Cambio climático: entidades rurales del Mercosur destacaron sus políticas para mitigar los fenómenos extremos

Mientras se lleva adelante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP29) en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado (FARM) destacó la relevancia de la agricultura en las acciones climáticas globales, especialmente en el cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) en el marco del Acuerdo de París.

“La agricultura es uno de los sectores más afectados por el cambio climático y, al mismo tiempo, esencial para la solución de los desafíos vinculados al clima, a través de prácticas de mitigación y adaptación en nuestras cadenas productivas”, dijeron.

En un comunicado conjunto, los integrantes de la FARM pusieron especial énfasis en que los países miembros están implementando políticas agropecuarias sostenibles, tales como las normativas Forestales Nacionales y Planes de Agricultura de Baja Emisión de Carbono, entre otros.

A modo de ejemplo, detallaron que están en marcha el Plan ABC+ (Brasil), el Programa de Triple impacto para la producción agropecuaria y forestal (Argentina), la Estrategia Nacional de Agricultura Sostenible y Resiliente (Chile), el Programa de Producción Sostenible de Alimentos con Bajas Emisiones (Uruguay), el Programa Nacional de Agricultura Sostenible frente al Cambio Climático (Bolivia) y el Programa Nacional de Adaptación y Mitigación Agropecuaria (Paraguay), “que se centran en la baja emisión de carbono y en el desarrollo de prácticas productivas resilientes”.

Para la COP 29 en Azerbaiyán, los líderes rurales miembros de FARM recomendaron a sus gobiernos que en las negociaciones se marquen algunos lineamientos respecto de los compromisos internacionales y lucha contra las Medidas Climáticas que Impactan el Comercio (TRCM) que “son esenciales para evitar políticas unilaterales, como el Pacto Verde Europeo y sus legislaciones (EUDR y CBAM), que no consideran las legislaciones ambientales de los países en desarrollo”.

Vale recordar que los integrantes de la FARM son la Asociación Rural del Paraguay (ARP); la Asociación Rural del Uruguay (ARU); la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA); la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol); la Confederación Agropecuaria Nacional de Bolivia (Confeagro); la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan); la Federación Rural-Uruguay (FR); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); la Sociedad Nacional de Agricultura-Chile (SNA); la Sociedad Rural Argentina (SRA) y; la Sociedad Rural Brasileña (SRB).

“El Pacto Verde Europeo y sus legislaciones (EUDR y CBAM), que no consideran las legislaciones ambientales de los países en desarrollo son medidas que imponen barreras comerciales al condicionar el acceso a los mercados a estándares ambientales arbitrarios, incrementando los costos, impactando negativamente, en particular a los pequeños productores, que son la gran mayoría, dificultando que dichos productores puedan tomar medidas que mitiguen el cambio climático y además elevando los precios de los alimentos”, remarcaron.

“La Declaración Ministerial del G20 en 2024 destaca la necesidad de políticas basadas en la ciencia, que respeten la diversidad de los ecosistemas y promuevan un comercio justo y sostenible. Estas barreras deben ser eliminadas y reemplazadas por compromisos consensuados, colaborativos de producción agropecuaria sostenible en los foros internacionales adecuados”, agregaron.

Para la COP29, la FARM apoyóo “la creación del portal en línea, previsto para centralizar las políticas y estrategias de agricultura y seguridad alimentaria”, y sugirió que “los países miembros presenten proyectos y planes de agricultura de baja emisión de carbono como política sectorial a ser incorporados en esta iniciativa: el objetivo es fortalecer la posición en las negociaciones”.

Por otro lado, destacaron como otro punto central la importancia de la implementación del financiamiento climático, que enfatiza una nueva meta colectiva y cuantificada (NCQG) y que deberá apoyar de manera efectiva las NDC de los países en desarrollo. “Que los gobiernos defiendan la diversificación de las fuentes de financiamiento, como inversiones privadas y bancos multilaterales, además de garantizar que los países desarrollados cumplan con sus obligaciones financieras en la lucha contra el cambio climático”, recomendó.

En relación con la implementación del mercado de carbono, indicó que a través de las Transferencias Internacionales de Resultados de Mitigación (ITMOs) del artículo 6.2 del Acuerdo de París, “se ve como una oportunidad estratégica para que los países miembros negocien créditos de carbono generados por la actividad agropecuaria y la bioenergía, contribuyendo al desarrollo sostenible, así transfiriendo recursos a los productores locales”. Además, apoyó la implementación del artículo 6.4, que permite la “comercialización de créditos de carbono en el mercado internacional, siendo esencial la operativización de este mecanismo para fortalecer las metas climáticas globales”.

En cuanto a medidas de adaptación al cambio climático, para la FARM es otro tema fundamental, “ya que comprende la necesidad de fortalecer la resiliencia de los sistemas productivos, especialmente en la agricultura, donde prácticas como los sistemas integrados y la restauración de la vegetación nativa ya forman parte de las estrategias del bloque para enfrentar los desafíos climáticos”.

Asimismo, en el escrito, la organización recomendó que los gobiernos incluyan estas prácticas en las discusiones de la Meta Global de Adaptación, fortaleciendo las acciones climáticas en el sector agrícola. Incluso, reforzó el apoyo en el fomento de informes detallados, con datos consistentes sobre la reducción de emisiones y la captura de carbono adaptados a las condiciones tropicales, para reflejar de manera precisa la contribución de la producción agropecuaria del bloque.

Propuso también que “los gobiernos consideren implementar medidas de apoyo para mejorar la gestión del riego y fomentar inversiones en infraestructura de acumulación y drenaje”. “Estas acciones permitirían optimizar el uso del agua, recurso clave para la agricultura, especialmente en zonas propensas a sequías o con variabilidad climática. Otra herramienta de relevancia para la gestión de riesgos, son los seguros agropecuarios (transferencia de riesgos), que en parte contribuyen a estabilizar ingresos ante la ocurrencia de eventos extremos.

“Instamos a la aplicación de las nuevas tecnologías disponibles para lograr los productos accesibles y a valores competitivos para los productores. Finalmente, la COP29 será crucial para delinear el camino hacia la COP30, que se celebrará en Brasil”, afirmaron.

Por último, remarcaron que “las negociaciones en Bakú deberán centrarse en la nueva meta de financiamiento, en el avance de las acciones climáticas en la agricultura, a través del Grupo de Sharm El-Sheikh y en la consolidación del mercado de carbono”.

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