Pelea con Kicillof: una entidad impulsa a los productores a una batalla judicial por la suba de un impuesto en Buenos Aires
En una asamblea en Salliqueló se propuso que, de manera individual, se realicen presentaciones para frenar el aumento del inmobiliario rural
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El malestar por el aumento del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires -con casos hasta el 500%, por encima del 200% esperado- gana cada vez más intensidad en el sector agropecuario. Este descontento provocó las primeras asambleas de productores, como la realizada la semana pasada en Salto, y, de hecho, esta noche una que se hizo en Salliqueló. En rigor, en el encuentro en esta última localidad se resolvió convocar a los productores para que, de manera individual, vayan a la Justicia con amparos en contra del incremento impositivo del gobernador Axel Kicillof. Para ello, esa entidad pondrá a disposición de los productores un formato para la presentación judicial.
“El desmedido aumento del inmobiliario rural, la implementación de una 5° cuota del mismo más las actualizaciones de tasas municipales ponen en jaque la capacidad contributiva de la producción”, alertó la Asociación Rural de Salliqueló.
Según informaron a este medio, en la asamblea, que contó con la presencia de unas 80 personas, entre ellas autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), se exigió al gobierno provincial “volver atrás con los excesivos aumentos de la base imponible” [para el impuesto]. Además, se pidió que no se aplique una quinta cuota que sobre fin de año podría aplicar el gobierno provincial y se reclamó el fin del impuesto inmobiliario rural complementario, que suma partidas.
Las fuentes consultadas indicaron que, para los productores que quieran, se pondrá a disposición un modelo de amparo para recurrir a la Justicia. En tanto, a Carbap le solicitaron reclamar “firmemente” para evitar una quinta cuota y que haga saber el malestar porque se eliminaron descuentos por pago electrónico y buen contribuyente que significan rebajas de 10 a 15% en la boleta. La semana pasada, Agustín Arechavala, productor y abogado de San Vicente, presentó la primera demanda judicial contra la suba impositiva.
Posición
En diálogo con LA NACION, Ignacio Irigoyen, presidente de la Rural de Salliqueló, explicó que esta convocatoria siguió el camino marcado por las rurales del norte bonaerense, que recientemente realizaron una asamblea en Salto para oponerse a la suba del impuesto inmobiliario rural, que alcanzó hasta el 500% en algunos casos, según denunciaron.
“Queremos mostrar el descontento y no quedarnos callados ante el aumento de la presión impositiva hacia el sector”, señaló y agregó: “Buscamos reclamar que se vuelva hacia atrás en los excesivos aumentos de la base imponible, rechazar la quinta cuota del impuesto inmobiliario o, en su defecto, la eliminación del impuesto inmobiliario complementario”.
“Es inconcebible porque nunca terminan de satisfacerse con lo que pueden extraerle al productor agropecuario. Lo ven como un bolsillo inagotable del que pueden seguir sacando sin consideración. Sin embargo, la realidad no es así. Venimos de tres años de sequía, durante los cuales los productores apenas pueden alcanzar a cubrir los márgenes brutos y pagar los costos. Y, encima, se suman todas estas cuestiones impositivas”, dijo Irigoyen.
Para el dirigente, también existe una discriminación a nivel local, además de la suba impositiva provincial, con los aumentos de tasas del Concejo Deliberante, que superaron el 100% desde la primera cuota de este año. Irigoyen explicó que también hay un fuerte descontento por parte de los productores porque el gobierno municipal busca que el monto de la tasa vial tenga una actualización automática.
En la zona también hay malestar por las guías de traslado de hacienda y la situación de la red vial. “Comenzamos con la cosecha de girasol hace tres semanas y los camiones se nos encajaban; estaban en pésimas condiciones siendo que para el arreglo de los caminos hay cuatro tributos: el impuesto inmobiliario y el complementario, las patentes, red vial y la guía de traslado”, dijo.
Según graficaron a este medio, en el caso del camino Salliqueló-Leubuco, que conecta a tres escuelas rurales, varias familias y una industria que da trabajo a 100 familias, hace más de treinta años que espera un proyecto de asfaltado que, “hace un tiempo el costo del mismo era igual al de siete legisladores durante un año”. Agregaron que otro caso es el de la ruta provincial 85 cuyo estado es “deplorable”.
En el enojo en este lugar va en línea con el reclamo de numerosas entidades y asociaciones de productores. Hoy la Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresó en un comunicado su rechazo hacia la creación de impuestos o tasas por parte de algunas comunas en diversas provincias.
Según las palabras de las entidades, “pareciera que el único fin que los moviliza es el de recaudar más y no de mejorar los servicios que brindan y por los cuales se pagan importantes sumas”. En este sentido, remarcaron que estas medidas se estarían implementando sin considerar una racionalización del gasto público ni una mejora en la prestación de servicios.
Como se mencionó, el lunes pasado en Salto más de 100 productores se reunieron para analizar la situación creada por el incremento del impuesto inmobiliario rural y propusieron no pagar la primera cuota hasta tanto se revierta todo a un tope del 200%. Acordaron exigir al gobierno bonaerense una revisión del monto y la eliminación del impuesto inmobiliario rural complementario, además de limitar el incremento del inmobiliario urbano y las patentes.
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