En la ciudad capital expresaron su malestar por la eliminación de un sistema de prevención del granizo con aviones
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MENDOZA.- Ya se encienden las alertas en esta provincia frente a un enemigo que no da tregua: el granizo. Es que en dos meses las tormentas podrían arrasar con todo, ya que proteger los cultivos con mallas no es una opción en el corto plazo, advierten los productores. Así, bajo un clima enrarecido y controversial, los agricultores mendocinos salieron a las calles en caravana en contra del gobierno provincial para que restablezca de manera urgente el sistema aéreo de lucha contra la piedra, el cual fue eliminado comienzos de julio por su “ineficacia histórica”, según entienden las autoridades locales.
Los productores aseguran que la lucha con aviones debe coexistir con los créditos para la compra de malla y el seguro agrícola. De esta manera, al igual que intendentes del sur y el este mendocino, comenzaron a levantar la voz para que se de marcha atrás con la baja del sistema. Hasta ahora el Ejecutivo se mantiene en su postura, aunque podría dejar en manos de las comunas la operatividad del programa de sembrado de nubes, junto con el sector privado, algo que no termina de convencer a los afectados, quienes consideran que el tiempo es perentorio y que se necesita una mayor presencia del Estado local.
“Es una vergüenza cómo nos han dejado: desprotegidos. Se toman decisiones sin dialogar, y estamos a pocos meses que nos sorprendan las tormentas. Está claro que no podemos techar nuestras fincas con las mallas de un día para el otro; además, no todos los productores tienen acceso al crédito y no existe técnicamente un proveedor que logre cubrir rápido todas las hectáreas”, comentó Federico, un productor del este mendocino que se plegó al reclamo por las calles del microcentro provincial junto a cientos de trabajadores de los campos mendocinos, llegando en sus vehículos hasta la explanada de la Casa de Gobierno.
Allí hicieron llegar un petitorio a los responsables del Ministerio de la Producción, donde se establecen varios reclamos, dirigidos también al gobernador Alfredo Cornejo, quien se limitó a decir días atrás que no los dejará solos, aunque confirmó que el manejo provincial de lucha antigranizo con aviones había llegado a su fin.
En el escrito, los manifestantes dejaron en claro los cuatro puntos que consideran críticos y que debe existir una respuesta oficial. En este sentido, exigen la continuidad de la mitigación con aviones en la lucha antigranizo; la anulación del nuevo Código de Aguas para seguir priorizando y garantizando el acceso al agua para la agricultura; la reapertura o sustitución del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y el Instituto de Desarrollo Comercial (IDC) para garantizar el desarrollo rural y comercial de la provincia, así como la revisión y mejora de la ley de contratos que se pretende derogar, para garantizar la transparencia y equidad, en la comercialización de la producción.
“Pedimos que se abra un diálogo con los sectores afectados para encontrar soluciones que beneficien a todos. Esperamos que se tomen en cuenta nuestras exigencias y se trabajen soluciones que garanticen el bienestar y la continuidad de la agricultura en nuestra provincia”, indicaron en un documento firmado por Productores Unidos y Autoconvocados de Mendoza.
“También es una movilización, por la política, en contra del gobernador que como aliado político del presidente nos están dando la espalda para que nos fundamos y así poder disponer del escaso recurso como el agua para la actividad minera”, completó Leandro, otro de los productores que se mostró preocupado por la realidad local y nacional, acerca de la eliminación del Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf).
Esto además de los aumentos por encima de la inflación anual de los costos de producción y en dólares, superiores al ajuste del precio de la uva, del 60% anual; la ausencia de medidas de reducción de impuestos distorsivos; la aprobación de la ley RIGI que propone “todas las ventajas a las nuevas inversiones extranjeras en desmedro de la industria local”; y la eliminación de programas de financiamiento a la inversión vitivinícola.
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