La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) emitió hoy un documento, firmado por su titular Gabriel De Raedemaeker, donde alerta que los cambios al Código Penal impulsados por el Poder Ejecutivo, cuyo proyecto ya fue girado al Senado, pretenden "equiparar las penas que eventualmente pudieran corresponderles a los productores con las que les caben a ladrones, violadores o asesinos seriales". Cartez hizo esa comparación en relación a los eventuales delitos contra el ambiente y la biodiversidad que se incorporarían.
En su escrito, la entidad también se quejó de una "hipocresía demagógica" hacia los productores agropecuarios, que "pusieron a disposición del país la cosecha más grande de la historia".
Según explicaron en la Fundación Barbechando, que realiza un seguimiento de los temas legislativos, el proyecto al que hace referencia Cartez incorpora los delitos de contaminación y otros daños al ambiente, se prevén los delitos de maltrato y crueldad contra los animales y la fauna silvestre, y se incluyen delitos contra el patrimonio genético nacional.
Con sede en Córdoba, Cartez nació hace casi 80 años y es una entidad gremial agropecuaria adherida a Confederaciones Rurales Argentina (CRA).
En el documento, De Raedemaeker se pregunta si es razonable que un productor de carne o leche "pueda ser acusado de cometer delitos contra la biodiversidad por llevar adelante su actividad productiva legal".
"No es casualidad que los capitales huyan de un país cuyos dirigentes ni siquiera están dispuestos a brindar seguridad jurídica a quien invierte, a quien genera puestos de trabajo, a quien provee divisas genuinas al tiempo que cumple con la ley, en inferioridad de condiciones respecto de sus competidores. La dirigencia política parece no estar a la altura de lo que necesita la Argentina", indica.
Cartez destaca que el "único aliado" con el que contó el sector en este ciclo agrícola fue el clima, y que los productores "no pueden sentirse cómodos desempeñando el papel de mesías bajo las reglas de juego que les imponen para llevar adelante su actividad como el cambio permanente de pautas económicas, presión fiscal asfixiante, tasas de interés usurarias, inflación indomable, dólar artificialmente atrasado, retenciones a las exportaciones, etc".
Según dijeron fuentes legislativas a LA NACION, en el Congreso será muy importante el asesoramiento técnico por parte de las comisiones donde se trate el tema para definir con exactitud los alcances del delito. "Si vos no das una definición clara corrés el riesgo de caer en la ambigüedad en la sentencia de los jueces porque ahí queda todo a libre interpretación de ellos", explicaron.
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