Biocombustibles. Aprender del pasado para ganar el futuro
PARA LA NACIONCarlos Magariños
En mayo de 2021 vence el régimen promocional vigente para los biocombustibles, establecido por ley en 2006, con la finalidad de proteger el ambiente, promoviendo exportaciones, agregando valor a las commodities agropecuarias, y desarrollando las economías regionales, principalmente de caña de azúcar.
El objetivo buscado se alcanzó y la Argentina es hoy uno de los principales exportadores mundiales del rubro, conquistando los mercados europeo y norteamericano.
Las reacciones proteccionistas no se hicieron esperar y las exportaciones argentinas resultaron penalizadas en los mercados externos. Los productores nacionales se vieron obligados a buscar nuevas alternativas para colocar sus productos y a explorar nuevas estrategias de negocios.
El corte mandatorio de naftas y gasoil con etanol y biodiesel, en la Argentina, sirvió a propósitos ecológicos, al tiempo que apuntalaba la actividad y creaba demanda doméstica, en momentos en que la dinámica expansiva del mercado global de combustibles hacía viable esa alternativa. Los valores actuales de corte de biocombustibles en el mercado local son similares a los máximos valores internacionales.
Tras 15 años de vigencia, se presenta la oportunidad de evaluar los resultados alcanzados por el esquema adoptado y analizar el camino a seguir. La producción nacional de biocombustibles quedó organizada en dos segmentos bien diferenciados, integrados, por un lado, por corporaciones empresarias de escala global y, por el otro, por un grupo de pequeñas y medianas empresas con presencia en las economías regionales de nuestro país.
Podría esperarse que, después de aprovechar los beneficios impositivos y comerciales otorgados por la ley, durante una década y media, la industria ya debería estar en condiciones de competir sin mayores subsidios.
Aun cuando la lógica regulatoria responda a prioridades ambientales más que económicas, no parece oportuno seguir cargando a consumidores y contribuyentes con el costo de apoyar el desarrollo de empresas que, por su tamaño y trayectoria, ya deberían haber amortizado largamente sus inversiones, alcanzando la masa crítica necesaria para actuar en un mercado competitivo.
Para los pequeños y medianos productores afincados en las economías regionales seguramente es difícil prosperar en una industria de estas características (no hay antecedentes de pymes exitosas en este sector en otras latitudes). Son ellos los que registran problemas de calidad, eficiencia y logística.
Diferenciar estos dos grupos de productores de biocombustibles resultará clave para debatir el futuro de la legislación que promueve los biocombustibles en el contexto que plantea la pandemia SARS-CoV-2.
La economía global se contraerá alrededor de 6% en 2020, con impactos diferentes en Asia, Europa o América. El comercio internacional podría contraerse entre 12% y 32% y las horas trabajadas disminuirán un 10,5%, equivalente a 300 millones de puestos de trabajo full time. El efecto combinado de estos eventos significará que 420 millones de personas caigan en la pobreza y que se duplique la cantidad de gente que padecerá hambre, hasta alcanzar los 260 millones. Es un retroceso de varias décadas en la lucha contra la pobreza.
En ese marco, será importante que nuestro país equilibre las oportunidades de recuperar el dinamismo de todos sus sectores productivos sin cargar sobre las espaldas de alguno en particular las soluciones que necesitan otros. No es posible tratar de compensar con el mercado doméstico, sobre la base de cupos y subsidios, la pérdida de mercados externos de los biocombustibles.
Una regulación que mantenga el foco ambiental sin generar sobrecostos a la economía, diferenciando entre grandes productores, pymes y economía regionales, permitiría enfocar el esfuerzo fiscal donde es mas necesario, ganar divisas de exportación y potenciar inversiones.
El autor es CEO de la Cámara Argentina de la Energía (CADE) y exembajador en Brasil
Por Carlos Magariños
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