“Copiada del kirchnerismo”: el campo le dio un ultimátum al Gobierno por una norma del Banco Central

Cuando quedan cuatro días para que venza una normativa, prorrogada ya en diciembre pasado por el Banco Central (BCRA), que encareció el crédito a los productores de soja desde el gobierno de Alberto Fernández, la Mesa de Enlace le dio un ultimátum al gobierno de Javier Milei por este tema: exigió que la medida no sea renovada. Si la autoridad monetaria no trata mañana el tema en su habitual reunión de los jueves, la resolución se caería, lo cual es lo que esperan en el campo que ocurra. LA NACION había informado la semana pasada que esa era una gran posibilidad, según pudo averiguar. Además de pedir por el fin de la normativa, la Mesa de Enlace coló nuevamente un reclamo para que se terminen las retenciones y el impuesto PAIS.

“El próximo 30 de junio vence la prórroga de una de las medidas más injustas aplicadas en los últimos años. Se trata de lo dispuesto oportunamente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través de la Comunicación “A” 7931, que establece un recargo en la tasa a los productores de trigo y soja con más del 5% de existencias”, señaló la Mesa de Enlace en un comunicado difundido esta mañana.

La agrupación, que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), viene en rigor reclamando la eliminación de esa resolución desde su origen, en septiembre de 2022, cuando se puso en el marco del dólar soja impulsado por el exministro de Economía, Sergio Massa. En ese momento, el BCRA dictó la normativa para obligar a los productores a que vendieran la soja para que se financien con el grano y no recurran a los créditos para ese fin. Se puso un recargo que en la práctica, dicen en el sector, provocó un encarecimiento efectivo en torno del 20%.

Massa en su momento pidió al BCRA el fin de la medida, pero igual se continuó con la excusa de que el Central adoptaba sus decisiones con total autonomía. Llegado Milei al poder, a fin de diciembre último, contra las expectativas de los productores, la resolución fue prorrogada hasta el 30 del actual.

“Cabe recordar que la normativa actual impone a los productores que disponen más de 5% del stock de la última cosecha de soja un interés 20 puntos superior a la tasa establecida, lo cual resulta un castigo más a quienes producen, crean empleo genuino, desarrollan el interior y generan divisas en la Argentina”, apuntó la Mesa de Enlace.

“Es inadmisible que se continúe aplicando una medida copiada del kirchnerismo que sólo conlleva discriminación y hasta ignorancia. El gobierno debiera saber que los productores agropecuarios no utilizan sus granos de manera especulativa, simplemente guardan parte de su producción como reaseguro, ahorro y hasta forma de pago. Ante ello, esperamos y apostamos por un gobierno que brinde menos intervenciones y una concreta apertura económica, pero estos hechos son una muestra clara de la mano del Estado que no deja de lado viejas recetas del pasado que entorpecen y generan incertidumbre en los productores”, agregó.

Como han señalado los productores en diversas oportunidades, la resolución no solo afecta a productores que almacenan más de ese 5% de soja; también a tamberos y de otras actividades que tienen el grano para luego destinarlo para alimentación animal. Incluso afectó a cooperativas de productores.

“Se trata de un gravamen que va a contramano con la desregulación y la liberación económica pregonada por la actual administración nacional y en ese sentido, los productores agropecuarios de la Argentina esperaban ansiosos la derogación de dicha medida, pero ante la fecha límite al menos aguardan que no se renueve”, apuntaron las entidades del campo.

Según la Mesa de Enlace, el gobierno nacional “está ante una inmensa oportunidad de subsanar un grave error que resulta arbitrario y desconocedor de las costumbres y operatorias del mundo agropecuario como lo es acopiar parte de su producción para hacer frente a las obligaciones y futuras campañas”.

“Esta medida significa un mayor costo financiero y atenta contra el crecimiento del sector. El campo necesita gestos y en este caso la no continuidad de la norma sería un aliciente, que deberá ratificarse con la quita total de las retenciones -siempre dentro de un esquema razonable- y la eliminación de los impuestos País y al cheque”, añadió.

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