Contraataque: fuerte descargo de un empresario apuntado por Vicentin de estar detrás de un plan para quedarse con la cerealera

SANTA FE.- Crece la incertidumbre en torno al futuro del grupo agroexportador Vicentin, quien días atrás solicitó ingresar en un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), tras lo cual abrió el retiro voluntario a empleados y anunció que cobrará el almuerzo y las donaciones a sus trabajadores. Ahora, como también se informó, la justicia de Reconquista aceptó que la cerealera se constituya como querellante en la causa que se tramita para resolver el concurso de acreedores, por lo que podrá intervenir en el proceso como acusador privado, cumpliendo con lo establecido en los artículos 93 y 94 del Código Procesal Penal (CPP).

Según explicó el juez Santiago Banegas en declaraciones radiales, dicha presentación se realizó en el marco de una investigación por supuestas maniobras delictivas –serían estafa procesal y extorsión- para impedir de manera ilegal el acuerdo concursal entre la agroindustria del norte santafesino y sus acreedores.

“En este caso en particular hubo oposición de los denunciados a la constitución de querellantes. En lo único que consiste el trámite, lo único que yo he resuelto aquí, es aceptar la participación como querellantes de los denunciantes, nada más”, añadió a su explicación.

En el mismo ámbito se mencionó que la presentación de Vicentin apunta a la firma Commodities y a su titular, Mariano Grassi. En un escrito divulgado ayer, Grassi fustiga que lo denuncien por estafa y extorsión cuando “fue la auditoría forense la que dejó en evidencia que Vicentin omitió contabilizar los pasivos comerciales, fundamentalmente de soja a fijar, por más de 580 millones de dólares, con la consecuente subvaluación de los costos de producción, es decir aumentando las ganancias”.

También recordó que en 2020 la justicia penal congeló todos los activos de Vicentin y de sus accionistas para evitar el presunto vaciamiento de la empresa. Al respecto precisó: “Entre esos activos están las acciones de Renova SA que le quedan a Vicentin (33%), luego de que días antes de declarar su default le vendiera al grupo Viterra el 16,7%, encontrándose en investigación por la justicia penal el destino que se le dio a los fondos de esta venta”.

Grassi remarcó que se “denuncia un plan ‘ilegítimo’ para que el concurso de Vicentin llegue al cramdown, porque no les gusta que los ‘chiquitos’ nos plantemos y ejerzamos nuestra defensa como nunca antes se hizo en Argentina. Desde el primer comunicado del fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin dejamos claro que no ahorraríamos esfuerzos para aportar a una solución superadora para todos los acreedores granarios. Pero ‘el negocio’ de Vicentin siempre fue para unos pocos”.

Y agregó: “También lo comunicamos abiertamente, desde que conocimos el fallo de apertura del cramdown, nos hemos esforzado para interesar a inversores financieros y participantes del comercio mundial de granos, seguros de que la competencia generará una solución más justa. Si Vicentin está convencido de la legalidad de su propuesta abusiva y parcial, que compita en el cramdown y lo gane”, subrayó.

Por último, el escrito de Grassi rememora la acusación, realizada un año atrás por los fiscales Miguel Salvador Ernesto Moreno y Sebastián Rodrigo Narvaja, relativa a exdirectivos de Vicentin y un auditor de la empresa KPMG, “que validó los balances previos a la cesación de pago, a pesar de que los mismos contenían enormes irregularidades por supuestos delitos de estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta”.

Otra instancia más en el largo camino que comenzó a transitar Vicentin a fines de 2019, cuando la agroexportadora que alcanzó los primeros lugares en su rubro se presentó ante la Justicia, en febrero de 2020, anunciando un pasivo de US$1350 millones, de los cuales más de US$300 millones eran créditos otorgados por el Banco Nación.

Entre decenas de instancias que aún no resolvieron la cuestión de fondo, se menciona la de octubre pasado cuando la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió admitir un recurso de inconstitucionalidad solicitado por Commodities SA con el propósito de frenar la homologación del concurso de acreedores de Vicentin. El trámite sigue abierto y el futuro de la empresa aún sigue siendo incierto.

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