Hace 20 años: el Estado bonaerense expropió los campos de 44 productores para una obra y nunca les pagó

Pese al esfuerzo por contener la emoción, Ana Micheli se quiebra al recordar el día en que, con su nieto recién nacido en brazos, fue a tomarse la última foto en el lugar favorito del campo de su abuelo en el partido bonaerense de Junín. Allí, en medio del paisaje que la había visto crecer, se alzaba una tapera que pronto dejó de existir. En 2004 solo faltaban unos días para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en ese momento a cargo de Felipe Solá, demoliera todo para dar paso a la obra de regularización de la laguna Mar Chiquita.

Aquella parte del establecimiento que había heredado fue expropiada. “Desde ese día hasta hoy empezó la tortura”, dice Micheli. Su nieto está por cumplir 21 años, pero el Estado todavía no le pagó lo que le corresponde por las tierras que le quitaron. Le sacaron 10,84 hectáreas para la construcción de un terraplén y, además, otras 20 hectáreas quedaron inutilizadas porque, con la obra, se inundan cada vez que sube el agua.

No es la única. Como ella, al menos 44 propietarios han vivido el mismo calvario durante dos décadas, con idas y venidas en la Justicia y con la incertidumbre de si algún día recibirán el dinero por las tierras que el Estado se quedó. Es una expropiación que se hizo dentro del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, iniciado durante el gobierno de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires y con Néstor Kirchner a nivel nacional. Los productores denuncian que, a pesar de haber iniciado acciones legales, el caso sigue navegando en la Justicia y ellos nunca recibieron el pago. A esto se suma lo que denuncian que el Estado pretende pagarles: el valor de la hectárea fijado en US$12.500 en 2011, pero utilizando el tipo de cambio de ese año, $4,23 por dólar, sin actualizarlo según la cotización actual. En el caso de Micheli, la productora recibiría apenas $584.502,75 por sus 10,8 hectáreas.

“Me decían que me quedara tranquila, que lo iba a cobrar rápido, y ya pasaron más de 20 años”, dice Micheli. El dolor de Ana se percibe en su voz, que a ratos se apaga en silencios que delatan su angustia. “A mí se me cierra la garganta cuando hablo de esto”, agrega. “Yo adoro ese campo”, indica. Describe que ahora, en el medio del campo que era propiedad de su abuelo y que su madre heredó con 100 hectáreas, hay una muralla de ocho metros de alto que divide el terreno en dos.

En diálogo con LA NACION, la abogada de Micheli, Mariana Armendáriz, explicó que en el Departamento Judicial de Junín hay 44 expedientes sobre el mismo tema, cada uno perteneciente a un propietario diferente. A la fecha han pasado más de 20 años y, pese a las diversas instancias del proceso, las personas aún no han podido cobrar. Todo está vinculado a la obra de canalización de la Cañada Las Horquetas, su relación con la laguna La Picasa (Santa Fe), la regulación en la laguna Mar Chiquita y el sistema lagunas Gómez-Carpincho-Rocha, además de la canalización del tramo superior del Salado, en el partido de Junín.

Disputa

La expropiación tuvo lugar en 2004 y, desde entonces, se inició un proceso para determinar el valor de la tierra. “En el caso de nuestra clienta, el Estado ofreció una tasación de US$2800 por hectárea, mientras que la pericia determinó que el valor real era de US$12.500 por hectárea. O sea, una diferencia tremenda”, afirma la abogada.

Cuando se estableció el valor de la hectárea, el Estado apeló y el caso llegó a la Cámara Contenciosa Administrativa de San Nicolás. Esta resolvió en contra del Estado, pero el Fisco llevó el caso a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires en 2012. Desde entonces, “duerme el sueño de los justos”.

“Nosotros, cada año, presentábamos escritos pidiendo un pronto despacho y la única respuesta de la Corte era: ‘Téngase presente para su oportunidad’, pero la oportunidad nunca llegaba”, indica.

En abril de 2024, la Corte provincial remitió nuevamente los 44 expedientes al Juzgado Contencioso Administrativo de Junín, en resoluciones prácticamente simultáneas y con referencias a la tasa de interés a aplicar. “Inmediatamente, el Fisco solicitó la apertura de cuentas en el Banco Provincia para, supuestamente, cumplir con la sentencia. Sin embargo, intentaban pagar a valores de 2004 pesificados. Para ilustrarlo, en el expediente que tratamos, el valor de 10 hectáreas sería de apenas $3,5 millones de pesos”, detalla la abogada.

“Nosotros impugnamos esa liquidación, argumentando que estaba malinterpretado el fallo. Si bien en su momento se especificó la sentencia, el valor de la hectárea se fijó en dólares a la cotización de 2011. Entonces, ahora la liquidación debería hacerse tomando el valor de la hectárea a US$12.500, al dólar oficial o dólar MEP, más el interés del 6% anual, tal como estableció la Corte Suprema de la provincia. Este porcentaje es razonable en dólares, pero en pesos al año 2011 no tiene sentido alguno”, sostiene.

El Juzgado de Primera Instancia en Junín les dio la razón y ordenó que se tomara el valor que ellos argumentaban. “El Fisco apeló, argumentando que ya existía cosa juzgada y que esta resolución atentaba contra la seguridad jurídica. El juez, a su vez, ordenó al Fisco que al menos depositara el dinero mientras se resolvía el caso, pero esto no ocurrió”, precisa. El expediente pasó a la Cámara Contenciosa Administrativa de San Nicolás, que confirmó el fallo de primera instancia en forma parcial por diferencias en el cálculo de los intereses. El Fisco presentó un recurso de inaplicabilidad de ley, una herramienta legal utilizada para revisar la correcta aplicación de la normativa, y el caso fue elevado nuevamente a la Corte Suprema de Justicia provincial.

“Esta indefensión que puede sentir un ciudadano común frente al Estado, que tiene todo el aparato a su favor y sigue dilatando el proceso, hace sentir que no hay justicia. Una justicia que demora 20 años, con perspectivas de 10 o 12 años más para cumplir una sentencia, ¿qué tipo de justicia es?”, cuestiona Armendariz.

“Mis padres fallecieron los dos esperando que el Estado les pague la expropiación”, dice Miguel Linguido, quien no solo representa a otros damnificados, sino que vivió en carne propia esta agonía. Los afectados fueron sus padres, a quienes les expropiaron 19 hectáreas, casi el 15% del campo que tenía en ese momento, de 130 hectáreas dedicadas a la producción mixta de agricultura y ganadería. “Sin embargo, murieron sin nunca haber podido recibir el pago”, se lamenta.

Al igual que Micheli, después de haber estado 10 años en la Corte Suprema bonaerense, su causa volvió el año pasado con una sentencia favorable, pero la provincia lo apeló nuevamente y regresó a la Corte. “La ley de expropiaciones establece que, al ceder un derecho de propiedad en beneficio del interés general, el propietario debe recibir una indemnización justa, es decir, que con el dinero que te paguen puedas adquirir la misma porción de hectáreas que te sacaron en el mercado. Pero eso no lo cumplen”, señala.

Javier Musotto, abogado de Linguido, agrega que, además de no recibir el pago, los productores enfrentan perjuicios adicionales. ”No le construyeron alambradas a los lados del canal, -como lo prevé la Ley de Expropiaciones, y además estaba ínsito en el Pliego de Licitación de dicha Obra Pública-; motivo por el cual se le cayeron al canal decenas de animales y se les ahogaron; no le construyeron tampoco puente para unir las parcelas separadas por el megacanal, con lo que le dificultó enormemente el traslado de hacienda, maquinarias y personal para el trabajo y continuidad de la empresa agropecuaria, esta también fue una omisión al cumplimiento de la norma de expropiaciones de la provincia”, explica.

“A su vez le destruyeron las aguadas completas con bebederos para la hacienda cuando las maquinarias construyeron el canal y jamás le repusieron o le reconstruyeron las mismas, con ingentes costos a su cargo para la reposición de las mismas”, agrega.

En este contexto, en diálogo con LA NACION, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Junín y miembro de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Gustavo Frederking, se refirió a la preocupación por el tema porque son muchos los productores afectados por esto. Están manteniendo reuniones con diferentes sectores para tratar de que todo se visibilice, ya que ven que pasan los años y la situación no se resuelve.

“El Estado hace la plancha. Espera y deja que el tiempo pase. Siempre buscan la manera de dilatarlo, incluso con sentencias favorables para los propietarios. Siempre encuentran algún vericueto legal para seguir postergando todo y pasarle la responsabilidad al funcionario que venga después”, dice Linguido resignado. “Le dije a mi hija que tiene 14 años que estudie abogacía para que lo cobre ella el día de mañana”, concluye.

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