El país debe ese monto de canon anual para ser parte de la Federación Internacional de Lechería; Flavio Mastellone apunta a juntar apoyos para que se cancele el compromiso y se apruebe una propuesta privada; el Gobierno “no pondrá plata”
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CÓRDOBA.- La Argentina, que ocupa el noveno puesto en el ranking de producción mundial de leche, fue suspendida por la asamblea de la Federación Internacional de Lechería (FIL) por una deuda de unos 50.000 euros. La medida se extenderá hasta tanto el país pague y se apruebe un nuevo modelo de gestión que promueve un empresario argentino, no ya con la identificación del Estado ante la FIL, sino con un consorcio privado donde también estén universidades. El país había regresado en 2017 como integrante del organismo después de estar 16 años afuera.
Fuentes del área de lechería de la gestión de Javier Milei indicaron que el Gobierno “no pondrá plata” y que son los privados los que deben hacerse cargo del pago. El país tiene hasta los primeros meses del 2025 para regularizar la situación. En tanto, Flavio Mastellone es el empresario más activo en el intento de convencer a sus pares que aporten los recursos, pero el problema de fondo -dicen varios de sus pares- no es tanto el dinero, sino que haya “compromiso de todos los actores del sector”.
“El compromiso que aseguro yo es un modelo donde no se identifique a la Argentina con un gobierno, sino el sector privado, con universidades [para temas técnicos como bienestar animal, entre otros], un consorcio privado; está suspendida [la Argentina en la FIL] hasta que se apruebe un nuevo modelo de gestión”, señaló el empresario a LA NACION.
Contó que tuvo el apoyo de países de América Latina e incluso de Estados Unidos para evitar la expulsión de la federación internacional. “A Estados Unidos le interesó mucho este trabajo; sentí más apoyo externo”, acotó. Luego agregó sobre los próximos pasos: “Voy a poner una cuenta en la FIL y cada uno haga el aporte”.
El empresario señaló que se movió pensando en la lechería. “Me manejo pensando en la lechería, en el país y buscando las oportunidades”. Agregó que tiene buen vínculo con la Secretaría de Agricultura que conduce Sergio Iraeta y también con la canciller, Diana Mondino. Señaló que, si bien, la Argentina estaba la FIL, gobiernos anteriores “nunca pagaron”. Señaló que medidas del gobierno actual, como haber eliminado las retenciones a los lácteos y los reintegros, dieron otro imagen ante el mundo.
Lo que viene
Si bien la cuota anual es de unos 50.000 euros, hay que contar con un presupuesto que podría alcanzar al triple de esa cifra para sostener los equipos técnicos y la participación en reuniones internacionales que se hacen en diferentes países a lo largo del año. Con la suspensión el país no puede votar en la federación.
Ser miembro pleno de la FIL -integrada por 53 países- implica el acceso a información clave sobre políticas lecheras productivas, tecnológicas y científicas, compartidas por otros países que cuentan con industrias lecheras desarrolladas. Además, implica poder participar en el desarrollo de normativa internacional que se aplica en el sector.
La actual deuda de 50.000 euros no es la primera que tiene el país, que ya tuvo problemas de pagos en otras oportunidades. La Argentina, en 1903, fue uno de los 16 países fundadores y permaneció como miembro pleno hasta los años 50. Después salió y reingresó en los 80 cuando permaneció tres años; retornó en 1998 hasta 2001. En 2016 se solicitó el reingreso como full member, lo que sucedió en 2017.
En la última asamblea, realizada el lunes pasado en París, la decisión era la expulsión de la Argentina, pero al final se tomó un camino intermedio y se la suspendió hasta tanto se ponga al día con los pagos y se apruebe el modelo de gestión. En esa oportunidad también se designó al francés Gilles Fromen como nuevo presidente de la FIL.
El canon anual es de unos 50.000 euros y los socios de la FIL son los países, no las cámaras. Ya en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández los representantes de la industria realizaron una serie de gestiones y plantearon que, para seguir, ellos asumían el “compromiso” de aportar recursos “si el Estado y las cámaras de producción primaria también lo hacían”.
“Hay un componente político en la decisión a tomar. La industria aportará lo suyo si el Estado y el sector primario también se comprometen”, indicó a LA NACION en tanto el titular de una importante empresa láctea.
Mastellone, por su parte, apuntó que su propuesta contempla que, en lugar de estar en muchas comisiones, la Argentina participe en dos o tres.
Con la colaboración de Fernando Bertello
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