En Carbap alertaron sobre un incremento del 125% por un adicional fijado en la cuarta cuota del Inmobiliario Rural; en ARBA dijeron, en tanto, que el porcentaje rondará el 25%
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Lejos quedó el gesto del gobernador Axel Kicillof para con el campo bonaerense cuando en abril pasado decidió no actualizar el valor de la segunda cuota del impuesto Inmobiliario Rural que vencía en junio. Ahora dispuso, según estimaron los dirigentes, un incremento del 125% como adicional a pagar con la cuarta y última cuota del tributo que vence en noviembre próximo. La ley fiscal provincial dejaba la posibilidad al Poder Ejecutivo provincial de aplicar ese incremento, pero en el agro no esperaban su implementación. Contra el aumento calculado por los ruralistas, en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dijeron que el incremento del adicional solo será de un 25%.
Conocida la noticia, generó mucha preocupación en los productores de la provincia que ven un grave perjuicio no solo por el monto a pagar, sino por el momento en que deben hacerlo a las puertas de una nueva campaña de granos gruesos de soja y de maíz. Horacio Salaverri, expresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), y actualmente en la Comisión de Impuestos de la entidad, señaló que hay un malestar muy grande en el sector agropecuario por la “desacertada” decisión de Kicillof de aplicar ese adicional.
Como se mencionó, una consulta, en ARBA indicaron que no es cómo plantea el ruralismo sino que, tal como salió publicado en el Boletín Oficial de la provincia el 29 de agosto pasado, “la cuota adicional puede ser hasta un 25% del total del impuesto, tomado como un tributo anual que se paga en cuatro cuotas”.
En cambio, Salavarri explicó que la decisión de aplicarlo tiene una incidencia mayor en los números del agro porque “el productor no se encuentra bien plantado, por los costos de la campaña de granos gruesos. Cae en muy mala época hacia el sector porque en ese momento la agricultura se encuentra a pleno con los gastos de la implantación y el cuidado de la soja y el maíz”, dijo a LA NACION.
Para Salaverri, el origen de este aumento se basa en el artículo 139 de la Ley Fiscal que le permitía un cobro adicional, donde a la cuota número cuatro “prácticamente la han duplicado en un 100%”.
“Es como una 5ta. cuota encubierta, acumulando mayor valor en la cuarta, pese que está abierta la posibilidad de cobrar esa 5ta. cuota”, indicó.
Claramente, el artículo establece que el Poder Ejecutivo provincial puede cobrar un adicional que no debe ser más alto que la sumatoria de la cuarta parte de las cuotas cobradas. “El tema central es que, cuando se coloca el adicional en la última cuota, lo que está haciendo es cobrar un 125%, no un 100%. Han querido hacer el juego de que no cobran la 5ta. cuota pero nos hacen pagar este adicional. Y, como simbólico, no se toca el complementario, una por tantas”, explicó.
En diciembre pasado, la Legislatura provincial, tras una larga negociación y con apoyo de parte de la oposición, sancionó el proyecto de ley impositiva 2024 con un tope de aumento del 200%. Ese tope nunca se dio en los hechos porque, al retirar dos beneficios que tenían los productores de buen contribuyente y pago electrónico, los incrementos fueron mucho mayores.
“El año pasado fueron las cuatro cuotas iguales, pero este año se hizo el ajuste de que el incremento no podía superar el 200%. Este límite nunca se dio porque al sacar esos beneficios el productor ya pagaba con un incremento entre 240 y 270%. Ahora, cuando se le aplica el adicional, el gobierno bonaerense está cobrando en términos matemáticos un 125%, sumado al 240 y 270%. O sea, hay un incremento mucho más alto cuando el espíritu de la ley era que no se cobrase más de 200% de aumento”, señaló.
En el gobierno bonaerense, dijo Salaverri, se jactan de que esta suba solo impacta al 9% de las parcelas totales provinciales, pero habría una trampa en ese número. Porque, si bien es verdad que el aumento afecta solo a las parcelas con una base imponible mayor a $39 millones, en el universo del 81% que queda por fuera del incremento en su mayoría son parcelas periurbanas pequeñas de una o dos hectáreas que están consideradas rurales, como quintas y chacras.
“El 9% de las parcelas no significa que sea el 9% de las hectáreas. Una parcela puede ser de una hectárea como de 500 hectáreas. A la vuelta de un pueblo pueden haber unas 42 parcelas rurales y eso diluye el número de parcelas rurales totales. Es un juego el que hacen. Estimamos que hay alrededor de 300.000 partidas en la provincia de Buenos Aires. Lo que está claro es que del 9% de las parcelas no son el 9% de las hectáreas ni de los contribuyentes”, remarcó.
El año pasado, luego que el gobierno anterior le había sacado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la coparticipación y se la pasó a la provincia de Buenos Aires, Kicillof recibió $800.000 millones y, según informes económicos, fueron otros $700.000 millones de transferencias discrecionales. “Hoy esas dos partidas ya no las tiene. Recién ahora va a recibir más dinero por el Impuesto a las Ganancias que sí son coparticipables y le mejoran los números. Pese a esto, como el adicional lo tenía en la ley, lo aplicó directamente”, aseguró.
Por último, el dirigente ruralista fue cauto en lo que van a hacer de aquí en adelante como entidad, porque recién ahora se está pagando la 3º cuota. Dijo que el Consejo Directivo de Carbap, que preside Ignacio Kovarsky, junto a las comisiones y a las zonales, analizarán y definirán en los próximos días qué actitud van a tomar al respecto.
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