Denuncian que les quieren expropiar miles de hectáreas y apuntan al Gobierno de Santa Fe

Un grupo de productores del departamento de General López, en la provincia de Santa Fe, denunció que el gobernador Omar Perotti está permitiendo que les “expropien” los campos ubicados en la zona de la laguna La Picasa con el argumento de un procedimiento de “servidumbre”. Desde el gobierno provincial aclararon a LA NACION que la intención anunciada a través de una resolución “es buena” porque busca resarcir a los productores donde la cota está por debajo de los 102,5 metros.

El 3 de mayo pasado, los productores de esa región comenzaron a recibir notificaciones escritas en donde les informaban que el gobierno provincial iba a proceder a “la expropiación o servidumbre” en los campos de la zona, aunque la finalidad de esta decisión para ellos nunca quedó clara.

Al respecto, en la resolución N° 382, del 28 de abril pasado sobre obras internas de la cuenca laguna La Picasa, se señaló que por la ley N° 11.699 “se declara genéricamente de interés general la expropiación a todos los inmuebles que la autoridad administrativa determine como necesarios (...)”.

A raíz de este aviso, que hace referencia a un plan de obras proyectado para regular los niveles de la laguna y conducir los excesos hídricos de la cuenca, productores comenzaron a vivir una suerte de periplo, ante el temor de que la provincia se quede con campos que, entre otras actividades, utilizan para la agricultura.

“El comité de cuenca de la provincia vino a hacer una reunión con los productores y querían que les firmaran un papel de expropiación o servidumbre. Hay productores que tienen hasta 4000 hectáreas en esa zona. En ese momento nadie firmó nada y los sacaron volando. Les pidieron que no volvieran a pisar ese lugar, porque los del comité no dieron respuestas claras del por qué estaban procediendo. La gente que bajó de la provincia no supo explicar por qué estaban procediendo”, dijo Enrique Rey, presidente de la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe.

Al proceder a la servidumbre o expropiación, explicó el productor, la cota se elevaría a 104 metros y podrían inundarse, en su opinión, las localidades de Diego de Alvear, San Gregorio y Aaron Castellanos. El agua llegaría hasta el borde de los pueblos. Además, subrayó que La Picasa tiene que estar en un nivel de cota 90-102 para que no tenga ningún tipo de problema.

“Al elevar la cota en 104 te suben las napas y se inundan todos los campos a los que nunca les llegó el agua de la laguna. Si les llega se perdería toda la producción y, por supuesto, todos los productores se quedan sin nada. Hay obras que se están haciendo y hay un canal por gravedad que se hizo hace tiempo y tenía una loma que se logró cortar para que el agua pueda tener su caudal”, expresó.

El año pasado, cuando la laguna creció, las tres comunas construyeron cabañas para atraer el turismo en esa zona. “Creemos que viene por ese lado el interés, por la presión que le están poniendo las comunas al tema. No nos dejaron ver el expediente cuando pidieron la expropiación o servidumbre, para ver por qué la provincia la pedía”, observó.

El término servidumbre y/o expropiación para los productores consiste en que la provincia pasa a ser “dueña del campo”, aunque el productor puede seguir explotándolo, como en el primer caso. Si la provincia lo quiere inundar, lo puede hacer sin consultarle.

“La provincia va a ser dueña toda la vida del campo y el productor va a seguir explotándolo hasta que la provincia decida lo contrario”, indicó el ruralista. Los datos que manejan los productores es que la laguna alcanza 70 partidas de campos y abarca más de 30.000 hectáreas, donde hay productores afectados.

“Nosotros queremos que venga Omar Perotti y nos de una explicación de por qué tomaron la decisión de hacer la servidumbre, que nos sean claro, habiendo obras y todo para que el agua pueda salir de la laguna”, pidió Rey. Los productores creen que detrás hay un interés comercial por el que se estaría procediendo a realizar esta servidumbre. “Hay un negociado, hay algo detrás que sugiere que la provincia tiene otros intereses, porque hay un interés genuino y nosotros queremos saber cuál es, porque no nos dejaron ver el expediente para ver por qué la provincia procedía a esto”, afirmó el productor que se convirtió en el rostro detrás de la denuncia.

La respuesta del Gobierno

Roberto Gioria es secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe y aclaró que, de ninguna manera, la intención es llevar la cota a 104 metros y que el nivel máximo de espera es de 102,5. En caso de que haya un evento importante de lluvias podría llegar a 103.5 y, entonces, reflejaría que hay una afectación.

“Lo que se pretende es resarcir a los productores por esa afectación que nosotros le estamos provocando, por ese uso que se le va a dar a esa servidumbre o expropiación de los campos. La Picasa se usa como un embalse, una represa, entonces, a los dueños hay que resarcirlos de alguna manera. Esto es un beneficio para el productor, porque no se le saca el campo, no se le afecta en nada, es más, se les paga”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que la resolución habla de “expropiación y/o servidumbre” en ambos términos. “Hay algunos que están por debajo de 102,5, que tienen el campo inundado siempre”, dijo, por lo que habría quienes estarían de acuerdo con que se haga una servidumbre.

El funcionario explicó que esta ha sido una laguna que, como promedio, ocupaba 3000 hectáreas y cuando tuvo su inundación máxima pasó a afectar 60.000 hectáreas.

Para controlar esta situación, explicó que se hizo un sistema de drenaje y reservorios donde las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe tienen cada una un porcentaje para disminuir los picos de la crecida. A través de este acuerdo interjurisdiccional también hicieron sistemas de bombeos (norte y sur) que sacan el agua hacia otro sistema.

Detalló que una estación de bombeo norte, que está sobre Santa Fe, había dejado de funcionar por falta de mantenimiento y que necesita 10 metros cúbicos por segundo. “Es una medida de caudal que hay que extraer para mantener la laguna en un cierto nivel, pero para eso se están haciendo las licitaciones para ver cómo se hará el manejo de todo el sistema”, aclaró.

Gioria precisó que la medida no es perjudicial para los productores, sino que la intención es “buena”. Agregó que a quien no quiera recibir una servidumbre no se le va a hacer, aunque esté por debajo de 102,5.

“Esto es poner blanco sobre negro a una situación que nunca ha sido tenida en cuenta”, afirmó. Los productores que no estén de acuerdo con la servidumbre pueden pedir por nota que no se realice, aunque estén por debajo de 102,5. “Al tener los planos, las mensuras, la idea es resarcirlos”, señaló.

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