"Suena a venganza": la reacción en el campo tras aprobarse otro proyecto de Máximo Kirchner

CÓRDOBA.- La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción este miércoles a la madrugada al proyecto de Máximo Kirchner que modifica la ley de manejo del fuego y prohíbe entre 30 años y 60 años el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios u actividades de cualquier tipo que sean distintas al uso que las tierras tenían al momento del incendio. Uno de los ejes de los cuestionamientos es que no diferencia entre fuego intencional y accidental. La otra gran incógnita es cómo se fiscalizará.

También hay otros aspectos como la capacidad operativa del poder de policía del Estado para controlar qué se hacía antes en una tierra, por cuánto tiempo se hizo y si los daños provocados por un incendio le permitirían o no seguir con la producción que traía.

Inés del Valle Asís, economista especialista en temas ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba, entiende que si no se separa incendio intencional de accidental la norma es "un despropósito, es sembrar un problema serio en lo jurídico".

"Es reconocer que fracasamos con el sistema de control del fuego y en todas las leyes sancionadas –agregó-. Hay contradicciones en las legislaciones y desconocimiento de la problemática".

El proyecto fue defendido por Leonardo Grosso, del Frente de Todos, y presidente de la Comisión de Recursos Naturales. "El fuego va a dejar de ser un negocio", sostuvo y apuntó a la oposición de Juntos por el Cambio -que rechazó la iniciativa- planteando que el problema es "que es incompatible ser neoliberal y ambientalista. Es incompatible ser de Cambiemos y ambientalista. Aunque la mona se vista de seda, mona queda, y aunque el secretario de Ambiente se vista de árbol…".

Las prohibiciones se extenderán por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales "a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas".

El presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, calificó a la norma como "un ataque directo al campo, casi suena a una venganza, ya que limitar o restringir a alguien su derecho de propiedad por hasta 60 años es una medida extrema, especialmente cuando ni siquiera se probó la intencionalidad o la culpa".

"Para empezar, hay que entender cómo se inició un fuego, quiénes son sus verdaderos causantes, porque en la inmensa mayoría de los casos los dueños de los campos o los productores no tienen ninguna responsabilidad en los incendios Por eso, lo vemos como un ataque de alguien que no entiende mucho de campo", agregó.

Roberto Palomo, dirigente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), planteó que en el caso de Tucumán en el invierno –cuando quedan los restos secos de la cosecha de caña de azúcar- se quema cerca del 20% de los lotes. "En esos casos la norma es inaplicable. Es un problema que tampoco distinga entre el fuego intencional y el provocado por terceros; el productor lo último que quiere es que se le queme la tierra".

Desde Santiago del Estero, el referente de CRA Pablo Karnatz indicó a LA NACION que en el norte del país se producen incendios naturales por las altas temperaturas: "Forma parte del ecosistema esa dinámica, incluso un rayo incendia una zona seca y los productores no tenemos nada que ver, somos perjudicados. Puede haber infractores, pero eso ya es otra cosa. En lo aprobado hay, por lo menos, desconocimiento".

Del Valle Asís también indicó que no se pueden extrapolar situaciones de otros países, como España. "El ordenamiento de uso de suelo no es la misma, no tiene nada que ver. Cuando España comenzó a invertir más en prevención de incendios, empezó a bajar los daños".

Además, puso la lupa en un tema central: "Cómo se va a fiscalizar lo que avanza como ley sino se fiscaliza el cumplimiento de la ley de bosques; cómo se va monitorear y controlar. Si no lo hicimos con la ley de bosques nativos cómo van a hacerlo con esto". Advirtió que el costo de fiscalización es "altísimo".

Para Pelegrina, esta ley puede transformarse en una "herramienta de extorsión muy poderosa. Sabemos que el fuego puede extenderse como consecuencia del viento para muchos lados con mucha facilidad. Entonces, alguien que busca provocar un daño a un tercero puede iniciarlo, generándole un perjuicio económico enorme a través de esta ley. Es, potencialmente una herramienta muy peligrosa".

"Los senadores que van a recibir este proyecto de ley con media sanción de Diputados, y también los gobernadores, tienen que entender que sus provincias tienen sus propias leyes de manejo de fuego, en muchos casos, más sofisticadas que la nacional, por lo que, de aprobar esta ley, van a validar una nueva intervención del gobierno central en sus jurisdicciones, afectando el federalismo -añadió-. En vez de pensar estos proyectos, ¿por qué no piensan cómo hacer más eficiente la detección temprana, la prevención y el control del fuego?

Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de CRA, señaló que este tema pareciera una decisión más que "constituye una provocación" al campo. "Pareciera que están buscando el enemigo perfecto -resumió-. Es absurdo no separar lo intencional de lo que no es; en Córdoba, en el caso de tierras de bosque nativo, si se comprueba daño intencional es a perpetuidad la imposibilidad de cambiar el uso del suelo".

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