Habían pasado 24 horas desde que el presidente Alberto Fernández, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la senadora Anabel Fernández Sagasti, y el economista Gabriel Delgado, quien en ese momento fue presentado como el interventor, ahora veedor, anunció la decisión de intervenir y expropiar Vicentin, cuando las ciudades de Avellaneda y Reconquista, Santa Fe, la primera donde nació la cerealera, salieron a las calles a manifestarse en contra de la medida.
Aquella noticia no solo tomó trascendencia política y económica, sino también social. Entidades relacionadas al agro salieron a manifestar "su preocupación por el atropello a la propiedad privada" a través de comunicados, mientras que en la ciudad de Avellaneda, sede central de Vicentin, la información apenas se podía digerir.
Para una ciudad de 30.000 habitantes cuyos empleos y negocios giran entorno a la exportadora, que el Gobierno se metiera con la empresa que se fundó hace más de 90 años era como meterse con su identidad. Sienten a Vicentin con un alto grado de pertenencia y eso los motivó a defenderla en las calles cuando se enteraron que los interventores habían llegado a la ciudad a tomar posesión de la empresa, avalados por el DNU 522/2020 del Poder Ejecutivo.
Ese bocinazo y los subsiguientes fueron el inicio de un reclamo que hoy derivó en una convocatoria nacional del banderazo.
En los días posteriores al anuncio del Presidente y a que se presenciaran los primeros bocinazos, incluso a nivel país, los empleados de Vicentin también montaron "la carpa del aguante" afuera de la sede central de la cerealera, que fue apoyada por los vecinos quienes se acercaban, según contaron algunos de los presentes, a hacer guardia con ellos cada vez que podían.
Hoy, con una nueva celebración por Día de la Bandera, en más de 80 lugares del interior se están llevando adelante manifestaciones con un banderazo convocado a través de redes sociales y grupos de WhatsApp. En algunos pueblos y localidades decidieron izar el estandarte desde muy temprano y, a lo largo de la tarde, se espera que en distintas ciudades de las provincias se expresen contra la expropiación de Vicentin.
Las principales movilizaciones son en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, San Juan, La Pampa y Tucumán.
Según Javier Rotondo, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), la motivación del banderazo nacional trasciende la relación del campo con el gobierno y se ha convertido en una movilización social para salvaguardar los derechos de la propiedad privada. "Hay un factor determinante y principal; luego del proyecto de expropiación posible, se generó una respuesta propia de quienes viven una especie de déjà vu de un gobierno pasado que tomó medidas muy pocas democráticas", indicó.
"Esta reacción no es solo del sector productivo y no es el salvataje; nos dimos cuenta ayer que está funcionando la Justicia. Somos republicanos y creemos en la propiedad privada, en la acción de competencia. Esto de la soberanía alimentaria (uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno en el anuncio de la intervención) nos hace acordarnos del dogma de un país en default que está negociando la deuda y justo se viene a dar la expropiación de una empresa privada relacionada a la exportación", señaló.
Para Rotondo, la gente se manifiesta porque cree que está en peligro de estado de derecho y la afectación de la propiedad privada. "En pos de la soberanía alimentaria van sobre una empresa ligada a los granos. A futuro, en pos de la comunicación pueden expropiar un medio de comunicación; se tiene que entender la división de poderes. Eso es lo que motiva a la sociedad", subrayó.
En tanto, para Roberto Palomo, vicepresidente de Apronor, la manifestación resalta la necesidad de poner un límite de parte de la sociedad al Estado, de señalar hasta dónde pueden llegar para defender la propiedad privada. "Cuando hacemos el secundario te enseñan la división de gobierno y poderes. Te enseñan muy claro lo que es público y privado, donde la propiedad privada es inviolable y se respeta", aseveró.
Según el dirigente, el argumento del Gobierno sobre la soberanía alimentaria no es válido, ya que nunca estuvo en riesgo. "Más allá de lo de Vicentin, la gente hoy sale en defensa de la Constitución Nacional y que el Poder Ejecutivo no pase por encima de la Justicia", cerró.
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