“Consecuencias devastadoras”: las razones de cinco gobernadores para rechazar un cambio de Milei para la pesca

Los gobernadores de la Patagonia rechazaron las modificaciones en la regulación de la actividad pesquera que establece la denominada Ley Ómnibus, enviada por el gobierno nacional al Congreso. Según manifestaron en un documento, de llevarse a cabo las reformas planteadas “tendrán consecuencias devastadoras” para la totalidad de la industria, en estas provincias, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica.

En el documento titulado “en defensa de la soberanía, los recursos y la industria pesquera de las provincias patagónicas”, los gobernadores de las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, sostienen que “las modificaciones en materia de regulación que impone la propuesta legislativa realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, conocida como Ley Ómnibus, obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberanía de nuestro país”.

“Los tres ejes principales que consideramos afectan gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera al abrir el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros son: modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos”, mencionaron.

“Vemos con preocupación la derogación del Artículo 25 del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922, que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino, es decir, miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística para que después las plantas procesen los productos. Con su derogación, nuestros recursos se podrían descargar fuera de nuestro país, lo que afectaría considerablemente la industria nacional en términos laborales y económicos”, dijeron como primer punto objetado.

Entre los aspectos cuestionados está la competencia desigual en la asignación de cupos de captura. “El segundo aspecto tiene que ver con el Artículo 27 también del Régimen de Pesca, que sufriría una modificación, ya que con anterioridad, para acceder a los distintos cupos de especies, se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos. Hoy, la modificación indica que nada de todo esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, una competencia absolutamente desigual”, relataron.

Por otra parte, hicieron hincapié en la “eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”. “El artículo 40° de la misma Ley, establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia. A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, que no está alcanzado por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, punto que afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”, argumentaron.

Sumado esto, indicaron que resulta preocupante que la reforma pretendida sobre el art. 9 de la Ley federal de pesca, provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras por cuanto la modificación remueve atribuciones del Consejo Federal Pequero para que sean ejercidas de forma exclusiva por parte del funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional. “De tal manera, las decisiones en materia pesquera dejan de ser determinadas de manera democrática y se cercena la voluntad de las provincias que delegaron facultades en el Consejo Federal Pesquero al momento de adherir a la Ley Federal de Pesca”, señalaron.

“Sostenemos la importancia de apoyar nuestra industria pesquera que otorga valor agregado a las exportaciones, generando de esta manera empleo local, dinamización de la economía y constantes inversiones en mejorar la eficiencia y calidad. En tal sentido, observamos que las medidas anteriormente señaladas aunadas a la suba de retenciones generarán un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero. Advertimos, que paradójicamente, y en un todo con la Curva de Laffer, el incremento de los derechos de exportaciones tendrá como resultado una menor recaudación por parte del Estado Nacional como consecuencia de la imposibilidad de exportarse determinados productos por resultar antieconómicos”, indicaron.

Por último, dijeron: “Por todo lo expuesto, rechazamos las modificaciones impuestas y consideramos que es momento de defender la soberanía, los recursos que son de nuestra región y de igual forma los empleos para trabajadores argentinos, dado que en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, habrá consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las provincias Patagónicas, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica”.

El documento lo firmaron Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego; Rolando Figueroa, gobernador del Neuquén; Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz; Alberto Weretilneck, gobernador de Rio Negro e Ignacio Torres, gobernador del Chubut.

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