PARANÁ.- Luego de dos días de tensión en torno del campo Casa Nueva, de la familia Etchevehere en Santa Elena, Entre Ríos, y una vigilia de productores, se espera para hoy una definición del juez Raúl Flores que está interviniendo en la denuncia de la usurpación que hizo el exministro de Agricultura de la Nación Luis Miguel Etchevehere.
El magistrado es subrogante y no se descarta que el asunto final lo deje al titular del juzgado, Walter Carballo, para cuando retome su actividad en los próximos días.
En este contexto, siguieron los cruces entre ambos sectores enfrentados. En la estancia, los que apoyan la postura de Dolores Etchevehere y acompañan a Juan Grabois denunciaron amenazas de quienes respaldan al exministro.
En tanto, en el Juzgado de La Paz, a 50 kilómetros del campo, los que denunciaron hostigamientos fueron los abogados del sector familiar que integra el exfuncionario. En rigor, en un escrito el abogado Rubén Pagliotto, que representa a Etchevehere, sus hermanos y la madre, dejó sentado el clima de malestar que se vivió en la audiencia de anteayer. "En un momento, por ser tal el desorden y la larvada violencia, debieron instalarse entre el pasillo y la puerta de acceso a la fiscalía personal policial y, aun así, nunca pudo restablecerse el orden ni la mesura, incluso los propios fiscales eran agredidos, sobre todo por las personas que invocaban -aunque sin jamás exhibir una credencial- pertenecer a organismos del gobierno nacional, entre ellos, el Ministerio de Justicia de la Nación, el Inadi, entre otros", dijo.
Su escrito judicial tenía por función resumir las documentaciones notariales y de acuerdos que, según el abogado de parte, les permite a los Etchevehere decir que Dolores es "usurpadora y que ya no es propietaria de las acciones que heredó de su padre".
La otra parte, con Grabois apoyando y el abogado Facundo Taboada actuando como representante legal en Entre Ríos, argumentó diciendo que en la sede judicial donde se encuentra el sucesorio de Luis Félix Etchevehere hay una documentación que indica, según la parte, que "no hay partición de la herencia, y por lo tanto Dolores Etchevehere es tan dueña como sus hermanos de una cuarta parte del acervo hereditario".
Vale recordar que la instancia judicial se abrió porque Pagliotto, abogado de la familia Etchevehere, hizo una denuncia por usurpación y pidió el inmediato desalojo. Pagliotto quiere que ya se disponga el desalojo y se mostró molesto incluso por tener que esperar hasta hoy mañana.
Grabois y Taboada, por su parte, esperan que la Justicia entienda que Dolores es tan dueña del campo como sus hermanos y madre, y que se cumpla la voluntad de desarrollar sobre ese campo el denominado Proyecto Artigas, que es "de producción agraria sin uso de glifosato ni quema de pastizales", según le dijo Grabois a LA NACION, en una comunicación en la que anticipó que del medio centenar de personas que lo acompaña un grupo quedará apostado permanentemente en el campo, sosteniendo el proyecto y viviendo en casas que se disponen a construir.
En tanto, en un comunicado la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó "su alarma ante las usurpaciones surgidas" y manifestó que (como se informa aparte) "repudia el apoyo indebido o la presencia no justificada de funcionarios del gobierno nacional en las tomas ilegales de tierras, propiedades y edificios públicos, que están proliferando a lo largo y ancho del país",
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