Dólar soja 3: ¿Hasta cuándo estos sistemas distorsivos?

El ministro de Economía, Dr. Sergio Massa, acaba de lograr que se sancione en el día de ayer la instrumentación de un nuevo dólar agro a través del Decreto 194/23. En este caso, el tipo de cambio prometido para quienes adhieran al sistema será de $300, no sólo para el complejo sojero, sino para algunos productos de economías regionales que todavía no se conocen.

Esta medida es una continuación del llamado “Programa de Incremento Exportador” (que no tiene nada de incremento sino que se trata de anticipos) y que originalmente se instrumentó con el Decreto 576/22 por el que se pagó entre el 4 y 30 de septiembre de 2022 un dólar de $200, sólo a los exportadores del complejo sojero, y el Decreto 787/22, por el que se pagó a los mismos exportadores, entre el 28 de noviembre y el pasado 30 de diciembre, $230 por dólar liquidado.

Según distintas fuentes de información recabada, con el llamado “dólar soja 1″ se liquidaron aproximadamente 7664 millones de dólares, con el “soja 2″ unos 3155 millones y se espera que con este “soja 3 + economías regionales”, que será más extenso en el tiempo (31 de mayo para el complejo sojero y 30 de agosto para el resto), se liquiden unos 6000 millones.

Conclusión: los tres programas arrojarían anticipos en la liquidación de divisas por cerca de 16.800 millones de dólares sumado a los anticipos en el pago de derechos de exportación de las nuevas registraciones que se realicen de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior, en el caso de productos alcanzados por la Ley 21.452, más el pago de derechos de los productos que no se encuentran alcanzados por dicha ley.

Todo esto se hace en aras de contribuir a robustecer las reservas del Banco Central. Lo que el ministro se olvida de mencionar es la multiplicación de efectos negativos que producen estas medidas no sólo en cuanto a emisión monetaria que retroalimenta la inflación, sino la pérdida directa que el funcionario le genera al Estado nacional, comprando con total conciencia de sus actos dólares a $200, $230 o a $300 y vendiendo dólares (en promedio de los períodos mencionados para cada decreto) a $143 y $172, así como un estimado acompañando al “dólar soja 3″ (al ritmo devaluatorio del tipo de cambio oficial del último mes) de aproximadamente $ 230.

Estas sucesivas pérdidas estimadas estarán en el rango de entre el 30% y 40% del total liquidado. Por lo tanto, y sin considerar la pérdida cambiaria sobre el anticipo de los derechos de exportación, la pérdida podría estar en el orden del 35% sobre los mencionados 16.800 millones de dólares, es decir, en casi unos 6000 millones de dólares, si se vendieran la misma cantidad de dólares que se compran. De todas formas, vendiendo más o menos cantidades, por no tomar medidas profundas respecto a la política cambiaria, las pérdidas existirán.

Me pregunto cuál es la responsabilidad directa del funcionario público cuando realiza este tipo de programas que arrojan pérdidas al erario público, con evidente conciencia y posibilidad de cálculo de las mismas. ¿No pasa nada? ¿No tiene ninguna responsabilidad civil?

Obviamente, habrá que hacer un análisis más fino, día por día de los ingresos y egresos de divisas de los tres programas, así como del anticipo en el pago de los derechos de exportación y su correspondiente pérdida si se los hubiesen percibido en el futuro, antes de iniciar cualquier tipo de acción contra los responsables de las pérdidas ocasionadas al Estado y, por ende a la ciudadanía, como resultaron en el pasado las acciones de otro incompetente ministro de Economía, como lo fue Axel Kicillof, con la mala praxis aplicada en la nacionalización de YPF o en la distorsión en el manejo de los datos del Indec que afectaron los bonos atados al crecimiento del PBI.

El autor fue subsecretario de Mercados Agropecuarios

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