Los imputaron por protestar, los sobreseyeron y ahora la Justicia culpa a un intendente por abuso de autoridad

Luego de que más de 70 productores de Coronel Suárez quedaran imputados en una causa judicial por haber participado de la marcha del 17A contra la reforma judicial, supuestamente violando el aislamiento social obligatorio por el coronavirus, la jueza de Bahía Blanca María Gabriela Marrón los sobreseyó. En cambio, le formó una causa aparte, por presunto abuso de autoridad, al intendente de la ciudad, Ricardo Moccero (Frente de Todos), y a la policía que hizo el relevamiento de los datos personales de todos los asistentes al acto.

Según indica el fallo "la actividad desplegada por la autoridad policial, además de no haber sido consultada con la fiscalía es arbitraria y contraria a las normas constitucionales". Destaca que no solo la policía actuó por cuenta propia o a instancia de una autoridad no judicial, sino que se invocó a fin de intimar a las personas emplazadas, bajo el nombre de la jueza y el Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca sin que haya existido una consulta previa, notificación u orden impartida formal o informal.

"Se imputó por motu proprio no solo el delito previsto en el artículo 205 del Código Penal, sino el 239 por resistencia a la autoridad sin tener razón alguna para determinar tales calificaciones", apuntó la magistrada en el fallo.

Señaló que, además de desprenderse de lo actuado en un delito de acción pública impuesto por parte de las autoridades policiales y de la autoridad comunal, y conforme a lo peticionado por el fiscal federal, Santiago Ulpiano Martínez, "se forma causa por separado a los señores Joaquín Martín Otero, comisario inspector; Juan Oscar Díaz, subcomisario y al intendente municipal Ricardo Moccero por haber actuado por motu proprio sin haber consultado previamente a la fiscalía en turno o al Juzgado Federal". La decisión se dio a conocer a través de un fallo que fue enviado a los productores en el que indica el sobreseimiento de la causa.

LA NACION se contactó con el intendente Moccero y dijo que "no hay una causa penal" y de haberla no tendría sentido porque la policía actuó de oficio. "No pueden hacer ninguna causa sin constancia ni argumentos. Esto es una cuestión política. Casualmente, el sobreseimiento cae solo sobre 70 productores agropecuarios", apuntó. Deslizó que por ser productores se les dio otro tipo de tratamiento.

"La policía de la provincia que depende de Sergio Berni actuó correctamente y bajo la ley. Hizo lo mismo con 289 personas que no cumplieron con el DNU 297/2020, donde se prohibían las juntas de más de 10 personas. La policía lo que hace en ese momento es notificarles con el DNU", sostuvo. Según apuntó, "por el ilícito se produjeron 30 personas (con Covid-19). Hicieron peligrar la situación de la ciudad".

"Cuando se comete un ilícito se los notifica que cometieron un ilícito. No se detiene a nadie y se le informa al fiscal de turno a través de un mail, tengo copia de eso. En la notificación dice que ellos no fueron informados, pero no es así. Se les dio constancia, yo las tengo", respondió sobre parte de la lectura del fallo.

Luego de recibir esta notificación, las autoridades municipales decidieron abrir los ingresos a la ciudad y disminuir el control policial. Según contestó el intendente Moccero, esta medida fue tomada para hacer las "cuadrículas como corresponde " ante la cantidad de policías que están contagiados de coronavirus. "Esto no tiene nada que ver con la decisión de la jueza", negó.

Los productores implicados en la causa habían participado de un acto cívico y una marcha contra la reforma judicial en una rotonda de Coronel Suárez, y tres días después fueron notificados para declarar ante la fiscalía de ese municipio por, supuestamente, violar el aislamiento social y obligatorio que regía en el país en ese momento.

"Sentí una enorme satisfacción por el fallo y la Justicia que tantas veces nos cuesta encontrar demostró que está para defender un derecho constitucional como la libertad de expresión y el ejercicio de peticionar ante las autoridades", dijo María Garrós, que estaba imputada en la causa.

"Es reconfortante saber que no estamos solos y desamparados, sino que hay Justicia, al menos en este hecho. Fue una actitud patoteril y sin fundamentos del intendente tratando de hacer una jugada política", añadió Sebastián Reser, otra de las personas sobreseídas.

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