“Camino de destrucción”: sigue el enojo de las pymes de biodiésel con el Gobierno
Pese a una promesa de aumento del corte, en el sector remarcan que no pueden competir con las grandes industrias de la actividad
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Aunque el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la comisión de plenarios en la Cámara de Diputados donde se debate el proyecto de ley ómnibus dijo que el corte obligatorio se aumenta de 7% a 10% en biodiésel, para llegar al 15% en el 2026, se mantiene el rechazo de las pymes del sector, representadas por la Cámara de Empresas pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb).
En diálogo con LA NACION, Federico Martelli, director ejecutivo de la cámara, remarcó que la redacción de la enmienda es “confusa”, pero que, de acuerdo a lo que se desprende de la nueva propuesta, “la mitad del corte sería para las grandes y la mitad para las pymes, con lo que resignan 2,5 puntos del 7,5% que hoy tienen”.
“Aun así seguimos oponiéndonos porque no podemos competir en el corte con quienes hoy nos venden la materia prima -agregó-. Las aceiteras nos van a sacar de la cancha, no nos van a vender el aceite, nos lo van a vender a precios exorbitantes y no vamos a poder cumplir. Entonces nos calificarán, a mediano plazo, de poco competitivas. Esta nueva propuesta es iniciar el camino de destrucción de las pymes”.
El ejecutivo también calificó de “inaceptable” la respuesta de Chirillo a la diputada nacional por Santa Fe, Florencia Carignano, cuando le consultó sobre el destino de las pymes del biodiésel de Santa Fe: “A veces cerrarán pymes y abrirán pymes (...) Mi función es cuidar el kw”.
Desde Cepreb insistieron en que la ley 27.640 de biocombustibles está vigente hasta 2030 y permite una “articulación virtuosa entre la cadena de valor agroindustrial y de los combustibles”, genera 2000 puestos de trabajo directos y 8000 indirectos y 25 de las 28 pymes están en el interior del país. “El único motivo por el cual se la quiere romper es para concentrar el negocio en siete empresas grandes, casi todas multinacionales, en detrimento de 28 pymes que van a la quiebra. No lo vamos a aceptar. Por el federalismo, por el trabajo y por la producción”, plantearon en redes desde la cámara.
Las pymes subrayaron que, “bajo ningún punto de vista”, pueden competir con las grandes compañías integradas en el mercado interno destinado a cubrir el corte obligatorio. Repasaron que la ley 26.093 de 2006 que dio origen a este sector de los biocombustibles y la que le siguió, la 27.640, las “obligó” a construir plantas pequeñas de hasta 50.000 toneladas con la consecuente pérdida de competitividad por escala y a radicarse en localidades del interior del país para promover el federalismo y el desarrollo regional, “lo que incrementa los costos logísticos y operativos. Esto representa una pérdida de competitividad por distancia”.
Propuesta
Cepreb sostuvo que, si lo que se pretende es permitir la participación de las empresas integradas, esa decisión debe ser “asegurando que las no integradas de biodiésel (pymes y regionales) puedan continuar operando”. Para eso se debería contemplar el segmento de corte obligatorio con “cupo y precio regulado”, manteniendo una mezcla que “no debe ser inferior al 10%” sobre el volumen total de demanda interna del gasoil. “Sólo podrá ser disminuido cuando existan razones técnicas debidamente justificadas, y por el plazo que subsistan”, añadieron.
Ese segmento de corte obligatorio debe “continuar siendo abastecido por las mismas elaboradoras que no son compañías integradas (aceiteras) y no se dedican a la exportación del aceite de soja y biodiesel” y se debe sostener el deber de asignación de cupos.
El otro es el segmento de corte obligatorio con “libre competencia y precio” por el porcentaje de mezcla que supere al obligatorio y “en donde podrán participar todas las elaboradoras de biodiésel que se encuentren habilitadas, el cual funcionará a través de sistema de licitaciones, bajo la metodología de libre competencia”, señaló Cepreb.
Reunión con Kicillof
En este contexto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves una reunión con miembros de Cepreb para abordar el impacto de la ley ómnibus en el sector.
Según se informó, fue junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; y el vicepresidente primero de Centrales de la Costa Atlántica S.A., Dego Rozengard. Estuvieron el vocal de Cepreb Carlos Paredes; el revisor de cuentas de la entidad, Daniel Mónaco, y los representantes Juan Manuel Ritacco, Marcelo Michelini, César Cárdenas y María Camila Barbagelata.
“La ley ómnibus tendría consecuencias absolutamente negativas sobre toda la industria bonaerense de biodiésel, cuya particularidad es que está integrada por pymes que generan cerca de 800 puestos de empleo directo en el interior de la provincia”, sostuvo el ministro Javier Rodríguez. Añadió: “Este proyecto del gobierno nacional viene a destruir una idea fundamental para el desarrollo bonaerense como es la promoción de la industria y el agregado de valor”.
Para el gobierno bonaerense, “la política que impulsa el gobierno nacional impactaría sobre 11 plantas bonaerenses productoras de biodiesel que están distribuidas en ciudades como Bahía Blanca, Junín, Saladillo, Daireaux, Ramallo y Pilar”.
Por Gabriela Origlia
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