Lo planteó la Mesa Nacional del Trigo, que agrupa a actores del sector y se reunió en Leones, Córdoba; pedido para que se eliminen las trabas al comercio
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CÓRDOBA.- Eliminar los derechos de exportación que “desalientan la producción”; permitir la apertura de importaciones para insumos estratégicos; generar financiamiento para toda la cadena y derogar las resoluciones que lo limitan son algunos de los reclamos de la 9° Mesa Nacional del Trigo, donde participaron todos los actores que componen la cadena. En el ciclo 2022/2023 la cosecha nacional cayó 45% en medio de la sequía y baja de la siembra y se espera una merma de US$3000 millones por exportaciones.
La Mesa se reunió en el marco de la 67° Fiesta Nacional del Trigo en Leones (Córdoba) y busca construir entre públicos y privados “una agenda de trabajo que apunte a robustecer y ampliar el horizonte de la política triguera para los próximos años”. El objetivo es que esos lineamientos sean un compromiso de “política de Estado y de una política empresaria a largo plazo y de alto impacto para la sociedad en su comunión con lo urbano y rural”.
En el acta final, en el segmento destinado a los reclamos del sector -a donde piden la presencia de las “máximas autoridades nacionales” en estos espacios de interés- la cadena señala que es imprescindible tener “previsibilidad, que el gobierno genere reglas claras, sin modificaciones durante el período de cultivo como mínimo” a la vez que ratifica la necesidad de “eliminar los mecanismos de intervenciones distorsivos formales e informales”.
En esa línea, rechaza “enfáticamente” la formación de fideicomisos o herramientas similares, le dice “no” al desdoblamiento cambiario y pide poder comprar insumos al mismo valor del dólar que se vende la mercadería.
Otro punto es el pedido de analizar el sistema de incremento en las exportaciones de la industria molinera y generar beneficios para aquellas operaciones que superen los valores actuales. Entienden que el Estado debe “intervenir urgentemente” para frenar la marginalidad y terminar con el “contrabando”, especialmente en la frontera norte.
La cadena entiende que debe “ser parte de un plan que cumpla aunque sea etapas, pero concretas y medibles”, que se debe llevar adelante una reforma fiscal equitativa que “privilegie los impuestos a las ganancias” a la vez que rechaza Ingresos Brutos y retenciones.
Impulsar un proyecto de ley para el uso de semilla certificada a través de una doble deducción de Ganancias es otro factor abordado, al igual que la realización del Mapa Nacional de Calidad de Trigo, con relevamiento gratuito; también solicita la trazabilidad, seguimiento y acceso a la información en lo referido a la multiplicación y comercialización del trigo HB4.
“Los equilibrios se logran con normas claras. Por lo cual, se solicita avanzar en las propuestas legislativas que contribuyan a toda la cadena: ley de Semillas y recursos fitogenéticos estratégicos (bancos de germoplasma), ley de Promoción de Fertilizantes y ley Agroindustrial”, plantea el acta.
El ministro de Agricultura cordobés, Sergio Busso, encabezó la Mesa; destacó la “institucionalidad” del espacio y compartió que hay que apostar a la “construcción articulada de políticas públicas que nos permitan producir cada vez más”.
“En la provincia tenemos que llegar al millón y medio de hectáreas de trigo. Y para alcanzar ese objetivo debemos generar incentivos”, dijo.
En tanto, Francisco Becerra, director por Córdoba de la Sociedad Rural Argentina (SRA), señaló: “La situación de los productores es mucho más crítica de lo que el gobierno y la gente percibe, vengo de una recorriida por el norte del país y en Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Jujuy la mitad de la superficie se pudo sembrar [cultivos de verano] recién en las últimas semanas y el riesgo de cosecha es muy alto. Hay productores devolviendo la semilla que compraron para sembrar”.
Luego observó: “La Mesa Nacional del Trigo sigue siendo una foto, sin poder dar el debate de fondo de los distintos eslabones de la cadena”.
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