantano en el que estamos metidos", concluyó el funcionario.
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