Mientras algunos sectores piden la eliminación del artículo que promueve la adhesión al acuerdo Upov 91 porque podría afectar a los productores, otros lo respaldan, considerándolo clave para la inversión en investigación genética
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La decisión del Gobierno de Javier Milei de adherirse al Convenio UPOV del 91, incluido en la ley ómnibus, genera cada vez más discrepancias en el sector agropecuario. Mientras algunas entidades abogan por la eliminación del artículo al considerar que afectaría a los productores, otras respaldan la medida, destacándola como esencial para la inversión en investigación genética.
La UPOV del año 1991 se refiere al Acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales que establece estándares para proteger los derechos de los obtentores de nuevas variedades de semillas. Entre los artículos de la ley ómnibus se encuentra la propuesta del gobierno de que el país se adhiera a este acuerdo. Desde que el Gobierno presentó el proyecto, esto ha generado polémica.
Una de las entidades que expresó su posición es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) que pidio “la no adhesión al UPOV 91″ y solicitó la exclusión de dicho artículo de la Ley de Bases que está en tratamiento en el Congreso de la Nación. La entidad participó activamente en la Comisión de Granos y Medio Ambiente, donde se debatió sobre la posición del Gobierno.
La entidad fundamenta esta postura en la percepción de una “falsa argumentación” por parte del Gobierno y considera que el acceso a la tecnología genética puede lograrse mediante “una ley de Semillas consensuada sin necesidad de adherir al Upov 91″, siguiendo el enfoque adoptado por Brasil.
Carbap señala que la adhesión al tratado internacional implica la necesidad de “solicitar autorización a los obtentores (algo que puede ser denegado)” para el uso propio de semillas por parte de los agricultores. Además, otorga a los obtentores “una mayor extensión de derechos hasta el producto de la cosecha (lo cosechado)”, lo que, según la entidad presidida por Horacio Salaverri, afectaría “la apropiación de la renta del productor y una ampliación en la duración del derecho de propiedad”.
Desde Carbap, enfatizan la necesidad de “consensuar una actualización de la ley de Semillas, sin imposiciones ni atajos”, buscando mantener “el respeto y el equilibrio por los derechos de cada eslabón de la cadena”.
En contraste, 26 cámaras y entidades de la agroindustria argentina expresan su respaldo a la propuesta de adhesión al Convenio de la UPOV del 91. En un comunicado conjunto, plantearon que esta decisión es “estratégica para el país”, permitiéndole consolidar su liderazgo como proveedor mundial de alimentos. Además, destacaron la importancia de la innovación en la producción de alimentos, especialmente ante la creciente demanda y los desafíos del cambio climático.
En relación con el reconocimiento y respeto a la propiedad intelectual, sostuvieron que es una herramienta crucial para incentivar la inversión en investigación y desarrollo. “El reconocimiento y respeto a la propiedad intelectual son herramientas fundamentales para que los estados miembros de Upov cuenten con las mejores obtenciones vegetales para ponerlas a disposición de todos los productores en todas las cadenas de valor”, afirmaron las cámaras y entidades.
Finalmente, reiteraron el apoyo de las cámaras y entidades agroindustriales a que Argentina avance en la adhesión al Acta de 1991 de la Convención de UPOV. “Estamos convencidos de que esta decisión traerá beneficios a toda la cadena productiva y transformadora de alimentos, fibras y biocombustibles en nuestro país”, afirmaron las organizaciones.
Firmaron el documento: Asociación Citrícola del Noreste Agentino; Asociación Forestal Argentina; Asociación Semilleros Argentinos; Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales; Federación Argentina de la Industria Molinera; Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal; Cámara Argentina de la Alfalfa; Cámara Argentina de Feedlot; Cámara Argentina de Productores Avícolas; Coninagro; Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas; Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas.
También participan la Cámara Argentina de Biocombustibles; Cámara de Procesadores y Exportadores de Maíz Pisingallo; Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina; Cámara de la Industria Cervecera Argentina: Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes; Centro de Exportadores de Cereales; Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales; Centro de Empresas Procesadoras Avícolas; Cámara de Legumbres de la República Argentina; MAIZAR y Matba-Rofex.
Sustentabilidad
Por otro lado, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Apresid) destacó la falencia legislativa que no incentiva el desarrollo de especies vegetales mejoradas. En este contexto, consideraron en la organizacion que es necesario discutir el marco regulatorio sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (Upov) “para generar un sistema aggiornado, dinámico y efectivo que dé respuesta a las demandas locales, regionales y globales”.
Bajo esta perspectiva, destacaron la importancia del mejoramiento genético como “elemento fundamental para la sustentabilidad de los sistemas agrobioindustriales y el desarrollo socioeconómico del país.” En este contexto, plantearon la necesidad de mejorar genéticamente especies vegetales para aumentar la producción de alimentos de manera sustentable, contribuyendo así a la seguridad alimentaria global y mitigando el cambio climático.
La asociación de productores declaró que “hoy existe la oportunidad de poder avanzar en cambios que permitan mejorar las reglamentaciones en este sentido, con la convicción de contar con una mejor genética que va a beneficiar al país, a todos los integrantes de la comunidad agroalimentaria, y especialmente, a los productores agropecuarios.”
Sin embargo, también expresaron preocupación por la carga financiera que recae sobre los productores. En palabras del Apresid, “vemos con preocupación que sigan cayendo sobre el productor: costos, impuestos y DEX que terminan impidiendo el acceso a las tecnologías o impactan de manera desfavorable sobre la rentabilidad y sustentabilidad de los sistemas productivos y de los productores.”
LA NACIONTemas
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