Un trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba destaca que eso llevaría a “reducir las importaciones de combustible fósil, lo que implica un ahorro en la salida de divisas”
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CÓRDOBA.- El oficialismo trabaja a contrarreloj para presentar una nueva ley de biocombustibles mientras los legisladores de las provincias productoras de etanol y biodiésel insisten en que se debe prorrogar la que vence el 12 de mayo. Después del fracaso de la sesión convocada por la oposición para tratar el tema, el borrador que circuló y que se adjudicó a Máximo Kirchner se “desinfló” y el diputado santafecino Marcos Cleri está a cargo del nuevo texto. En tanto, un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba destaca que hay que incrementar los cortes en las naftas con más biocombustibles.
Los legisladores de las provincias que integran la Liga de Productoras de Biocombustibles están atentos a lo que ocurrirá con las exportaciones de carne, donde el Gobierno anunció un registro para “monitorear” las ventas al exterior. “Sería un punto más de conflicto entre la región centro y el Ejecutivo”, dijo a LA NACION un diputado que participa activamente de las negociaciones.
Si no se llegara con un proyecto de ley, en el Congreso se plantea la posibilidad de un decreto presidencial que prorrogue la norma vigente por un “tiempo más corto” mientras se termina de resolver la legislación.
Un trabajo de un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), liderado por Inés del Valle Asís, subraya que el porcentaje de corte de las naftas con biocombustibles debe aumentar: “No solo llevaría a reducir las importaciones de combustible fósil, lo que implica un ahorro en la salida de divisas; sino a desarrollar un mercado de subproductos para el agregado de valor de toda la cadena”.
En esa línea menciona que, en el caso de la producción de biodiésel en base a soja, se obtiene la glicerina que puede ser utilizada en la industria alimenticia, cosmética, farmacéutica entre otros usos. Del etanol en base a maíz se obtienen, entre otros productos, granos de destilería de maíz desecados (DDG) utilizados en alimentación animal.
“El desarrollo de la industria de los subproductos implica el análisis y la ayuda a un grupo importante de pymes que tienen mayores dificultades para refinar y transportar los subproductos, que servirían como insumos a distintas industrias, y que de esa manera no se terminen desechando”, señala el documento al que accedió LA NACION.
También plantea que, desde la sanción de la ley en 2006 hasta el presente, uno de los puntos menos respetados es el establecimiento “en tiempo y forma de los precios y del corte”. En el caso del precio, enfatiza que la dilación generó “importantes pérdidas” para las productoras ya que no cubrían el principal costo: la materia prima.
Cortes
Para Asís, la nueva ley tiene que establecer un organismo independiente y autárquico que establezca el precio y lo actualice, “respetando una rentabilidad razonable”. Entiende que la alternativa de que sea fijado por un organismo dependiente del Ejecutivo, podría provocar demoras. “Establecer, después, indemnizaciones a favor de las empresas tampoco resuelve el problema, ya que las demoras podrían provocar el cierre de algunas firmas”, agrega.
El informe de los economistas cita estudios del INTA que mencionan que el uso de biocombustibles generaría 74% menos de emisión de gases efecto invernadero: “Esto, sumado a que empresas del sector cuentan con una huella de carbono más beneficiosa que la de los combustibles fósiles y su posición neta en el balance de carbono, resulta positivo también (retienen más carbono de lo que emiten)”.
El informe repasa que el continuo incremento de las ventas al mercado interno de biocombustibles paliaron la reducción de las exportaciones. El 2010 fue un año bisagra ya que se incrementó considerablemente la utilización porque entró en vigencia del cupo B5 (mezcla de un 5% de biodiesel con el 95% de gasoil), que cambió ese mismo año a B7. Hoy se usa un 10% de biodiésel en el gasoil y 12% de etanol de caña de azúcar y de maíz en la nafta.
“Cuando, el cupo estaba fijado en un 10%, el corte real (u operativo) era menor, debido a las dificultades tanto en las grandes firmas -que perdían con el precio interno que era menor al precio del aceite de soja, su principal insumo-, como en las chicas -si bien tenían un precio interno mayor, no podían absorber los altos costos fijos. Por ello, desde la intervención del Gobierno en el 2012, no fue rentable vender biodiésel al precio del cupo interno, en especial con la estructura de las empresas grandes”, dice el texto.
La situación comenzó a modificarse en diciembre de 2015, cuando se redujo la diferencia entre el precio externo del biodiésel (neto de retenciones) y su precio interno, pero en 2018 hay una caída de la producción de poco más de 15% debido a, por un lado, el no cumplimiento de la actualización de los precios internos en función de la fórmula establecida y, por otro lado, a las dificultades para conseguir nuevos destinos en el frente externo. “La reducción del cupo en 2020, sumado a la crisis, lleva a que la venta interna caiga”, indica el estudio.
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