Crece la controversia entre la Aduana y los exportadores por una supuesta sobrefacturación de soja importada

La Aduana informó que confirmó una denuncia contra dos de siete cerealeras que habrían sobrefacturado soja importada desde Paraguay. En el organismo que dirige Guillermo Michel dijeron que en 2020 iniciaron sumarios a distintas cerealeras, aunque no se aclara a qué fecha hacen referencia las operaciones en cuestión. No obstante, esto desencadenó una investigación que habría sido confirmada a través de una supuesta documentación que llegó esta semana, tres años después, desde el país vecino. Las empresas sancionadas aseguran que los sumarios son previos, que no hacen referencia a nuevas investigaciones, pero que tampoco han sido informadas sobre las multas. En el sector llama la atención que el vecino país haya demorado tres años en enviar una aparente factura de confirmación de las sobrefacturaciones.

Desde la oficina de Michel aseguraron que Paraguay envió la factura comercial donde figuran valores inferiores a los declarados en la Argentina. LA NACION solicitó ver los documentos en cuestión, pero respondieron que forman parte del “secreto fiscal”. La Aduana había adelantado a principios de esta semana que estaban investigando a siete firmas porque presuntamente realizaban “triangulaciones indebidas”, aunque no se conocieron las fechas de las operaciones. Mencionó a las siguientes firmas: Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Cargill SA, Cofco International, LDC Argentina SA (Louis Dreyfus Company), Molinos Agro SA, Viterra Argentina SA.

Este miércoles, tal y como habían adelantado a este medio, desde esa dependencia confirmaron que fueron multadas Vicentin SA por $446.368.298 y Cofco por $52.278.729, dos de las siete firmas que estaban siendo investigadas por ese organismo, por operaciones que iban desde 2020 al 2022. Según argumentaron, los documentos que supuestamente proveyeron las autoridades del país vecino “confirman que se sobrefacturaron importaciones”. La infracción obedecería al artículo 954 del Código Aduanero.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) dijeron que los dos casos a los que hace referencia la Aduana son investigaciones previas, que no están vinculadas a lo que se anunció, por lo que serían dos cosas distintas. “De hecho, Vicentin dejó de operar hace varios años. Por otra parte, las empresas no fueron notificadas de ninguna investigación ni tampoco se abrió el proceso administrativo para que realicen los descargos correspondientes”, aclararon.

En 2020, explicaron en la Aduana, se iniciaron sumarios a distintas cerealeras por sobrefacturación en importación temporal de poroto de soja por más de US$55 millones, encontrándose estas actuaciones algunas con condenas y otras en trámite. Además, aclararon que los sumarios se están tramitando en distintas etapas procesales. Algunos, dijeron, ya tienen un fallo y están en proceso de notificación.

“La investigación que originó la apertura de los sumarios contenciosos, comenzó en 2020 y hace pocos días llegó la respuesta del país vecino. Durante todo este período las firmas tuvieron la oportunidad de efectuar su derecho de defensa y de ofrecer sus pruebas. Por parte de la Aduana, una vez que llegó la documentación probatoria desde el exterior, pudo dictar los fallos condenatorios”, dijeron en el comunicado.

Según precisaron, la supuesta maniobra consistía en importar la mercadería directamente desde Paraguay con refacturaciones de intermediarios radicados en otros países. “El valor de la operación documentada en Paraguay era 30% más bajo que el registrado en Argentina. Se presume que el verdadero objetivo de la maniobra es fugar al exterior divisas obtenidas a valor oficial”, añadieron. Como se mencionó días atrás, en Aduana aseguran que en total hay más de 3000 operaciones bajo análisis.

De acuerdo con la Aduana, en las operaciones investigadas la mercadería fue importada a la Argentina para ser procesada y luego reexportada. Esto se hacía bajo el régimen de importaciones temporales. El valor del insumo importado se deduce de los eventuales derechos de exportación del producto elaborado en la Argentina para exportar. Así, la presunta sobrefacturación de las importaciones les habría permitido a las empresas investigadas deducir casi US$4 millones más de lo que correspondía.

Descargo

Fuentes cercanas a Vicentin indicaron a LA NACION que la empresa dejó de hacer operaciones por cuenta propia el 4 de diciembre de 2019, por lo que argumentaron que no es posible que haya operaciones de 2020, ya que desde entonces todas las operaciones son a fasón, es decir hay terceros trabajando en sus plantas. Sin embargo, mencionaron que, en efecto, los sumarios a los que hace referencia Aduana se iniciaron en el 2020. En aquel entonces fueron notificados y, al igual que otras firmas, apelaron el fallo ante el Tribunal Superior Fiscal. “Ese reclamo fue recibido hace tres años y se tomó la decisión de apelar”, deslizaron. Sobre la notificación de las nuevas multas a las que hace referencia la Aduana dijeron que no tienen información al respecto.

El régimen de importaciones temporales de insumos es una operatoria común de todas las firmas cerealeras: se utiliza para procesar y luego exportar al mundo con valor agregado. En esta empresa, que se encuentra en concurso preventivo de acreedores, reiteraron que “no corresponde la aplicación” del fallo, ya que “no están fuera del marco regulatorio vigente”. Una cosa que llamó la atención entre las exportadoras es que la Aduana de Paraguay haya tardado tres años en mandar a la Argentina las facturas en cuestión.

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